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La clase obrera y los sectores populares están siendo castigados, al unísono, por dos virus diferentes, el patógeno, con terribles consecuencias inmediatas de muerte para el pueblo y, el más grave, por sus consecuencias a corto y largo plazo, el capitalismo y sus políticas antisociales. Este último es el máximo responsable de que el virus patógeno, que no tiene clase social ni género, se haya extendido y castigue con tanta virulencia al pueblo trabajador. De la forma viral patógena salimos si se implantan medidas sanitarias y sociales adecuadas. Del capitalismo se sale a través de la lucha de clases, lucha antagónica de intereses entre la clase obrera y la burguesía parasitaria.

Instalarse en el acomodo mental y reformista de regreso a un capitalismo de rostro humano, además de ilusorio, es absolutamente falaz. El capitalismo nunca ha tenido rostro humano. Ni en sus orígenes preñado de sangre y violencia, ni en ninguna de sus fases de desarrollo. Basta preguntar a la clase obrera en Asia o en África o entre los millones de pobres de la Unión Europea para saber cuál es el verdadero rostro del capitalismo. La crisis sanitaria también ha puesto al descubierto la naturaleza criminal del sistema.

El capital monopolista, con la inestimable dirección política de los diferentes gobiernos de la socialdemocracia y liberales de derechas o fascistas, ante la agudización de la crisis prolongada del sistema, catalizada ésta por el COVID19, intentarán, una vez más, salir incólumes de la misma. Cargando todo el peso de la supuesta recuperación económica, sobre los hombros de obreras y obreros. El capital y sus gobiernos lo que pretenden no es otra cosa que la recuperación de su tasa de ganancias, a través de una nueva destrucción de fuerzas productivas, que llevará a millones de trabajadores y trabajadoras al paro, dejándoles sin recursos con los que garantizar los niveles necesarios de reproducción y existencia y dinamitando todos los derechos laborales.

Está ya en marcha esa ofensiva, algunos países como Uruguay y Ecuador ya han iniciado reformas que suprimen el derecho de huelga, bajan salarios de empleados públicos y facilitan el despido masivo. Otros como en la India, tienen regiones que han suspendido gran parte del derecho laboral. Así en el estado de Uttar Pradesh, el gobierno regional ha suspendido por tres años todas las leyes de protección, excepto la obligación para el empleador de pagar el salario y la prohibición del trabajo infantil. En Gujarat, la jornada de trabajo pasa de 8 a 12 horas. En otros han suprimido las normas de seguridad laboral, la obligación de informar de accidentes de trabajo o se les exime de cumplir las normas en materia de vacaciones. Todas las medidas que se están implementando, ante la recesión económica anunciada desde los organismos internacionales, van en la misma y única dirección…contra la clase obrera.

Ante esta situación, de máxima confrontación en la lucha de clases, en nuestro País el gobierno socialdemócrata, con apoyo de la derecha moderada y fascista, y el silencio colaborador de los socios de gobierno IU-PCE, ponen en marcha un proceso de militarización de la vida diaria, con la intención de reforzar el sistema represivo del Estado, al tiempo que presentan a militares y policías como los garantes de nuestra salud. No son unidades militares las que necesitamos, sino unidades civiles con dotación suficiente y unos servicios públicos, gratuitos y de calidad. Servicios públicos lejos del lucro y la rapiña de las corporaciones y las empresas, al servicio del pueblo trabajador.

Pero el objetivo usando a la UME en una situación de emergencia sanitaria, con todo su despliegue de medios y mediático, es que el pueblo acepte la represión policial-militar como natural y necesaria. Su salida política se centra hoy en la pretensión de lograr unos segundos pactos de la Moncloa, con los que garantizar una paz social que faciliten un nuevo sometimiento de la clase obrera y los sectores populares.

Necesitamos un urgente plan de rescate social, no un supuesto escudo que acaba en manos de la banca. Necesitamos medidas de largo alcance y no medidas estéticas y limitadas en el tiempo.  Empezando por prohibir los desahucios a familias obreras en situación de paro o en precariedad laboral, ni un solo corte de suministros esenciales, agua y luz, a las familias obreras y trabajadoras, protección económica a personas en dependencia y a sus familias, universalidad y gratuidad de la sanidad y educación, pensiones mínimas de 1.084€, Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€, y subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para personas en situación de paro, aplicación del carácter público para todos los servicios esenciales, la protección de la juventud e infancia, la desmilitarización del Estado, destinando los presupuestos de guerra a gastos sociales. Son solo algunas propuestas de mínimos para proteger a las personas más vulnerables. En estas exigencias de trabajo, derechos y un urgente plan de rescate social nos vamos a manifestar el sábado 23 de mayoi. Es tiempo y es oportuno. La lucha de clases no sabe de confinamientos ni se puede aparcar un momentico hasta que nos venga bien.

Solo el pueblo organizado salva al pueblo. Hoy es una prioridad organizar comités populares y comités para la Unidad Obrera, desde los que la clase obrera defienda sus intereses y organice el contraataque frente a la dictadura del capital. Comités populares y comités para la Unidad Obrera, que hagan de la independencia de clase un baluarte para su defensa, dotados de un programa común que imponga al gobierno de turno la paralización de todas las políticas antiobreras, antisociales y represivas.

La clase obrera y el movimiento popular deben confiar en sus propias fuerzas, en su capacidad de luchar contra el capitalismo hacia la construcción de la sociedad socialista. O caminamos y luchamos para ello o nos espera la barbarie.

Redacción UyL