Desde 2013 sólo hay 2 anticonceptivos de tercera generación financiados. Su precio oscila entre 10 y 30 euros al mes y son necesarios para tratar muchas enfermedades y problemas.

Por todos es conocido que el precio de los medicamentos es prohibitivo y que es cuestión de suerte estar sano o, si se ha de enfermar, que ese medicamento esté financiado por el Estado. De no ser así el precio es inasumible para muchas familias, máxime en la situación actual, lo que obliga a no tratar la enfermedad o hacerlo por otros métodos.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de los anticonceptivos. Ya en 2013, hace apenas un año, el Gobierno eliminó de los fármacos financiados a 8 de los 10 anticonceptivos de tercera generación, pasando ahora miles de mujeres a asumir la totalidad del coste de las píldoras.

Y es que estos métodos (ya sean píldoras, anillos u otros) no se utilizan sólo para evitar el embarazo sino que además tienen fines farmacológicos: así, es el método más usual para combatir los dolores y problemas asociados al síndrome del ovario poliquístico (SOP) un trastorno que afecta a una cifra comprendida entre el 5% y el 10% de todas las mujeres y cuyas consecuencias afectan considerablemente a éstas.

Los anticonceptivos también se recetan a mujeres con fuertes dolores de regla, diarreas, vómitos, mareos… y un sinfín de problemas asociados a la menstruación. Pero los financiados no cubren las necesidades farmacológicas de las mujeres que sufren trastornos y problemas relacionados con la menstruación y cuya solución, como se ha comentado, es la utilización de métodos anticonceptivos.

Así, otro de los métodos más usados, el popularmente conocido como anillo, no está en ningún caso cubierto por la Seguridad Social. El anillo es, al igual que la píldora, usado para muchos trastornos.

El precio de estos métodos oscila entre 10 y 30 euros al mes; una cifra inalcanzable para las más de 300.000 jóvenes en el paro, o las miles de estudiantes cuyas familias ya realizan un esfuerzo titánico para pagar sus estudios.

Además de los problemas de salud e incomodidades que acarrea no poder acceder al medicamento debemos hacer hincapié en otro elemento: los fuertes dolores y consecuencias por estos trastornos pueden obligar a las mujeres jóvenes a no poder acudir a su puesto de trabajo, perdiendo días de salario e incluso jugándose el puesto; impide también a las jóvenes estudiantes rendir en sus estudios, no poder acudir a clases o exámenes…

Estamos probablemente ante uno de los casos más paradigmáticos de la privatización de la sanidad y los fármacos. Probablemente los anticonceptivos sean el medicamento donde se han retirado más productos de los financiados por la Seguridad Social y la transcendencia de ello ha sido mínima. Y es que, desgraciadamente, la falta de una organización de clase para las mujeres hace que la respuesta nazca desde las organizaciones burguesas donde hablan de la libertad de la mujer en abstracto; pues para ellas es indiferente tener que pagar 10, 20 ó 30 euros al mes por un medicamento, ya que pueden asumirlo sin problema.

En definitiva, lejos de un análisis más propio de la burguesía sobre el control de la sexualidad femenina nos encontramos aquí con un fuerte ataque a las mujeres obreras y de extracción popular obligándoles a pagar una medicina básica que supone además jugosos beneficios para las empresas farmacéuticas (no olvidemos que sólo el SOP afecta a un 5%-10% de las mujeres) y beneficios indirectos para toda la burguesía, al suponer otro elemento más que puede influir en las bajas y despidos de las trabajadoras.

Ana Escauriaza