“El Poder en el Estado moderno, es tan sólo un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa”

Esta definición dada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, sitúa claramente el papel que los gobiernos de los estados capitalistas juegan en sus sociedades y solo así, podemos entender cual es el interés que persiguen en su tarea legisladora que, desde luego, no es el interés de la clase obrera.

Naturalmente, en el transcurso de la lucha de clases, hay momentos en los que el proletariado logra arrancar a la burguesía ciertas mejoras y derechos en su beneficio, eso sí, a costa de enconadas luchas, muchas de ellas sangrientas y mortales. Pero estas victorias temporales del proletariado, en el momento en que la lucha reivindicativa de obreras y obreros decae, bien por haberse conseguido lo reclamado, bien por la intervención de los agentes de la burguesía, o por simple cansancio, son inmediatamente atacadas por la clase dominante para anular, en la medida de lo posible, revertir tales logros y hacer prevalecer su interés de clase.

Este ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el aumento de la explotación en todas sus variantes, bajos salarios, ampliación de jornada, incremento del ritmo de producción, o un poco de todas estas, se produce desde todos los frentes que tiene las relaciones laborales.

Por una parte, la patronal ignora sistemáticamente cuantos acuerdos hubieran alcanzado con la clase obrera: Incumplimiento de convenios, imposición de hacer más horas de las legalmente establecidas, incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, pago de salarios por debajo de los fijados por ley, etc. Este es el escenario cotidiano que cualquier trabajador o trabajadora ha sufrido y sufre en su persona y es de sobras conocido por todos.

Pero existe otra forma, muchísimo más sutil, de atacar y recortar derechos, que es la que se da por medio de las medidas y leyes que los gobiernos de turno van sacando una tras otra y que consiguen, con la colaboración de los llamados agentes sociales y bajo una falsa apariencia de beneficio para todos, hacer retroceder las posiciones del proletariado, haciendo avanzar las de la burguesía.

La última reforma laboral, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que se inició bajo la premisa de derogar todas las anteriores reformas y culminó tristemente con una sesión de maquillaje de aquellas, es un claro ejemplo de lo que se puede esperar de un gobierno de un estado capitalista, se llame como se quiera llamar: progresista, liberal o lo que sea. No tocó, en absoluto, todo aquello que beneficia a la patronal, sobre todo despidos fáciles y baratos; limitándose a retocar los contratos de trabajo que, dada la experiencia ya acumulada, no han supuesto ninguna mejora en el empleo, antes lo contrario. Esta norma venía, sobre todo, a satisfacer en parte las demandas que la patronal venía haciendo cuando habla de “flexibilidad del mercado laboral”. Esto es, que necesitan de un mercado de trabajo en el cual la mercancía (la fuerza de trabajo del proletariado) que allí se vende le salga lo más barata posible y, de este modo, poder seguir compensando la tendencia decreciente de su tasa de ganancia.

Al conjunto de estas normas o leyes laborales, hay que añadirles aquellas medidas que el gobierno, siguiendo las indicaciones de su patrón, el capital, necesita para seguir desviando rentas del trabajo a las rentas del capital. El ataque puro y duro contra el Sistema Público de Pensiones que beneficia a bancos y compañías de seguros, privatizando uno de los mayores logros del proletariado; el Pacto de Rentas, que consiste en un acuerdo entre los representantes de los trabajadores -tiemblo cada vez que veo a “estos autoproclamados” representantes de los trabajadores” acudir a negociar con la patronal-  y de los empresarios por el que ambas partes aceptan repartirse el coste de la inflación de forma equitativa, como si la clase obrera fuese responsable en alguna medida de las crisis que provoca el capital, y así, toda una larga lista de medidas, que solo benefician a la patronal y provocan que la clase obrera y demás sectores populares se hundan en pobreza y la miseria.

La conclusión no puede ser otra: Nada bueno, ni siquiera regular, puede la clase obrera esperar de un gobierno del sistema capitalista, aunque se denomine tal gobierno como “el más progresista”.

F.J.Ferrer                          

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