Al comienzo de la denominada segunda ola de la Covid-19, el Gobierno de España presentó el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” y lo hizo a través de videoconferencia ante los embajadores de los países miembros de la Unión Europea (U.E.), altos directivos de empresas del IBEX-35 y los denominados agentes sociales (es decir, los secretarios generales de los sindicatos estatales mayoritarios). Por lo tanto, el foro ante el que se presentó este plan, consecuencia de la necesidad de aportar a la U.E. un programa que concrete las inversiones que acogerán los 72.000 millones de euros de ayudas directas que el Consejo de Europa concedió a España en julio de este año, es muy clarificador acerca de cuáles han sido, son y serán las prioridades del gobierno socialdemócrata de coalición PSOE-Unidas Podemos en la gestión y la adopción de medidas para atajar las consecuencias derivadas de la pandemia.
Ya desde el inicial estado de alarma decretado en marzo de este año como consecuencia de la situación sanitaria, se pudo comprobar que el gobierno burgués tomaba medidas que en ningún caso perjudicaban a la patronal. Si la situación de los hospitales públicos era, y es, un verdadero problema ante la saturación de sus instalaciones derivada de la pandemia, no hay ninguna duda que la mejor estrategia era poner todos los medios humanos y materiales del sector sanitario privado al servicio de la sanidad pública procediendo a su nacionalización. La propia constitución española en su artículo 128 establece que se puede acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general; es decir, dentro del propio ordenamiento existen mecanismos para intervenir la sanidad privada de forma definitiva, pero lo que se hizo fue establecer que, durante el tiempo en el que por la progresión de la COVID-19 no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios de la sanidad pública adscritos a cada comunidad autónoma, éstas tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo. El vaciamiento de contenido de lo establecido en la constitución de la sacrosanta Transición era, una vez más, más que evidente. Y se perdió la posibilidad cierta de acabar con la sanidad privada y con los jugosos conciertos que el sistema nacional de salud lleva a cabo con centros de titularidad privada y mentalidad mercantil en la consecución de sus objetivos y planes empresariales. Por los datos de los expertos, esta segunda ola se está desarrollando de una forma mucho más rápida que la primera por lo que es más que previsible que veamos situaciones en los hospitales similares a las vividas en el segundo trimestre de este año pero, igual que antes, la socialdemocracia primará los intereses de la patronal y aún existiendo un interés general como es la salud pública del conjunto de los españoles, no se irá más allá de lo que se dictó en marzo, quedando incólume el volumen de negocio que mueve la sanidad privada en España (más de 30.000 millones de euros anuales).
Tanto con el inicial estado de alarma de marzo como con el actual, el gobierno ha dejado claro que quien no va a pagar esta situación es la patronal. Si bien es cierto que a finales de marzo se realizó una paralización de la actividad económica no esencial, no es menos cierto que esta situación duró poco más de dos semanas y a mediados de abril todo el conjunto de los trabajadores tuvieron que retornar a sus puestos de trabajo exponiéndose a elevados riesgos de contagio quienes acudían a sus centros de trabajo en transporte público: no había duda, entre economía y sanidad se primaba la economía, entre beneficios empresariales y salud se primaban los primeros, entre explotación laboral y derechos del conjunto de la clase obrera, ganaba otra vez la primera. En definitiva la necesidad de acumular plusvalía por parte de los empresarios se impone a la salud de quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo y ello a pesar de las ingentes cantidades de dinero público que a esos mismos empresarios ha dedicado el gobierno. Con el nuevo estado de alarma, ni se plantea un paralización de la actividad económica no esencial como se llevó a cabo en marzo aunque fuera, como lo fue, parcial y timorata ante los intereses de la patronal.
A la crisis capitalista iniciada en el año 2008 le ha sobrevenido una crisis sanitaria que con las herramientas actuales el sistema no es capaz de solucionar: el capitalismo no es la solución como no lo ha sido nunca, pero tampoco la socialdemocracia y su postulado de conciliar los intereses del capital y los del trabajo asalariado, ya que esta pretendida armonía de intereses contrapuestos es falsa y siempre, y la historia desde el pasado siglo así lo demuestra, salen vencedores los intereses del capital y de la oligarquía financiera.
No, la solución a la actual crisis sanitaria, a la crisis general del capitalismo en clave de victoria de los intereses de la clase obrera, nunca vendrá de la mano de la conciliación, del pacto social y del reformismo: la solución vendrá de la mano de la unidad y organización del conjunto de la clase obrera, vendrá de la lucha sin cuartel contra los explotadores, vendrá de la lucha continua y organizada en el Partido Comunista, vendrá de la lucha por construir la sociedad socialista.
Coque
