Disponer de un transporte público de calidad, accesible y adecuado a las necesidades del pueblo trabajador no es solo una necesidad, es un derecho que el PCPE reclama con determinación en su programa electoral.

Durante décadas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, las administraciones públicas han gestionado bajo el yugo de los intereses del capital, legislando y decretando medidas a favor de la privatización del transporte público. Las maniobras para llevar a cabo su negocio son principalmente dos: la primera es la del saqueo, que consiste en poner en manos de la empresa privada lo que hasta ahora ha sido público, es decir, a través de los presupuestos públicos se invierte en el fomento de redes de transporte, se dotan de infraestructura y se ponen en marcha. Posteriormente y a través de progresivas maniobras de deterioro del servicio, se justifica la necesidad de buscar soluciones a las carencias y problemas derivados, lo cual pasa por la liberalización de la red y la consecuente entrega de su gestión a manos privadas; la segunda estrategia para la privatización del trasporte es aún más directa y se trata de la concesión, poniendo en manos privadas todo tipo de subvenciones, ayudas y medios para que sean estas quienes desarrollen las estrategias de transporte colectivo que mejor se adapten a sus intereses empresariales. Los consistorios locales y autonómicos presentan su proyecto, reciben las propuestas y conceden el privilegio de gestionarlo a quienes consideren. Un negocio redondo a costa del sufrimiento del pueblo trabajador, que soporta también el deterioro de sus condiciones de vida a través de un transporte caro, lento, inoperante, de mala accesibilidad y que no da respuesta a sus necesidades de movilidad.

En el PCPE no tenemos la menor duda, el trasporte colectivo y los servicios relacionados en ningún caso deben estar en manos privadas, ni en su titularidad ni en su gestión, y es por ello que exigimos la inmediata municipalización del 100% de los servicios urbanos e interurbanos. Sabemos que esta es la única manera de garantizar una red de transporte eficaz y económico, ecológico, que se adapte a las necesidades de todos y de todas, que sirva para dar servicio hasta los centros de trabajo y de estudios y que, a su vez, sirva de nexo entre barrios y pueblos que hasta ahora se han visto marginados por unas más que deficientes líneas de transportes. A su vez, la atención a las personas más vulnerables debe de ser uno de los pilares que sustente el transporte público; Las y los estudiantes, nuestros mayores, las personas en paro o con dificultades económicas, todos aquellos que precisen de un apoyo concreto, deberán gozar de beneficios que les otorguen la posibilidad de disfrutar del transporte colectivo en igualdad de condiciones que cualquier otro usuario.

No olvidamos las conexiones en horarios nocturnos o en fechas especiales. Como decimos, el transporte no debe ser un negocio que busque rentabilidad económica, su objetivo prioritario ha de ser el de ofrecer un servicio amplio, económico y de calidad. El vehículo privado es en muchos lugares la única posibilidad para moverse por la noche, generando graves dificultades a trabajadores y trabajadoras de turnos nocturnos, así como a quienes por las razones que consideren quieran o deban viajar en esas franjas horarias. Muchos accidentes de tráfico se originan en estos trayectos debido al escaso o inexistente servicio. A su vez, en fechas destacadas (periodos vacacionales, festivos, etc.) los servicios de transporte tienden a reducirse o incluso a desaparecer, lo cual favorece la incapacidad de movimiento y el uso masivo de vehículos privados, generando con ello enormes problemas de contaminación y masificación de las vías de tránsito.

Somos conscientes de que con estas medidas las necesidades de utilizar el vehículo privado se reducirán considerablemente, si bien el uso del coche particular, de furgonetas y camiones, seguirá existiendo. Es por ello que la regularización de los horarios de acceso de vehículos, los espacios y condiciones para el aparcamiento y el resto de medidas que minimice el impacto por el tránsito, deberán ser fundamentales en la gestión urbana. Aparcamientos disuasorios gratuitos y con conexión eficaz a las redes de transporte colectivo son una prioridad en este sentido.

Las personas con movilidad reducida y con diversidad funcional han de ocupar un lugar relevante en los planes de adaptación del transporte y de los espacios de tránsito. Ni un solo vehículo e infraestructura de la red de transporte público sin condiciones para que cualquier persona pueda hacer uso de ello, independientemente de su condición física o psíquica. En este sentido no cabe ninguna duda, ese es el único camino. A la par, nuestros barrios, pueblos y ciudades han de ser espacios preparados para la total movilidad de las personas. Jóvenes, adultos, mayores, personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o carritos infantiles, deben poder transitar por los mismos lugares, sin excepción. Es urgente fomentar planes de desarrollo urbano que aborden y resuelvan este problema con absoluta determinación.

Conscientes de todo ello y en este sentido nuestra propuesta es muy concreta: Plan de choque inmediato, con gestión exclusivamente pública y combinado de todas las instituciones –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, CC.AA-, para corregir en el menor plazo posible todas estas situaciones inadmisibles que expresan un profundo clasismo en el diseño urbano de unas ciudades crecientemente segregadas entre zonas privilegiadas con todos los servicios y dotaciones, y barrios sin atención, ni mantenimiento.