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El pasado 29 de noviembre, el gobierno de la Generalitat Valenciana puso fin, usando toda su fuerza de represión, a Radiotelevisión Valenciana, empresa pública que ejerció sus funciones durante 29 años y que durante su último mes estuvo dirigido exclusivamente por su comité de trabajadores.

El propio cierre de la cadena no debería ser una sorpresa para la clase obrera valenciana, que ya ha sufrido otros numerosos recortes y privatizaciones en otros sectores, como la educación, la sanidad y la investigación, pero sí que le ha sorprendido la forma de hacerlo, y es que el Gobierno de la Generalitat apenas ha tardado un mes en redactar la ley de cierre de la cadena, y apenas 24 horas desde su aprobación en Les Corts para cerrarla por la fuerza, usando un despliegue policial en las delegaciones de las tres provincias y todos los métodos coercitivos legales (incluyendo una denuncia por ocupación ilegal) en frontal oposición al comité de trabajadores de RTVV, que se unieron para intentar frenar el cierre de la cadena y en consonancia con el sentir de la mayoría de valencianos que, si bien admitían mayoritariamente un rechazo a las políticas de manipulación de la cadena de los últimos años, no querían ver un bien público, financiado con sus impuestos, liquidado y probablemente malvendido por el gobierno. Durante el cierre por sorpresa, en la madrugada del 29 de noviembre, se vivieron toda clase de hechos surrealistas, como que la policía se presentó sin ninguna orden judicial (que no consiguió hasta las 12:00 del día siguiente) impidiendo el acceso a sus trabajadores que tuvieron que saltar vallas y entrar por las ventanas, la mencionada denuncia por ocupación ilegal y el propio apagado que se hizo sin ningún criterio técnico, sino simplemente tirando del cable que alimentaba la antena del campus de radiodifusión de Burjassot, liquidando no sólo la emisión de Canal 9, sino también de otras dos cadenas de televisión local que no tenían nada que ver, de antenas de telefonía móvil e incluso del servicio de emergencias 112 que durante un tiempo indefinido quedó desactivado hasta que se trasladó la señal al repetidor de Calicanto, a 20 km de distancia. El apagón por la fuerza muy probablemente también dañó numerosos equipos informáticos y eléctricos que eran de propiedad pública.

Esta sucesión de despropósitos y uso desmesurado de la fuerza no tiene otra explicación que la urgencia de la Generalitat por acallar una empresa de radiodifusión que había escapado totalmente de su control al asumir el comité de trabajadores el diseño de los programas que emitía y que, durante un mes, se dedicó con ahínco a denunciar lo que durante 18 años tuvieron que callarse: manipulaciones políticas, amenazas, enchufismo, desvío de dinero público e incluso casos de abuso sexual. El hecho de que los índices de audiencia de la cadena pasaran de mínimos históricos (llegando al 0% en determinados programas) a máximos históricos, superando en ocasiones a las cadenas nacionales, no hicieron más que aumentar la urgencia del gobierno por cerrarlo lo antes posible. Es la prueba empírica de que el gobierno de la burguesía tiene intereses particulares por encima del de los trabajadores que defenderá aplicando toda su fuerza sin miedo a tener que quitarse su careta democrática.

La clase trabajadora valenciana no debe caer en el error de justificar el cierre de un entidad pública con la excusa del gasto, primero porque es parte de un patrimonio que tiene un potencial de ser un bien de interés cultural único en Valencia y segundo porque el comité de trabajadores de RTVV presentó hace un mes un plan de viabilidad que es más que suficiente para garantizar la continuidad de sus operaciones. La Generalitat ha hecho oídos sordos a este plan simplemente porque ya no puede usar RTVV como su altavoz político y, por lo tanto, no le sirve para sus intereses particulares. La clase trabajadora valenciana no debe, tampoco, caer en el error de colocarse en contra de los trabajadores de RTVV porque durante años participaron en la manipulación mediática de su canal de radiodifusión. La sumisión de sus trabajadores a la manipulación profesional no es más que un reflejo de lo que ocurre en una sociedad con intereses de clase ajenos a los de los trabajadores, y que ocurre en todas las profesiones aunque sus efectos no sean tan visibles para las masas. En RTVV, al igual que en cualquier industria o empresa, sus trabajadores no tienen la libertad de imponer sus criterios profesionales y, quien lo hace, es despedido o apartado de sus funciones. La clase trabajadora debe, sin embargo, aprender de la experiencia de lucha del último mes de RTVV por su comité de trabajadores, que no sólo fue plenamente operativo sino que demostró ser mucho más consecuente con los intereses de la propia clase trabajadora y que pudo, aún con sus limitados recursos, poner en un aprieto al gobierno de la Generalitat, que tuvo que recurrir a todos sus recursos represivos para poner freno a la situación. Sobre todo, la clase trabajadora debe solidarizarse con los 1.600 trabajadores directos (no sólo periodistas, sino técnicos, auxiliares, administrativos, de mantenimiento y limpieza, etc.) que pasan a englobar las filas del ya abultado paro, los 4.000 trabajos indirectos que se estima que van a desaparecer con el cierre del campus de producción y difusión, y el empobrecimiento masivo de la propia ciudad de Burjassot que se queda huérfana de su máximo referente laboral. Cada trabajador en paro no es sólo un drama personal, sino también un daño objetivo a su clase, que en conjunto se empobrece y se ve obligado a competir por trabajados cada vez más precarios. Debe, también, perder la esperanza de que los sucesivos gobiernos gestores del capital vayan a ser sustancialmente diferentes del actual. Incluso si resucitan la cadena dentro de uno o dos años, como ya están prometiendo, e incluso si la nueva RTVV resulta ser más objetiva que la antigua, no podrán representar los intereses de clase que los trabajadores exigen y sus propios criterios profesionales en su totalidad, cosa que sólo es posible mediante un gobierno de trabajadores que, como ya se ha demostrado, es perfectamente capaz de organizarse y valerse por sí mismos, al margen de los gestores del capital.

Edgar Rubio