La crisis también alcanza a la Justicia. Los intereses económicos y políticos tienen mucho que decir en uno de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Aquello de la separación de poderes y la independencia de los jueces se le está haciendo bola a la Administración de Justicia.

El mandato del CGPJ debe durar cinco años, pero han pasado cuatro más y no hay manera de llegar a un acuerdo para la renovación de sus miembros. La tarea se torna, cada día, más complicada. Los jueces de la derecha, contra lo que estipula la ley, han venido bloqueando la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, es decir, a estos jueces no les viene bien obedecer la ley y deciden no cumplirla.

Carlos Lesmes, el actual Presidente del CGPJ que fue designado por José María Aznar , ha amenazado con su dimisión si sus compañeros (los jueces de la derecha) siguen obstaculizando la renovación de los órganos constitucionales, pero la dimisión tampoco acaba de producirse.

La función fundamental del CGPJ es la de designar a los jueces de  los altos tribunales, pero la actuación del PP y la indisciplina de los vocales de la más rancia derecha, jueces que no han renovado su mandato, algunos de ellos, manifiestamente, fachas que se niegan al nombramiento de los nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, además de hacer dejación de la función para la que han sido designados, están colocando a la Administración de Justicia en una situación de parálisis y atasco intolerable que almacena ingentes cantidades de sentencias sin dictar.

No es la primera vez que la actividad de la Administración de Justicia es torpedeada por la injerencia del Partido Popular, que con una mayoría abiertamente conservadora y reaccionaria, se resiste con uñas y dientes a desprenderse de jueces de ideología insolentemente carca.

A los partidos mayoritarios les gusta controlar y mangonear las instituciones, pero lo del PP en el CGPJ se pasa de castaño oscuro.

El sistema constitucional se les tambalea, ellos aprueban las leyes y ellos las desobedecen con toda la desfachatez .

Leyes como la del aborto siguen pendientes del informe que debe emitir del CGPJ que ha incumplido el plazo. Bruselas no deja de presionar a España para que reforme el Consejo General del Poder Judicial y el PP, con la boca pequeña, quiere que los jueces miembros sean elegidos por los propios jueces, cosa que no hizo cuando gobernaba, pero los grandes partidos no quieren renunciar al nombramiento que efectúan las Cortes y el Senado que, proponiendo jueces cercanos a sus intereses, buscan un trato más benévolo por parte de los altos tribunales cuando se presenten, por ejemplo, casos de corrupción, tan frecuentes en este paraíso capitalista. A la sala segunda del Tribunal Supremo van a parar los casos políticos y económicos más peliagudos (los ERE de Andalucía, el caso Bárcenas, etc.), y los jueces que los juzgan son designados por el CGPJ, por eso, en su lógica, es comprensible que PP y PSOE intenten arrimar el ascua a su sardina y en algún desliz, algún político lenguaraz después de compartir cacerías, comilonas y juergas con jueces o magistrados afines, se le escape algún WhatsApp refiriéndose al Presidente de alguna sala del Tribunal Supremo como “uno de los nuestros”.

“Buena es la justicia si no la doblara la malicia”

Telva Mieres