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Según los datos del Ministerio de Trabajo a mayo del presente año, hay más de diecinueve millones de trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social. De estos, dieciséis millones son trabajadores/as por cuenta ajena. Y, según datos de ese mismo Ministerio, a enero de este año, un 53,4% de estos/as trabajadores/as son asalariados de las PYMES (pequeñas y medianas empresas de entre 1 a 249 asalariados/as). Por otro lado, según datos de la OCDE, el 74% de las pymes muere en su primer año de vida y solo el 29% sobrevive al quinto aniversario.

Aunque los economistas burgueses intentan explicar esta alta tasa de mortalidad en la gestión interna de estas empresas, lo cierto es que el factor determinante es la acumulación exponencial de capital propia de la etapa actual que vive el capitalismo. Esta agresiva acumulación de capital es antagónica con la existencia de un amplio parque empresarial. Esta realidad objetiva se enmascara con la alta rotabilidad que existe en las PYMES. Las que mueren son sustituidas por otras nuevas que, a su vez, están abocadas al mismo destino, en su inmensa mayoría, que sus antecesoras, por lo que la cifra constante de estas empresas parece variar muy poco.

Además, hay que tomar en consideración que un 73,8% de las empresas están encuadradas en el sector servicios, sector este con una alta cifra de contratación temporal.

Estos datos son importantes a la hora de entender la terrible precariedad que sufre la clase obrera en el estado español, dado que más de la mitad de estos/as trabajadores/as se encuentran vendiendo su fuerza de trabajo a estas deficitarias PYMES.

Tal y como está diseñado actualmente el tejido empresarial, tanto en el estado español como en los demás países capitalistas, son las grandes empresas las que subcontratan con pequeñas y medianas empresas parte o casi toda su producción, limitándose, en estos casos, a la mera dirección y gestión administrativa. Esto tiene sus consecuencias en la clase obrera. Si las PYMES quieren acceder a ser contratadas por las grandes corporaciones, no les queda más remedio que plegarse a las draconianas condiciones que se les imponen, ajustando al límite el precio de subcontratación, incluso con bajas temerarias, con tal de hacerse con el contrato. Esto tiene su repercusión directa en la tasa de plusvalía que, necesariamente, han de extraer de la fuerza de trabajo que les venden sus trabajadores/as, si quieren sobrevivir.

Esto se traduce en una mayor explotación, aumentando el tiempo de permanencia en el tajo o aumentando el ritmo de producción hasta límites extenuantes para los/as trabajadores/as, o ambas cosas a la vez; de igual modo, disminuyendo todo lo posible el salario, incluso por debajo de convenio. Es significativa la relación que existe entre esta situación de extrema explotación con la siniestralidad laboral. Desde enero a abril de este año, van contabilizados 190.625 accidentes laborales, de los cuales 167 han sido mortales (datos de la Seguridad Social). Una cifra que solo demuestra la crueldad del obsoleto sistema capitalista a la hora de garantizar su apropiación de la plusvalía generada por el trabajo asalariado.

Esta situación se mantiene gracias a que la precariedad laboral, la destrucción de capital en una crisis de la que el capital se ve impotente de remontar ( el tipo de interés indica la tasa de reproducción media del capital y, en los últimos años, su tendencia es negativa o cero, lo cual nos indica que el capital no consigue reproducirse) y la alta mortalidad empresarial, ocasiona un enorme ejército de reserva entre la clase obrera y demás sectores populares, es decir, una altísima tasa de desempleo. Este factor, unido necesariamente a factores ideológicos y culturales, hace que la clase obrera, por el momento no se encuentre en condiciones de desarrollar un amplio movimiento obrero que confronte eficazmente con esta política capitalista, resultando necesaria una constante intervención de los/as comunistas entre las masas trabajadoras para revertir esta situación.

F.J. Ferrer