En el capitalismo, la vivienda dejó hace tiempo de ser un derecho para convertirse en un negocio. Tener un techo depende del salario, del tipo de contrato y de la capacidad de endeudamiento. Y eso no afecta igual a todo el mundo. Para las mujeres trabajadoras, la situación es especialmente dura: brecha salarial, empleos feminizados y precarios, parcialidad forzada, temporalidad, sobrecarga de cuidados no remunerados. Con menos ingresos y menos estabilidad, la autonomía económica se reduce. Y sin autonomía económica, acceder a una vivienda estable se convierte en una carrera cuesta arriba.
El problema de la vivienda no es neutro. Es una expresión directa de la desigualdad estructural de género.
Cuando una mujer necesita salir de su casa para huir de la violencia machista, la pregunta es inmediata: ¿a dónde va? Los recursos son insuficientes, las ayudas limitadas y las alternativas habitacionales, muchas veces, temporales e inestables. Sin una vivienda segura no hay posibilidad real de reconstruir la vida. La violencia no termina cuando cesa la agresión física o psicológica; continúa cuando el sistema no garantiza un hogar digno y protegido.
La realidad de las personas sin hogar también refleja esta desigualdad, aunque no siempre se vea. No hablamos solo de dormir en la calle. Hablamos de habitaciones realquiladas sin contrato, de convivencias forzadas, de mujeres que encadenan casas de familiares o amistades con sus hijas e hijos, de situaciones inestables que se alargan durante años. Muchas mujeres migrantes, sin documentación o con empleos extremadamente precarios, quedan fuera del mercado formal del alquiler. No siempre aparecen en los recuentos oficiales, pero viven en permanente inseguridad residencial. No es una excepción ni un problema individual: es la consecuencia de un modelo que expulsa a quien no puede sostener los precios del mercado.
La desigualdad también se expresa en cómo se diseñan las ciudades y dónde se construyen las viviendas. Barrios periféricos alejados de servicios básicos, transporte insuficiente, falta de equipamientos públicos, espacios inseguros. La ciudad y la vivienda influyen directamente en la autonomía de las mujeres. Condicionan quién puede participar plenamente en la vida social y quién queda atrapada en el aislamiento y la precariedad.
Incluso los informes de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada reconocen que la desigualdad salarial, la discriminación laboral, las dificultades para acceder al crédito y la escasa protección frente a los desalojos sitúan a las mujeres en una posición de clara desventaja. Pero el reconocimiento formal no cambia la realidad si no va acompañado de garantías jurídicas efectivas y de políticas públicas ambiciosas.
Frente a esta situación, es urgente poner sobre la mesa propuestas claras e inmediatas, dentro del propio capitalismo:
- Implantación de alquileres sociales asequibles y garantizados por ley, con precios que no dependan de la especulación y de los beneficios de los grandes tenedores de vivienda.
- Propiedad Pública de las viviendas vacías en manos de la banca y los fondos de inversión, como mecanismo de recuperación del derecho al techo.
- Protección legal real contra desalojos forzosos y mecanismos que impidan que ninguna mujer o familia pierda su hogar sin alternativas dignas.
- Creación de vivienda pública con perspectiva de género, diseñada pensando en las necesidades específicas de mujeres con cargas de cuidado, mujeres mayores, migrantes o víctimas de violencia.
- Recursos habitacionales seguros y específicos para mujeres sin hogar, que reconozcan la existencia de formas ocultas de exclusión residencial y respondan con políticas inclusivas.
No podemos aceptar que el acceso a la vivienda dependa exclusivamente de la capacidad de pago mientras miles de mujeres viven en la inestabilidad. Sin casa no hay autonomía real. Defender el derecho al techo es defender dignidad, seguridad y libertad. La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía: debe garantizarse como un derecho para todas.
Sonia Iruela
