Compartir

Según un estudio de la Xarxa Vives d’Universitats, publicado en mayo de 2019, la digitalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje no supera el 5% en nuestras Universidades. El RD 463/2020 de 14 de marzo, que confundió una Emergencia de Salud Pública con un Estado de Alarma, suspendió la actividad educativa presencial de todos los niveles sustituyéndola por modalidades a distancia y “online” para las que ni la Universidad, ni mucho menos el resto de niveles de la enseñanza, estaban preparados.

Literalmente de un viernes al lunes siguiente pasamos a convertirnos, como por arte de magia, en expertos/as docentes no presenciales y el 100% de estudiantes y profesorado disponemos de ordenadores, “internet” de alta velocidad y, por supuesto, no tenemos menores, mayores y/o dependientes a quienes haya que cuidar y atender aún más durante el confinamiento. Es de imaginar que la denominada brecha digital, expresión de las inmorales diferencias sociales generadas por el sistema de explotación, sea menor en la Universidad pero sólo por el hecho de que la selección es previa ya que, según el estudio citado, la clase trabajadora con menos recursos sólo supone el 11% del colectivo estudiantil universitario.

Más allá de la excepcionalidad de la situación, la gestión de la Educación Superior frente a la actual emergencia sanitaria desde todas las instancias, comenzando por el Ministerio de Universidades y reproducida sin aparente atisbo de crítica por toda la cadena de mando hasta las mismas Universidades, se parece más a la de una empresa privada que a la de Administraciones Públicas. Cuando, en su reunión del Miércoles 15 de abril pasado, la Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio de Universidades + Consejerías de Universidad de las CC.AA.) “acuerda que el curso universitario se acabará en los plazos estipulados y con evaluación” no está pensando en las/os estudiantes como sujetos en formación sino como la fuente directa e indirecta de más del 80% de la financiación de las Universidades Públicas que, recordemos, se redujo en más del 20% durante la enésima crisis capitalista.

Incluso en estas circunstancias se podría haber adoptado otro tipo de decisiones que no degradaran por completo la función docente de la Universidad: abrir un paréntesis para identificar necesidades y proporcionar los equipos y medios de conexión necesarios a todos/as los/as estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y de Administración y Servicios (PAS) que no dispusieran de ellos, retrasar el final del curso 2019-2020 para permitir la impartición de las prácticas no sustituibles y la realización de tutorías presenciales cuando ello fuera posible, traslado de la convocatoria de exámenes de junio a septiembre, ajuste del calendario y horarios académicos del curso 2020-2021 en función de la fecha de comienzo,…

La evidencia de que la docencia comprometida con el estudiantado cuando se matricularon, y con el pueblo trabajador que nos sustenta, era fundamentalmente presencial; que las prácticas de laboratorio, de campo, clínicas, son insustituibles; que los procesos de evaluación deben dotarse de las necesarias garantías jurídicas tanto para el profesorado como para estudiantes; que el teletrabajo debe cumplir unos requisitos legales que lo diferencian radicalmente del simple trabajo desde casa; las condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo,…, absolutamente todas las barreras que considerábamos infranqueables, de pronto, han saltado por los aires.

En definitiva, se están modificando sustancialmente las condiciones de trabajo de PDI, PAS, personal de investigación,…, a espaldas de las plantillas y de su representación legal: el Ministerio de Universidades, precisamente uno de los flamantemente ostentados por “Unidas Podemos”, ha vetado explícitamente a las organizaciones sindicales, a las más y a las menos representativas, de cualquier posibilidad de dialogar, mucho menos aún de influir y negociar las medidas de gestión adoptadas en el Sistema Universitario Español durante la presente emergencia sanitaria. El Ministerio de Universidades ha llegado a sentar en la misma mesa a representantes de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), de las Agencias de Evaluación de la Calidad, de la Conferencia de Rectores y hasta del Consejo de Estudiantes Universitarios, excluyendo específicamente a los Sindicatos e incumpliendo flagrantemente el Estatuto Básico del Empleado Público al no convocar la Mesa Sectorial de Universidades con la representación sindical para negociar los profundos cambios en las condiciones laborales que estamos padeciendo. Tampoco en la Universidad se mueve nada sin los y las trabajadoras. Tomamos nota aquí del profundo carácter antiobrero y antisindical del ministro podemita y, por cierto, profesor en una universidad privada y no presencial.

Aunque las medidas impuestas dicen ser excepcionales y limitarse al segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, en reunión celebrada el pasado 2 de abril, la Conferencia General de Política Universitaria afirmaba: “En cierto modo, se ha producido una formación acelerada de la práctica de enseñanza virtual, prefigurando así la futura articulación necesaria entre distintos métodos de aprendizaje conforme la digitalización de nuestro sistema se despliegue plenamente…”.

Lo que en otro tipo de sociedad podría, efectivamente, constituir un avance a favor de la inmensa mayoría social, en el sistema de explotación capitalista y el contexto de mercantilización de la Universidad Pública acelerado por el proceso de Bolonia, corre el serio riesgo de constituir un paso de gigante hacia la llamada “gobernanza” o gestión privatizada de las Universidades Públicas en manos de “expertos” al servicio de la gran empresa y sin participación de la comunidad universitaria (menos aún de la representación sindical); hacia una precarización aún mayor del Profesorado, ya programada en proyectos de Estatuto del PDI preCOVID-19, en base a la devaluación del proceso enseñanza-aprendizaje; hacia la difuminación de las fronteras entre la Universidad Pública y la privada a cuenta de una no presencialidad más instaurada en estas últimas a la caza de nuevos estudiantes/clientes; hacia la desaparición efectiva de las actuales Áreas de Conocimiento, que aseguran la especificidad en las enseñanzas universitarias, en aras al carácter generalista del Grado que machaconamente nos imponen sucesivos decretos de desarrollo del Plan Bolonia... Junto con múltiples actividades docentes que las Universidades nunca reconocieron al PDI, y que desconocemos cómo se van a cuantificar en la docencia no presencial, así como el incremento abusivo de nuestra dedicación docente impuesta por el RD 14/2012, todo lo anterior apunta un posible redimensionamiento de las plantillas que, en el capitalismo, ya sabemos qué significa.

El actual Gobierno, en su afán de maquillarse de progresista, ha publicado tres decretos que, lejos de proteger a la clase trabajadora, como algunos pueden interpretar, a quien protegen es a las empresas. Así el RDL 8/2020 contemplaba la posibilidad de que las Administraciones Públicas se hicieran cargo de los gastos salariales de plantillas externalizadas (limpieza, mantenimiento, jardinería,…), es decir, plantillas contratadas por empresas privadas que se lucran a cuenta de unos servicios esenciales que deberían ser gestionados directamente y prestados por trabajadoras y trabajadores de la plantilla propia, en este caso, de las Universidades Públicas. El objetivo: no sobrecargar a la seguridad social evitando ERTES, la herramienta estrella en esta crisis, que supone una reducción de un 30% del salario de las trabajadoras. Con esta medida, las empresas perdían su parte del pastel, el beneficio empresarial, y entonces el día 27 de marzo se publicó el RDL 10/2020, en el que se permite el permiso retribuido recuperable durante la suspensión de las tareas no esenciales. Es decir, las plantillas no acuden a sus puestos de trabajo pero tendrán que recuperar las horas, para que las empresas recuperen los beneficios perdidos. Ahora sí, ¡todo atado y bien atado!

Todo este proceso ha generado gran incertidumbre en las plantillas afectadas, a menudo amenazadas por ERTES que finalmente, al menos en las Universidades Públicas Valencianas, de momento no se han producido. El aprendizaje fundamental de este proceso debe ser la importancia de tener servicios públicos de calidad y bien dotados. Esto incluye que todo el personal que desempeña su trabajo en una Administración Pública debe ser personal público, para evitar las inaceptables desigualdades laborales y de salud que durante este estado excepcional se han puesto de manifiesto.

Un virus no lo justifica todo. Y no os preocupéis por no “dejarnos atrás” porque el pueblo trabajador se va a poner enfrente, luchando contra los acuerdos antiobreros que ya preparan con su anunciada reedición de los Pactos de la Moncloa.

Chus Cuesta (Secretaria de la Sección Sindical de CCOO-UMH)

José Barril (Delegado de la Sección Sindical de CCOO-UMH)