La juventud de extracción obrera y popular en España ha sido uno de los grupos en edad de trabajar peor afectados por la crisis capitalista. A lo largo del primer año de la crisis, 2008, España fue uno de los países de la Unión Europea en los que más bruscamente aumentaba la tasa de paro juvenil, cerrándose el año con un porcentaje del 37%. Se trataba de mano de obra flexible, muy fácil de despedir para el empresario en una primera fase de la crisis.

 

Esta juventud fue una las mayores víctimas de las contrarreformas laborales con las que los Partidos en el Gobierno vendrían a “traer soluciones”, soluciones que, en modo alguno, serían neutrales o por un “bien común”, sino que vendrían a posibilitar a la clase capitalista remontar su tasa de ganancia a través de una mayor explotación de la mano de obra.

El desempleo juvenil se situaba en el 36% a finales de 2011, y el 60% de los despedidos de ese año fueron jóvenes. En este contexto llega la contrarreforma laboral del PP de 2012, que modifica los ya existentes “Contratos para la Formación y Aprendizaje” para “facilitar al empresario la contratación de mano de obra joven, a la vez que se ofrece a los jóvenes la posibilidad de formarse”.

El nuevo contrato de formación ofrece una serie de ventajas nada desdeñables para que el empresario contrate mano de obra joven barata, y que ninguna empresa, ni grande ni pequeña, pasa por alto a la hora de estructurar su plantilla. No tienen que pagar ningún tipo de indemnización si despiden al joven al acabar el contrato; y además, las empresas medianas y pequeñas no pagan cotizaciones a la Seguridad Social por el trabajador, y las de más de 250 trabajadores solo tienen que pagar el 25% de la cotización.

Este contrato puede aplicarse a jóvenes entre 16 y 25 años (hasta 30 años antes de que la tasa de paro juvenil sea menor del 15%) que no posean la cualificación necesaria para desempeñar el mismo puesto de trabajo con un contrato de prácticas (otro tipo de contratación totalmente denigrante para la juventud, pero no que tenemos espacio para analizar aquí).

El contrato dura un año y es renovable un máximo de dos veces; es decir, los jóvenes podemos estar bajo estas condiciones de explotación hasta 3 años en la misma empresa, y volver a empezar el ciclo en otra. Nos vendieron el cuento de que este contrato ayudaría a la creación de empleo indefinido juvenil, pero al empresario le sale mucho más barato despedir al joven trabajador en formación cuando se acaba su contrato y contratar a un nuevo trabajador con esta modalidad, que hacer al primero indefinido.

Los jóvenes con este contrato trabajan, durante el primer año, 30 horas a la semana, y 34 el segundo y tercer año, cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional, tienen dificultades para asistir a los cursos de formación según los turnos en los que trabajan, y encima tienen que aguantar al supervisor, encargado, o responsable de Recursos Humanos de turno, persiguiéndoles para que vayan a la formación (y a la empresa no se le caiga el pelo en una inspección laboral).

Acerca de esa formación, que el trabajador recibe a cambio de tales condiciones, la empresa puede contratarla en cualquier centro de formación, sin grandes exigencias de recursos, profesorado, ni la obligatoriedad de que el curso sea presencial. Los trabajadores ni siquiera están obligados a aprobar el curso, y las propias inspecciones de trabajo hacen la vista gorda con la obligatoriedad de asistir a estos cursos. Es un secreto a voces que el contrato de formación no sirve para la formación de la juventud, sino para un aumento, hasta lo preocupante, de su situación de explotación.

A mediados de 2015, el número de jóvenes con este tipo de contratación había crecido un 300% respecto al periodo anterior a la Reforma Laboral de 2012. Y los datos nos informan de la efectividad de las supuestas intenciones de la reforma: a finales de 2015, el desempleo juvenil en España alcanzaba el mismo nivel que en 2008, la tasa de temporalidad de los jóvenes era del 55,08%, y sólo un 2% de los jóvenes con este contrato se convirtieron en indefinidos tras la extinción del mismo. No nos engañemos, este nuevo tipo de contratación no pretendía solucionar la vida a ningún joven trabajador. Muy al contrario, todavía empaña más las perspectivas de futuro, de estabilidad y emancipación de la juventud; y hace, por tanto, más necesaria que nunca su organización en defensa de sus derechos.

Marina Lapuente

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