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Un año más, Amnistía Internacional, ha vuelto a sacar los colores a la careta democrática, que cada vez más hecha jirones, tapa la dictadura del capital que se vive en la monarquía parlamentaria española.

 

Así, la primera parte del informe trata sobre “La libertad de expresión y de reunión”. Este es el punto más desarrollado, y trata las detenciones de políticos y activistas sociales catalanes y su ingreso en prisión preventiva, así como el exilio político de gran parte del Gobierno de la Generalitat, fijando estas cuestiones como contrarias al derecho de reunión y a la libertad de expresión. También se tratan las condenas por “enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas” de Cassandra Vera y los titiriteros, así como las sanciones administrativas aplicadas por la conocida como Ley Mordaza. A este respecto, cabe añadir las condenas y el encarcelamiento de los raperos de La Insurgencia, Pablo Hasel y Valtonyc entre otros, por delitos de la misma naturaleza, aunque los mismos no aparecen en el informe.

 

En el segundo apartado, trata sobre “La tortura y los malos tratos”, y explica el caso de Nekane Txapartegui, así como de la condena a España por la no investigación sistemática de las denuncias por torturas y malos tratos. Para más inri, se expone la suspensión de una Ley impulsada por el Gobierno Vasco sobre el reconocimiento a las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el País Vasco.

 

El tercer apartado, es muy breve y señala “el uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra los manifestantes del día 1-O.

 

El cuarto apartado trata sobre el incumplimiento flagrante de España respecto a su compromiso con los refugiados. Así, España incumplió su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE; al final del año había reubicado a 1.328, 592 de nacionalidad siria

 

El quinto apartado, trata sobre “Seguridad y medidas antiterroristas”, en el cual se trata el caso de Alsasua, en el que tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar, en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018.

 

El sexto apartado, trata sobre “La violencia contra las mujeres”, en el cual recoge los datos del Ministerio de Sanidad por las cuales en 2017 murieron 48 mujeres víctimas de violencia de género (esta estadística sólo recoge los crímenes cometidos por la pareja o expareja, por lo tanto, es sesgada) y la falta de adaptación de la legislación española al Convenio de Estambul.

 

El séptimo apartado, trata sobre “El derecho a la vivienda”, en la que se señala que “Miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado. Hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.”

 

Por último, el octavo apartado, trata sobre “La impunidad de los crímenes del franquismo”,  en el que expresa que “Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando que no era posible investigar los crímenes denunciados debido a la Ley de Amnistía”.

 

En conclusión, el informe refleja una situación que venimos denunciando desde el PCPE de manera reiterada, y especialmente, desde el estallido de la crisis capitalista, y es que, la única receta que conoce la burguesía para aplacar sus crisis, es la destrucción de todas las formalidades democráticas, buscando a su vez, la aceptación social de dicha destrucción, a través de una guerra ideológica en la que invierten ingentes esfuerzos humanos y económicos, detrayéndolos a su vez de las necesidades sociales más básicas de nuestro pueblo.

 

Esta tendencia a la reacción, desnuda a pasos acelerados la carcasa democrática de la que se dotaron los capitalistas tras la llamada transición, y abre paso a un escenario en la que la lucha política se convierte en un delito, y a aquel que desafía el discurso oficial, se convierte en disidente.

Luis Múñoz Gutiérrez