Lo primero que debemos hacer es clarificar el lenguaje: cuando en los discursos oficiales se habla de “externalización” lo que se oculta detrás es “privatización”. Este proceso, al que nos referiremos brevemente a continuación, se remonta a los años 80 del siglo pasado en el que la ideología neoliberal implementó el adelgazamiento del estado y la potenciación del mercado. Y en los países con Sistema Nacional de Salud se le atacó uribundamente a pesar de conocerse que son los más eficientes, no dudando para ello en hacerle morir por asfixia económica y tergiversar una y otra vez los datos que confirmaban que era el sistema más eficiente Y BARATO.
El modelo sanitario español proviene de la Ley General de Sanidad de 1986 que fundamenta el derecho a la atención sanitaria universal, basado en la promoción de la salud y en la prevención. Los ataques a este modelo público y el camino hacia la privatización lo encontramos ya en el gobierno “socialista” de Felipe González, cuando en 1991 Abril Martorell presentó en el Congreso un informe en el que se empezaba a hablar de copagos y se comparaba con otros países europeos proponiendo “dejar entrar entidades privadas en el sistema sanitario público”. La dinámica que se llevó a cabo fue la de quitar camas y reducir personal provocando enormes listas de espera. Después, utilizaban este argumento para decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos, son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España. Repitiendo palabras de Esbrí: "Es una estafa en toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud".
Otra fecha a tener en cuenta es la del 10 de abril de 1997, cuando el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública. Gobernando Aznar en minoría, el texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucedería: "La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de IU. Esta ley, que marcó un antes y después respecto a la calidad de la sanidad en España fue aprobada por el PP, el PSOE, CiU, PNV y CC, con un resultado de 290 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
A esto siguió la reforma constitucional del artículo 135 en el que se supedita la financiación de los servicios públicos al pago de la deuda externa. El mencionado texto de un único artículo reza en su tercer apartado que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad". Redacción a la que también alude Ángeles Maestro cuando indica: "Ojo con eso de «sociosanitarios», porque ya estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero". Si vemos quiénes votaron a favor nos encontramos al PP y al PSOE que están de acuerdo en recortar gastos sociales mientras efectúan una comedia donde el PP parece que quiere privatizarlo todo y el PSOE defiende lo público (el paripé habitual de poli bueno y poli malo).
Podemos citar también los Presupuestos Generales del Estado en 2012, cuando después de empezar a constituirse las mareas blancas se marcaron las menores cifras destinadas a Sanidad, dejándola en 61.702 millones de € cuando se venía de 69.400 millones en 2010. También podemos señalar los datos de 2018, en los que el Estado invirtió 71.145 millones de € de los que un 11'1% se destinaron a gastos de compras en el sector privado a través de conciertos.
Y llegamos a la cínica situación actual, donde mientras se piden aplausos y reconocimiento a la labor desespaerada de sanitarios/as, limpiadores/as y demás personal que -en condiciones las más de las veces lamentables- se han jugado la vida en atendernos y cuidar de la salud al tiempo que se recortan implacablemente sus sueldos, condiciones laborales y contratos. Como muestra un botón: después de señalar que la higiene en los centros es fundamental para evitar la propagación de los contagios se lleva en varios la siguiente práctica perversa (y esto también en los momentos duros del confinamiento) cual es la de realizar contratos de cinco días (sí: de lunes a viernes) para mandar al paro sábados y domingos y volver a contratar por otros cinco días el lunes siguiente. Que nadie se rasgue las vestiduras: es la lógica de lo privado, el sacrosanto BENEFICIO, y entre más se obtenga mejor. Los pacientes pasan a ser clientes, más o menos prescindibles según puedan costear sus gastos o no. VIVA EL MUNDO FELIZ QUE NOS ESTÁN CONSTRUYENDO. Eutanasia y eugenesia son nombres “feos” y nadie los defiende directamente, pero YA SE ESTÁN APLICANDO.
Marcos
