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Sobre la gestión de las residencias de ancianos.

La actual crisis de salud pública ha dejado a ojos vista las pocas vergüenzas que al capitalismo le quedaban por mostrar, constatando claramente como un hecho que hoy, seguir bajo los criterios de este sistema es un peligro para la salud pública y el bienestar de la mayoría social.

La lógica mercantil, basada en la extracción parasitaria de ganancia en base a cualquier actividad o servicio entre las personas, hace tiempo pasó a ser una relación social caduca y enemiga declarada del desarrollo y el progreso humano. Pero cuando aquellas personas más indefensas son quienes lo pagan con mayor dureza, es cuando somos capaces de ver la crueldad de su naturaleza.

A día 27 de marzo ya son más de 1500 ancianos/as ingresados en residencias los que han fallecido por coronavirus (según cifras oficiales), lo que supone un 37% de las muertes totales en España1. La rápida extensión como la pólvora que se ha producido en numerosos centros a lo largo de todo el estado nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es posible que sabiendo con antelación que las personas mayores son un grupo de alto riesgo, esté ocurriendo esto?

En España los recursos sociales y asistenciales se han caracterizado históricamente por ser deficitarios a las necesidades de la mayoría social. Mientras la OMS aconseja al menos un 5% de cobertura de plazas respecto al total de personas mayores de 65 años, España se sitúa por debajo con un 4,3%, ostentando 381.333 plazas2. De ellas, solo el 27% son en residencias públicas, mientras que el 73% se corresponde con centros de gestión privada: privados y concertados3. Negocio que ya concentra el 25% de las plazas privadas en 10 grandes empresas (Geriatros SAR Quavitae, Clece, Sanitas, Caser, Santa Lucía,...), generando una situación con tendencia al monopolio, como desarrollo natural del capital4.

Este negocio de las residencias privadas y concertadas, no solo gestiona la salud de nuestros mayores al margen del circuito público sanitario, sino que la atención y el cuidado se da bajo condiciones de enorme precariedad a la que someten a los y las trabajadoras. Además de denunciar los problemas generales de incumplimientos de convenio, bajos salarios, horas extra no pagadas, etc., que sufren dichas trabajadoras, hay que resaltar los enormes ratios de residentes para poco personal, saturación de tareas, mayor jornada laboral y ritmos elevados de trabajo que conllevan enromes cargas laborales, y con ello no solo más accidentes laborales y enfermedades profesionales para las trabajadoras (el 87% de la siniestralidad laboral en el sector se da en las residencias privadas5), sino más dificultades para cumplir estrictamente los requisitos y protocolos de prevención en materia de higiene y salud pública. Ello, sumado a la falta de recursos y medidas adecuadas que requieren una mayor inversión hace de las residencias privadas y concertadas un polvorín fuera de control.

La lamentable gestión llevada a cabo por parte de los distintos gerentes en la mayoría de las residencias afectadas, (no comunicando a tiempo los inicios de síntomas de algunos residentes, sin medidas de aislamiento con trabajadores/as con síntomas ni controles de salud a estos, no proporcionando EPIs adecuados, evitando realizar protocolos altamente estrictos de prevención e higiene, etc...) son negligencias de un alto coste humano y social, que han ocasionado la expansión de la enfermedad en un grupo de altísimo riesgo, absolutamente desprotegido.

Es por ello que hasta que no se lleve a cabo la nacionalización de todo el sector sanitario (y sociosanitario), es decir de toda la atención de la salud, no se podrá erradicar el principal escollo que supone la confrontación entre el beneficio económico empresarial y la salud pública, ni podremos gestionar, evaluar y actuar conforme a criterios puramente sanitarios con todos los recursos necesarios para nuestros mayores, como supondría incorporar todos estos servicios al ámbito de la sanidad pública y la propiedad estatal.

Lamentablemente, la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno de coalición socialdemócrata, se está limitando a actuar a posteriori, intentando suplir con la militarización (la respuesta ha sido sacar a la UME para el transporte de enfermos graves y residentes fallecidos) lo que debe realizarse por parte del Ministerio de Sanidad a través de equipos de intervención sanitaria especializados y con antelación al estallido del problema.

La clase obrera, con los y las trabajadoras de la sanidad al frente, deben exigir la nacionalización inmediata de todo el sector sanitario para que acabe de una vez toda esta barbarie descontrolada, exigiendo un incremento de los presupuestos de sanidad pública en detrimento otras partidas innecesarias como el presupuesto militar o la monarquía.

No permitamos jugar ni un minuto más con nuestra salud ni a este gobierno, ni al capital.

Francisco Valverde


1 https://cadenaser.com/ser/2020/03/26/sociedad/1585204942_349816.html
2 IMSERSO, 2015
3 CSIC, 2017
4 https://www.lavanguardia.com/economia/20171211/433560992123/empresas-residencias-privadas-gente-mayor-envejecimiento.html
5 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. https://www.scmst.es/wp-content/uploads/2017/11/Residencias-2016.pdf