En el período comprendido entre 2009 y 2013 (último ejercicio presupuestario liquidado), que abarca los tres últimos años de gobierno del PSOE y los dos primeros del todavía presente Ejecutivo del PP, la inversión pública educativa en el Estado español se redujo en 8 920,4 millones de euros: la enseñanza pública perdió un 17,8% frente a un marginal 4,2% de la privada concertada (la privada había incrementado su financiación pública en cerca de un 60% entre 2003 y 2009); los recortes alcanzaron un 53,5% en formación ocupacional o un 25,5% en educación compensatoria; se han perdido aproximadamente 30 000 puestos de trabajo en enseñanza pública no universitaria, elevado hasta un 20% las ratios máximas de alumnos/aula, intensificado la carga docente del profesorado a la vez que recortaban salarios; o se han recortado en un 15% las becas de estudio.
En este contexto devastador para el esencial servicio público de la educación, el debate durante la apertura del presente curso escolar en el País Valencià (como ya había ocurrido o está ocurriendo en otros territorios) se ha limitado a la implantación o no de la llamada jornada continua en Educación Infantil y Primaria (las horas lectivas se compactan entre las 9 y las 14 horas). Se trata de una vieja reivindicación del profesorado a la que la Orden 25/2016 de la Conselleria de Educación (Compromís) da ahora luz verde, como concesión a un colectivo profesional que forma parte importante de su base electoral y ante los retrocesos del gobierno “a la valenciana” (PSOE-Compromís con apoyo parlamentario de Podemos), frente a las reivindicaciones de la privada concertada, su flagrante incapacidad para enfrentar ni uno solo de los recortes educativos del anterior gobierno del PP y su obediente aplicación en todos sus extremos de una LOMCE que dicen denostar.
El proclamado incremento del rendimiento académico con la jornada continua no tiene base científica. Los estudios son escasos y los que, contrariamente, muestran una correlación entre jornada continua y reducción del rendimiento en términos de calificaciones escolares junto con una elevación del fracaso escolar, no logran establecer una inequívoca relación causa-efecto. Sin embargo, estos resultados (junto con los datos de las curvas de atención y conocimientos procedentes de la neurofisiología del sueño e incluso del área de la nutrición, que favorecerían la opción de la jornada partida), aconsejan introducir el principio de precaución antes de tomar la decisión, difícilmente reversible, de modificar la jornada escolar distribuida en horario de mañana y tarde.
Sea como fuere, las ya famosas tijeras de las pancartas contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública, que lucían en los muros y vallas de nuestros colegios e institutos, finalmente prohibidas en los centros escolares, han sido sustituidas por las del derecho a decidir la jornada continua, que en nada inquieta a las clases dominantes. El oportunismo le ha vuelto a echar arena a los ojos del pueblo trabajador llevando sus luchas a la irrelevancia. El compromiso de las y los trabajadores de la enseñanza con la docencia es innegable, y de la dureza de dicha función hablan los elevadísimos riesgos psicosociales (hasta un 84% de burnout) que sufre este colectivo. Por ello mismo, el profesorado no debe utilizar la reivindicación de la jornada continua para “compensar” el deterioro de sus condiciones laborales eludiendo la obligación de organizarse y luchar por la defensa de una educación pública liberada, de una vez por todas, de la red privada que la parasita. Máxime cuando los colegios privados, que muy mayoritariamente permanecen en la jornada partida, intentarán utilizarla como argumento para captar alumnos y alumnas de la pública.
José Barril
