Las candidaturas “ciudadanas” o del “cambio” producto de la confluencia entre Barcelona en Comú, Podemos o Ganemos Madrid, y la izquierda reformista tradicional, IU o ICV, ahora gestores del Estado capitalista en las grandes ciudades, han abandonado las demandas de remunicipalización de los servicios públicos, el derecho a la vivienda y al trabajo, la ruptura con las grandes corporaciones empresariales y la auditoría y el no pago de la deuda ilegítima, pasados dos años de legislatura.
En su propaganda presumen de ser los ayuntamientos que más deuda han pagado, Madrid 1890 millones, Barcelona ha rebajado la deuda 136 millones en 2015 y no incrementándola en 2016 pero pagando 196 millones de vencimientos e intereses. En el caso de Zaragoza fueron 148 millones.
De no pagar la “ilegítima” se han convertido “campeones” del pago, la reestructuración y auditoría, han quedado olvidadas. Así los prometidos planes de emergencia social siguen a la espera. Como dato en Zaragoza el chabolismo se ha incrementado en un 53% o que, según el mismo Ayuntamiento de Barcelona, los 6 barrios más pobres de la ciudad lo son más en 2016 que un año antes.
La gran propuesta para la cuestión de los desahucios o vivienda ha sido la mediación y negociación con la banca y los grandes propietarios, un absoluto fracaso, en nada han cedido “los buitres”. El pago de la deuda merma recursos para iniciativas ofensivas de vivienda pública, en Zaragoza no se ha construido ni una sola y en Barcelona 150. En Madrid planificadas 4.200, lejos de las 9.000 solicitudes de vivienda de alquiler social.
Los desahucios, tema estrella de los partidos de la “nueva política”, se mantienen en cifras parecidas a las de mayo de 2015: en Madrid en torno a 300 al mes, en Barcelona son 7 diarios y en Zaragoza 396 en 2016. La banca sigue ganando y hasta el momento no se ha tomado ninguna medida ni siquiera en materia de impuestos o sanciones.
El programa del “cambio” referido a la remunicipalización y lucha contra las grandes empresas, simplemente no existe y la limpieza viaria o recogida de basuras, transporte y equipamientos sigue en manos de multinacionales, como FCC, Acciona o CLESE, bien porque se han negado a romper los contratos o bien porque al caducar las concesiones les han renovado o adjudicado a otras empresas y el cambio de contrata en casos vino acompañado de rebajas salariales y de condiciones, como en el caso de los más de 2.000 trabajadores de atención domiciliaria de Barcelona, que hoy trabajan para entre otras la firma de Florentino Pérez. Las demandas de las/los trabajadores de servicios municipales de revertir las privatizaciones y mejorar sus condiciones laborales no han sido atendidas, el caso del metro de Barcelona es emblemático o la persecución a los manteros.
Las excusas o justificaciones van desde la minoría en los plenos, el techo de gasto de Montoro, los límites legales o compromisos previos, límites del sistema ya conocidos cuando platearon su programa. El nuevo reformismo, como el viejo, pretende así inculcar la resignación a la clase obrera y sectores populares, al estatus quo de la democracia burguesa. Hablan de superar “etiquetas y de generar una mayoría popular transversal que gobierna y ofrece un nuevo horizonte que defiende con alegría el bien común”
El bien común vendrá de la organización y la lucha de trabajadores y trabajadoras, paradas, precarios, jóvenes o estudiantes, que entiendan que no se puede resolver el drama de la vivienda sin expropiar a los grandes especuladores, no se puede combatir la precariedad laboral sin romper con las privatizaciones de todos los servicios públicos, subrrogando a todas las plantillas... y todo eso implica medidas que tocan los beneficios y los intereses de la oligarquía.
Tatiana
