Indudablemente, la existencia de los presos políticos saharauis forma parte de la lucha política que este pueblo mantiene por la liberación del Sahara Occidental, actualmente ocupado por Marruecos, y por el derecho a la autodeterminación. En dicho territorio, se deterioran progresivamente las condiciones de vida de hombres, mujeres y niñas y niños saharauis. La juventud sólo conoce el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Su negación a la resignación, sumado al nivel de conciencia y rebeldía de este pueblo, hacen que la represión marroquí recaiga sobre los y las activistas mediante detenciones arbitrarias, secuestro, maltrato, humillaciones, confiscación de todas sus pertenencias personales, periodos prolongados de aislamiento en celdas de castigos, torturas y muertes en cárceles marroquíes. De su sufrimiento tiene una alta cuota de responsabilidad el gobierno español al ceder el territorio a la dictadura marroquí, en vez de realizar el proceso de descolonización del Sahara.

El hartazgo de tantas injusticias les llevó en el 2010 a tomar la iniciativa política de levantar, con la participación de unas 20.000 personas, el campamento de la dignidad de Gdeim Izik, a 12km del Aaiún. Tan sólo un mes después de su creación, fue arrasado por militares y policías marroquíes, quienes lo asaltaron violentamente con cañones de agua, gases lacrimógenos y porras. El resultado fue un saldo de múltiples personas heridas y varias detenciones.

El 19 de julio del 2017, después de sucesivos juicios falsos que comenzaron en diciembre del 2016, el Tribunal de apelación de Salé-Rabat emite una sentencia condenatoria a 23 saharauis. Estas condenan varían entre sí, estipulándose desde cadena perpetua hasta 30, 25 y 20 años de prisión para la mayor parte de las personas condenadas. Asimismo, una minoría fue sancionada con penas menores, teniendo algunos que pedir asilo político. En definitiva, esta acción fue llevada a cabo por un tribunal que carece de competencia al encausar a saharauis en territorio marroquí, en un juicio sin garantías, con falsos testigos y confesiones obtenidas bajo tortura.

Esta es la forma de actuar de los aparatos represivos de la dictadura marroquí, con la connivencia del gobierno español que, junto al bloque imperialista de la Unión Europea y EE.UU, mantienen buenas relaciones políticas, económicas y comerciales, indudablemente les une el interés por los suculentos beneficios que obtienen del expolio y saqueo del Sahara Occidental. Un territorio rico en recursos naturales como el fosfato, el banco pesquero, reservas de petróleo, gas, hierro, cobre y uranio, entre otros. De hechos como este se entiende el manto de silencio e impunidad con que cuenta el gobierno alauita para cometer todo tipo de barbaries.

Eso sí, cuando se trata de atacar a la Venezuela Bolivariana, no escatiman a la hora de pedir libertad para los presos políticos venezolanos. Hasta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hace demagógicamente la siguiente declaración: “El gobierno de España está por la liberación de los presos políticos, en contra de la violencia, a favor del derecho de manifestación y quiere unas elecciones que den la palabra al pueblo. España está a la vanguardia de los Derechos Humanos”. Claro, aquí se refiere a los presos políticos de la derecha venezolana y no a los presos políticos saharauis. Cuando se trata de defender a las oligarquías empresariales y bancarias, la existencia del gobierno bolivariano de Venezuela les supone un estorbo y con el de Marruecos se sienten cómodos. Si al final, se mire por donde se mire siempre es lucha de clase.

El PCPE defiende a ultranza la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis. Partiendo de que la ocupación marroquí es ilegal, de igual forma, todos los procedimientos judiciales y sentencias condenatorias deben considerarse ilegales.

 

Paqui

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