Por el derecho de la mujer trabajadora a decidir sobre su propio cuerpo

Hoy, sigue siendo necesario denunciar   que una de las principales causas de muertes maternas en el mundo  son los abortos inseguros.  El derecho al aborto,  en la mayoría de países, también en el nuestro,  tanto con la ley de supuestos como con la de plazos,  en vez de considerarse un derecho constitutivo de los derechos humanos, central entre los derechos sexuales y reproductivos,  es  un mecanismo  al servicio de las clases dominantes para el  control de la reproducción  a través del  cuerpo de las mujeres.
En el estado español, la legislación en materia de aborto  todavía no ha salido del  Código Penal.  Ahora,    las interferencias religiosas y las presiones de las organizaciones católicas hacen que el gobierno de turno de la oligarquía,  pretenda  reducir   los  supuestos que permitían  el acceso a la interrupción  voluntaria del embarazo.  Este  cambio legislativo con la  reducción  del  ya  limitado derecho al aborto, junto con la profundización  de las  privatizaciones de los servicios sanitarios públicos,  eliminará de facto la posibilidad de acceder a las IVE para las mujeres trabajadoras y de las capas populares,  colocándonos en la senda de abortos inseguros y peligrosos u obligándonos a la maternidad obligatoria.
Prohibir el aborto es parte de las prácticas que  tratan de controlar la sexualidad de las personas, al  considerar   que el ejercicio de esa  sexualidad es únicamente  para la reproducción. Bajo la  orientación de  la moral religiosa, el binomio sexualidad y reproducción, se convierte  en factor clave  al servicio  de las necesidades del capital, tanto para controlar la reproducción de la mano de obra según sus necesidades, como para el sometimiento y disciplinamiento de la clase obrera a través del cuerpo de las mujeres.  Nos convierten  así a las mujeres, especialmente a las trabajadoras,  en mercancías.  Valorables por  nuestra capacidad reproductiva, no podemos no querer   ni  podemos  elegir.  Para quienes no sean  suficientemente disuasorias las medidas punitivas, para  las mujeres que no cuentan con recursos económicos  suficientes  se las  condena  a muerte o a graves secuelas a través de abortos ilegales.
Las principales afectadas por esta forma de violencia estructural, una vez más, seremos  las mujeres trabajadoras, campesinas, inmigrantes y las más pobres en general.
El aborto es un derecho y no un delito. Por una ley de salud sexual y reproductiva que considere la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo y sus maternidades,  que garantice el acceso  seguro y gratuito a la IVE en los  servicios  públicos de salud.


Por el derecho a decidir
Parir es un derecho, no una imposición
Por un aborto libre, seguro y gratuito
No somos aparatos reproductivos al servicio del capital

 

 

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