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El gobierno impulsa a marchas forzadas una nueva reforma de las pensiones. Saltándose los formalismos del diálogo social, y con el 31 de diciembre de 2013 como fecha tope para aprobar la reforma, actualmente somete al trámite parlamentario su propuesta. Estas prisas solo son entendibles en el marco de los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea, yendo el gobierno incluso más allá, dado que hasta ahora la UE no ha exigido expresamente el recorte en las pensiones.

Una negociación estéril.

La reforma se sustenta en dos pilares, ambos para reducir gastos: el factor de revalorización de las pensiones (que las desvincula del IPC) y el factor de sostenibilidad (que supondrá pensiones más bajas a partir de 2019). Según la prensa, el gobierno podría ceder en el segundo, retrasándolo a fechas posteriores a 2019, pero es totalmente intransigente respecto al factor de revalorización.

También parece dispuesto a ceder un poco en cuanto a ingresos, si bien solo se discute sobre la salida del sistema de cotizaciones sociales de algunas partidas (como las pensiones de viudedad y orfandad, que podrían pasar a depender de los presupuestos generales del estado) o sobre aumentar las cotizaciones a los autónomos/as. Nada que pueda perturbar a los grandes capitales, que seguirán disfrutando de un sistema fiscal edificado a su medida.

Un sistema de pensiones insuficiente, de nuevo recortado.

Es imprescindible defender nuestro sistema de pensiones público, pero no olvidemos sus insuficiencias. En comparación con otros países de nuestro entorno, España invierte poco en pensiones públicas (10% del PIB, frente al 12’2% de la eurozona), lo que da como resultado que, por ejemplo, tengamos un 20% de las pensiones contributivas y todas las no contributivas por debajo del umbral de pobreza.

De nuevo, la sacrosanta Constitución de 1978 queda en evidencia. Su artículo 50, que habla de garantizar la suficiencia económica de la tercera edad mediante pensiones, demuestra ser papel mojado, al igual que ocurre con la mayoría de artículos que benefician a las clases populares.

Pensiones privadas: negocio para unos, desprotección y riesgo para el resto.

El gobierno reconoce que sus medidas van a suponer una merma de 33.000 millones de euros para las pensiones públicas en los próximos 9 años, cifra que los sindicatos elevan a 84.000 millones. Un paso más hacia el objetivo de engordar el negocio de las pensiones privadas, en manos de la banca y las aseguradoras.

Obviando el hecho de que millones de hogares obreros tendrán serias dificultades para destinar ahorros a los planes de pensiones, ya que no llegan a fin de mes, debemos tener presente que los planes de pensiones privados no son más que un producto financiero, sin apenas alicientes para el cliente y con grandes ventajas para las entidades financieras, que pueden manejar estos fondos estables. Las propias entidades que las ofertan reconocen que, sin la desgravación fiscal que otorga el gobierno, estos planes desaparecerían. Pero además está el riesgo de poner estos fondos en manos de un sector inestable, que acaba de ser rescatado con fondos públicos; a los problemas de la banca, se suman casos como el de la aseguradora Cahispa, que ha sido solventado sin demasiadas pérdidas para sus clientes por la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros, pero ¿qué pasaría si quebraran simultáneamente varias aseguradoras?

Recordemos que esta reforma viene avalada por un “Comité de expertos”. Como decía un chiste gráfico de El Roto, con un comité de sabios se consigue que las injusticias parezcan matemáticas. “Sabios” como estos vienen pronosticando desde hace décadas la inminente quiebra del sistema público de pensiones y santificando la apuesta por los planes de pensiones privados, porque cada vez hay más personas jubiladas, que ganan demasiado y vivirán más de la cuenta, mientras que cada vez hay menos personas cotizantes. Hay que darles la razón en algo: un sistema que no es capaz de dar trabajo a las personas en edad laboral, ni de asegurar unas mínimas condiciones a la juventud para que pueda tener descendencia si así lo desea, ni de sostener dignamente a su tercera edad es un sistema insostenible; pero ese no es el sistema de pensiones, sino el sistema capitalista en su conjunto.

Un futuro incierto para millones de trabajadores y trabajadoras jubiladas.

Cuidado. Sabemos hasta donde pretende llegar el gobierno del capital en la actual embestida, pero desconocemos lo que nos preparan para el futuro próximo. Algunas pistas sobre este incierto futuro puede dárnoslas el Instituto de Estudios Económicos, “think tank” vinculado a CEOE, que sin pelos en la lengua nos presenta un futuro de trabajo hasta los 70 años como mínimo, con un periodo de cotización no inferior a 40 años para poder percibir el 100% de la pensión pública.

Son insaciables, y vienen a por nuestros derechos. Ya no hay “líneas rojas” que salvaguarden lo elemental del sistema público de protección social: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales, prestaciones por desempleo… están en el punto de mira del capital y sufren ataques continuados e inmisericordes. Lo sabemos, al igual que conocemos lo que tenemos que hacer para pararles los pies. Debemos reforzar la lucha sindical, los sindicatos instrumentos imprescindibles para la defensa de nuestros intereses como clase social, así como otras organizaciones sociales. Pero sobre todo necesitamos reforzar el instrumento que permita dar unidad a las distintas luchas, que aporte a la clase obrera una visión global, que sepa orientar las luchas hacia nuestros objetivos fundamentales como clase social; si queremos poner fin a tanto desmán, si queremos defender nuestros actuales derechos y conquistar un verdadero bienestar para las clases populares, los trabajadores y trabajadoras debemos reforzar al Partido Comunista de los Pueblos de España.

Perles