
Estos días, la expresión de la violencia más descarnada de la dictadura del capital se ha visto claramente reflejada en la forma en que han despojado del derecho a una vivienda a una persona anciana dependiente, que se enfrentaba a las hordas del estado burgués (policías, leyes, jueces, medios...) y sus propietarios reales (fondos buitre, monopolios, gran capital, banca…).
Un ejemplo claro que para nada es algo nuevo o aislado. Han sido años de expolio de derechos y conquistas públicas desde hace décadas, agudizadas tras la crisis de 2008. Crisis que llevó a medidas desalmadas como el robo de la hucha de las pensiones para entregarlo a la banca privada, contrarreformas laborales y despido barato, privatizaciones y venta a saldo de la propiedad pública a los fondos de inversión, encarecimiento del acceso a la universidad pública y transformación del modelo de educación superior en un modelo de pago que lo convierte en un negocio más, empobrecimiento masivo de la clase trabajadora y proletarización de amplios sectores de la pequeña burguesía, represión y cárcel para el movimiento obrero e introducción del ejercicio de huelga en el código penal, justicia de pago, retraso de la edad de jubilación, copago farmacéutico, legislaciones extremadamente lesivas y que erosionan nuestro entorno y medioambiente, gentrificación de las zonas populares en áreas urbanas y especulación con la vivienda y los bienes de primera necesidad, encarecimiento general del nivel de vida con pérdida constante del poder adquisitivo, y por supuesto, agilización de los desahucios (“desahucios express”) para contentar a los grandes propietarios. Una lucha encarnizada y violenta del capitalismo por intentar recuperar su tasa de ganancia, que aprovechó la debilidad organizativa e ideológica actual del movimiento obrero en el estado español, para asestar un durísimo golpe al pueblo trabajador, no solo en lo material, sino con una derrota ideológica, que se saldó con el rechazo y arrinconamiento a las formas tradicionales de organización de la clase obrera y el auge de los nuevos partidos encabezados por la pequeña burguesía y su pretensión de gestionar de forma distinta el sistema capitalista.
Los gobiernos de la socialdemocracia, estabilidad para los intereses del gran capital.
La socialdemocracia llegó a los gobiernos para rebajar la tensión social que provocó el ciclo de gestión de la derecha, que generó una grave fractura social con las medidas de empobrecimiento, la corrupción y la guerra contra el derecho a decidir de Catalunya. Pero la experiencia de los “gobiernos del cambio” o del autodenominado “gobierno más progresista de la historia”, no solo no han revertido las graves medidas antipopulares y antiobreras de la etapa anterior, sino que han continuado con la agenda del gran capital engrosando sus ganancias, contribuyendo a la concentración de capital, mientras promovían el abandono de la lucha en las calles, deshilando todo el tejido asociativo que existía al margen de las instituciones y garantizando el pacto social y la desmovilización. Lo que ha provocado que todo esto haya ocurrido, sin que se haya convocado ni una sola huelga general en los últimos 14 años, porque se insiste en la inevitabilidad del capitalismo y en intentar una gestión más social de este, aunque la realidad muestra lo contrario.
El saldo de la gestión de la socialdemocracia supone estabilidad para el gran capital y el Régimen del 78 y pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora: tras 8 años de gobiernos (primero PSOE/Unidas Podemos y luego PSOE/Sumar) siguen vigentes las leyes y medidas que continúan la agenda del gran capital (contrarreformas laborales, ley mordaza, ley de extranjería, privatización progresiva de pensiones, OTAN, guerra y mayor partida en gastos militares de la historia, mantenimiento de relaciones diplomáticas y económicas con el ente sionista de Israel), aumenta la pobreza mientras hay cifras récord de beneficios empresariales. Hoy tener un trabajo no garantiza poder llegar a fin de mes, la comida y los bienes básicos se han encarecido un 50% en los últimos años y la vivienda es un nicho de especulación y rentismo que impide el acceso a ella, no solo a la juventud, sino a amplios sectores populares. Un caldo de cultivo que permite el auge del fascismo, que, ante la desmovilización de la clase trabajadora, se autoproclama como solución antisistema a la gestión de la pobreza que realiza la socialdemocracia, en pleno auge racista, chovinista, misógino y en esencia, reaccionario y fascista.
La vivienda es mercancía en el capital, y el Gobierno de España es garante de ello.
La vivienda ha sido uno de los principales elementos de extracción masiva de rentas desde la clase trabajadora hacia el gran capital desde la grave crisis de 2008. Según datos del CGPJ, entre 2008 y 2024 se han realizado más de un millón de solicitudes de ejecución de desahucio. Siendo ejecutados, al menos unos 628.000 desahucios desde 2013 hasta hoy. Hablamos de más de medio millón de familias, empobrecidas por este sistema, a las que el estado burgués aporreaba sus puertas para garantizar el derecho a la propiedad privada de la banca, los fondos de inversión y el rentismo, por encima del derecho a tener un techo donde dormir. Ya sea mediante los “desahucios express” (violencia más clara) o mediante el mecanismo perverso de la “dación en pago” (método blando), se garantizaba el proceso de centralización del capital. Un proceso de acumulación por desposesión extremadamente violento, que hoy sitúa a BlackRock (EE.UU.) con 19.600 viviendas, Caixabank con 21.815, Cerberus (EE.UU.) con 7.000 o Santander con 5.000 viviendas, por poner algunas cifras. En el estado español, la vivienda es hoy el principal refugio financiero para grandes inversores. Desde 2015, su valor de mercado se ha incrementado un 70 %, con incrementos interanuales de un 15-20 % en lugares como Madrid. Mientras que los precios del alquiler han subido un 94 % en los últimos diez años. Este grado de violencia no solo provoca un expolio masivo, sino un grave terremoto social que lleva a que la juventud que intenta emanciparse, deba destinar entre el 40 % y el 60 % de sus bajos salarios a los gastos de vivienda, una fractura social que dificulta el propio ciclo de reproducción de la fuerza de trabajo.
Por ello, de forma oportunista, hoy la socialdemocracia y sus altavoces mediáticos ponen el grito en el cielo ante un caso de desahucio verdaderamente dramático ocurrido estos días. Tras 8 años de gobiernos en los que no han hecho absolutamente nada, intentan ahora activar un ciclo controlado de movilización que pueda desviar el descontento social una vez más hacia una salida únicamente institucional y electoral, dentro de los márgenes del sistema. Se preparan las trompetas de la manida frase de la “unidad de la izquierda”, pero para encapsular a las masas en el viejo sueño de la gestión del capitalismo dentro de los márgenes del sistema, que no es más que continuidad de lo que hemos visto todos estos años: empobrecimiento y desmovilización de la clase trabajadora, concentración y riqueza de los grandes capitales y sometimiento a la agenda internacional del imperialismo EE.UU.-U.E.
El derecho a la propiedad del gran capital no puede ser cuestionado dentro de los márgenes de este sistema capitalista, menos aún en plena crisis aguda del capitalismo que hoy se expresa en los niveles de violencia imperialista con que se realiza el genocidio contra el pueblo palestino o la guerra multidimensional contra Cuba socialista.
La única alternativa es construir el socialismo.
Desde el PCPE llamamos a romper definitivamente con esta farsa de la institucionalidad y la gestión del capitalismo. La socialdemocracia en todas sus expresiones, ya ha demostrado al pueblo trabajador estos últimos 8 años en qué consiste su modelo. Reivindicamos que la clase obrera es el único sujeto revolucionario que será capaz de encabezar la ruptura con toda esta miseria capitalista, en alianza con todos los sectores populares empobrecidos y desahuciados por este sistema. Es hora de recuperar las asambleas en los centros de trabajo y en los barrios, de tomar las calles desde una posición de combate y ruptura con toda la institucionalidad, que es cómplice de toda nuestra miseria; no de confiar en la gestión institucional, ni tampoco de reclamar un nuevo 15M que ya sabemos dónde acabó. El único horizonte posible es poner en jaque a las bases de este sistema capitalista para señalar la necesidad de construir el socialismo, que es el único sistema que plantea una alternativa a la gran propiedad y el poder del capital, para pasar a la alternativa del poder obrero y la socialización de los medios de producción, para que la riqueza se distribuya en función de las necesidades de la sociedad. Es es la la única vía para que la vivienda y otros bienes básicos puedan ser realmente un derecho garantizado para la mayoría social, y en concreto para la clase trabajadora.
La experiencia de la construcción del socialismo es la única que ha demostrado la posibilidad del acceso a la vivienda como un derecho pleno. En la República Democrática de Alemania, la vivienda se enfocaba como “propiedad personal”, que no privada, fijando que el alquiler no pudiera rebasar el 5% de los salarios; en la URSS la vivienda era entregada por el estado, mediante un alquiler social que rondaba entre el 4-6 % del salario; en China, hoy la planificación económica del estado permite que la amplia mayoría de la juventud pueda acceder a una vivienda como pleno derecho.
El socialismo es la única vía que garantiza el derecho a la vivienda y el resto de derechos de la clase trabajadora. Desde el PCPE situamos la propuesta de la República Socialista Confederal, como única vía garantista para romper con el Régimen del 78 y la dictadura del gran capital, hacia un futuro para la clase trabajadora de las distintas naciones del estado.
Llamamos a la clase trabajadora a levantar espacios de participación democrática, desde los centros de trabajo y los barrios, con la perspectiva de organizar la lucha integral contra el sistema y sus gobiernos, que solo pueden gestionar nuestra miseria dentro del capitalismo.
Llamamos a organizarse en los sindicatos de clase, que luchan contra el pacto social y la desmovilización. A construir las condiciones para la convocatoria de la próxima huelga general, bajo el grito de PAZ, TECHO y TRABAJO.
El derecho a la vivienda, es imposible dentro del capitalismo y de la Constitución del 78.
Exigimos medidas que rompan con la lógica del mercado y que ataquen sin rodeos a los intereses del capital:
- Expropiación y paso a manos públicas de las viviendas vacías en manos de la banca, los fondos buitre y la SAREB para ponerlas al servicio del pueblo trabajador.
- Control efectivo y regulación de los precios del alquiler por parte de las administraciones, acompañado de una subida general de salarios por encima del IPC.
- Paralización inmediata de todos los procesos de desahucio.
- Creación de un parque de vivienda pública que ofrezca soluciones reales a las necesidades habitacionales del pueblo trabajador.
- Nacionalización del suelo urbanizable.
- Creación de constructoras y promotoras públicas para impedir el acceso de entidades privadas en el desarrollo urbanístico.
- Nacionalización del sector bancario y cortar de raíz la especulación financiera con nuestras vidas.
Hay que iniciar un ciclo de acumulación de fuerzas en torno a la clase obrera, que, trabajando en la preparación de una huelga general, opere con la finalidad política y organizativa de superación del capitalismo.
Frente a su barbarie, luchemos por el socialismo.
¡Paz, Techo y Trabajo. Organicemos la Resistencia!
27 de septiembre de 2026
Comité Ejecutivo del PCPE












