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Editorial Marzo 2018

La burguesía española pretende celebrar con gran demagogia los cuarenta años de la Constitución del 78. Esa Constitución ha sido convertida por el bloque dominante de poder en seña de identidad de lo que ellos consideran “modélica Transición” entre la forma anterior de la dictadura del capital –dictadura franquista- y la forma actual de la misma –monarquía parlamentaria. Una operación trazada, con bastante antelación a la muerte del criminal Francisco Franco, por la clase dominante (capital financiero, grandes monopolios, el Opus, grupos monárquicos, el aparato militar y policial, etc.), contando con la ayuda cómplice de los servicios secretos de las grandes potencias (la CIA de una manera especialmente destacada).

Posteriormente sería la colaboración de la vieja socialdemocracia (especialmente la socialdemocracia alemana) y, también, la valiosa colaboración de las organizaciones obreras que traicionaron sus posiciones de clase (Pactos de la Moncloa), lo que cerraría el círculo que permitió a la burguesía la reconversión “pacífica” de su sistema de dominación hasta una nueva situación de equilibrio.

 La monarquía española, como resultado de esa Transición, se instaló de nuevo en la jefatura del estado cimentada sobre los crímenes del franquismo y la sangre del heroico pueblo trabajador de este país. Esa es la “legitimidad democrática” de la usurpadora monarquía española. Entre otros agravios podemos citar que nunca la familia de los Borbones ha pedido perdón por todos los crímenes cometidos en su nombre y bajo su amparo, las decenas de miles de personas desaparecidas, y la esclavitud de la clase obrera. Ni siquiera ese mínimo gesto de decencia, aunque fuera tan solo parte de una cínica comedia democrática.

En esta misma monarquía parlamentaria, recientemente, el Tribunal Supremo ha avalado la entrega de una medalla policial a la Virgen del Amor. Toda una demostración de los anclajes profundamente reaccionarios de la superestructura ideológica del capitalismo español, donde la Iglesia Católica es parte fundamental del sostenimiento del actual sistema que legitima la explotación de la clase obrera. Junto a ello, este aparato religioso, represivo y opresivo, juega también un papel determinante en el sojuzgamiento de la situación de la mujer en esta sociedad, especialmente de la mujer obrera.

También en el tema de Catalunya la única respuesta del capitalismo español es la represión y la violencia. Juicios, prisión y secuestro de la soberanía popular.

Pareciera que, últimamente, el capitalismo español se desarrollara a golpe de ciclos de cuarenta años. Primero cuarenta años de crímenes de la dictadura franquista, y luego cuarenta años de monarquía usurpadora de la jefatura del estado bajo forma parlamentaria.

Como si de un final de ciclo se tratara, producto de la profunda crisis de acumulación que estalló en 2007, el capitalismo español se encuentra hoy en medio de una vorágine de represión y recorte de todo tipo de libertades, como respuesta desesperada a su incapacidad para contener y/o anular las fuerzas que cuestionan las formas de su actual dominación, y su misma estabilidad como sistema.

La violencia represiva capitalista siempre se explica por un fin último: su necesidad de mantener los consensos sociales que le permitan estabilizar la legitimación del sistema de explotación de la clase obrera. Cualquier contestación social, por nimia que sea, es percibida por los capitalistas como un germen de riesgo para la perpetuación de su parasitario sistema.

Precisamente en estas fechas se cumplen quince años del cierre del diario abertzale Egunkaria por el despótico gobierno de Aznar. Un cierre justificado por el “todo es ETA”, que posteriormente el Tribunal Supremo sentenciaría que nunca ese diario tuvo nada que ver con la organización armada, pero para ese entonces Egunkaria ya estaba cerrado y liquidado, y sus principales dirigentes habían sido torturados brutalmente por los llamados “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Los tribunales españoles silenciaron, de forma cómplice, esas contundentes denuncias de torturas.

En la actualidad la deriva involucionista del capitalismo español se extiende a toda la actividad cultural y de comunicación que tenga un mínimo de disidencia con respecto a los dictados del sistema.

Activistas de redes sociales, raperos, artistas plásticos, sindicalistas, líderes sociales, ……, son objeto de procesos judiciales, terminan en muchas ocasiones con sus huesos en las prisiones y/o pagando multas de mayor o menor cuantía. Hasta por hacer un fotoshop con la cara de un Cristo o por un disfraz de carnavales.

El sistema inventó recientemente eso del “delito de odio”, que sirve para cualquier cosa, y que no es más que una que una nueva forma de legitimación de la violencia de la clase dominante en la lucha de clases actual.

El rapero Valtonyc ha sido condenado a más de tres años de prisión, entre otras cosas, por llamar ladrones a los Borbones. La realidad es que ese no es el mayor delito de la familia que hoy encabeza el expolio de nuestro país y la explotación implacable de la clase obrera. El mayor delito de la familia de los Borbones es haber accedido a la jefatura del Estado asumiendo todos y cada uno de los asesinatos y torturas de la dictadura de Francisco Franco, a cuyo calor se preparó el relevo, y sin que en ningún momento hicieran el más mínimo gesto para desvincularse de tal actuación criminal. No nos deslumbremos con las denuncias menores, vayamos a lo principal.

Hoy el desarrollo de la lucha de clases en España lleva a las fuerzas de la burguesía a tratar de reprimir cualquier expresión de desobediencia de la forma más violenta, siguiendo las enseñanzas del estado policial yanqui y del sionismo. El principio de “la piedra en el cristal”, que establece que la más mínima actuación delictiva debe ser reprimida con la máxima violencia, para así evitar los actos delincuentes de mayor rango ……. Puro Estado policial como respuesta a la lucha política.

La historia del capitalismo está llena de episodios de estas características. Se empieza criminalizando las cosas más triviales, se traza una campaña para anestesiar la conciencia social, y a continuación se lanza la represión más violenta contra quienes se sitúan al frente de las grandes luchas obreras cuestionando el poder de la clase dominante. El objetivo es que se acepte que “si fue a la cárcel es porque algo malo habrá hecho, si estuviera en su casa nada le pasaría”. Es el principio del fascismo, y en España el PP y sus comparsas están en una estrategia de esa orientación. Así decenas de sindicalistas están siendo objeto de procesos judiciales, con condenas de prisión y multas; y el Estado mantiene a los presos de ETA como rehenes.

Cuando se utiliza el dolor de los familiares de una persona desaparecida para que hagan campaña a favor del endurecimiento de la prisión permanente revisable, se está haciendo una auténtica canallada instrumentalizando el dolor ajeno de la forma más miserable. Y eso es lo que hacen el gobierno del PP y los partidos comparsas.

La intervención del PCPE se centra en denunciar toda esta línea política, solidarizarse con quienes son víctimas de estas represiones y hacer una radical defensa de la libertad de expresión y de todos los derechos individuales y colectivos amenazados en España, en su estrategia de lucha por el poder obrero y el socialismo. Este combate es contra la Transición y su Constitución del 78. Lucha de clases.

SE LEVANTA LA LUCHA POR LAS PENSIONES

La jornada convocada el pasado día 22 de febrero marcó el inicio de un proceso de movilización en defensa del sistema público de pensiones, y de unas pensiones dignas y suficientes. La convocatoria hay que calificarla como de importante éxito de las organizaciones convocantes.

Empieza a recuperarse la movilización de masas ante uno de los ataques más graves que ha sufrido la clase obrera en muchos años. La posición dubitativa de CC OO y UGT, que en unos lugares participaron y en otros no, se relaciona directamente con el cuestionamiento que este movimiento está haciendo del Pacto de Toledo. La reivindicación de que las pensiones no sean unas cuentas aparte, y que se integren en los PGE, deja en evidencia a estas dos organizaciones sindicales. En el próximo futuro tendrán que decidir qué posición adoptan en esta cuestión, pues es previsible que la lucha se mantenga en esta línea, y siempre hay tiempo para corregir, aunque no haya sido ésta la práctica de esos sindicatos en estos años.

 Trabajar para ampliar la movilización, sostener una posición reivindicativa firme y establecer estructuras sólidas de coordinación de todo el movimiento son tareas en las que todas las organizaciones del PCPE tienen que trabajar con la mayor intensidad y compromiso.

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