A la pregunta de por qué la Iglesia Católica mantiene una relación privilegiada con el Estado español, la Inteligencia Artificial, ese invento que dicen beneficioso para unas cosas y pernicioso para muchas otras, responde sin titubear: “porque existen razones históricas ancestrales y acuerdos legales que así lo acreditan”. Concretamente, precisamos nosotros, porque desde la unificación religiosa de los Reyes Católicos en el siglo XV, los concordatos de 1851-1953 y los tratados vigentes firmados en 1979, esa institución eclesiástica, al igual que hizo su mentor de El Pardo, lo dejó “todo atado y bien atado”.

Cuando el 19 de octubre de 1469 se consumó en secreto en Valladolid el matrimonio entre la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, la fe católica que les animaba fue impulsada como el elemento cohesionador del nuevo Estado. Decisión que derivó en la creación del Tribunal de la Inquisición en 1478, la unificación religiosa forzosa (expulsión de judíos y moriscos), la persecución implacable de minorías y el fortalecimiento absoluto del poder monárquico. Bases que trajeron como consecuencia el pacto entre la Iglesia Católica y el Estado. Un vínculo consolidado posteriormente con los concordatos de 1851 y 1953, y finalmente, en 1979, con los tratados vigentes en nuestros días, firmados en plena y humillante transición política. Una alianza que pese a conceptuar la aconfesionalidad del Estado español en la Constitución de 1978, especificando en su artículo 16.3 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, sigue, sin embargo, manteniéndose de manera tangible hasta hoy. Pero antes de referir las consecuencias prácticas sobre aquellas sociedades, examinemos lo qué significan esos leoninos acuerdos internacionales en beneficio del catolicismo hispano.

Religión oficial

El Concordato de 1851 fue un tratado internacional firmado entre el Reino de España y la Santa Sede el 16 de marzo de ese año, siendo Papa Pío IX y monarca Isabel II. Su objetivo principal tras las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) fue devolver a la Iglesia su estatus de influencia pública. Es decir, recuperar gran parte del patrimonio perdido, ido finalmente a manos de burgueses y terratenientes después de las confiscaciones; así como retomar la primacía ideológica (reconocimiento del catolicismo como única religión de la nación española) a través del financiamiento de los sacerdotes y obispos en el Presupuesto de Culto y Clero del Estado. Asimismo, la enseñanza impartida en universidades, colegios y escuelas públicas o privadas fue obligada a ajustarse a la doctrina católica y al reconocimiento del derecho de la Iglesia a crear centros educativos religiosos, al igual que fiscalizar la enseñanza, es decir, a ejercer plenamente su control y supervisión.

El Concordato de 1953, por su parte, firmado el 27 de agosto de ese año entre el Estado franquista y la Sede de Roma (con Pío XII como gobernante), y solo a 14 años del fin de la cruenta Guerra Civil, tuvo un significado político particular. Con su refrendo se quiso plasmar que la política eclesiástica de la II República española (secularización del Estado y reducción del poder de la Iglesia principalmente) había terminado. O sea, la Iglesia Católica recuperó su estatus de religión oficial así como los ancestrales privilegios económicos, educativos y sociales que la Constitución republicana abrogó en 1931. En concreto, y en un contexto internacional proclive al reconocimiento del franquismo, su gobierno reaccionario y la avara Iglesia Católica española acabaron con la laicidad del Estado y con la escuela pública única, laica y gratuita; restableciendo, además, la exención tributaria del ente confesional y el sufragio por parte del Estado de los irrenunciables gastos de culto y clero. Una aportación directa y acumulada, que desde 1939, y según informes del entonces vicepresidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, en 1972, se elevó a más de 300.000 millones de pesetas de las de entonces; es decir, a un monto de unos 10.000 millones de pesetas anuales. Una cantidad - siempre según el malparado vocero - destinada a “cubrir el sostenimiento del culto, el sueldo del clero, la construcción de seminarios y templos, así como centros educativos y asistenciales”. Una cifra descomunal, que en tiempos míseros limitó drásticamente los recursos necesarios para los servicios públicos básicos de la población: vivienda social, sanidad, infraestructuras, etc.

Un mastodonte financiero

Pero, ¿cuál es a día de hoy el vínculo entre el Estado “democrático” español y la ambiciosa Iglesia Católica? Sustancialmente, el de una relación producto de dos factores primordiales. Del concluyente componente histórico expuesto, y en segundo término, del proceso cuidadosamente alambicado (congeniar democracia formal burguesa con preservación del aparato franquista en la estructura del “nuevo Estado”) que es en suma la humillante Constitución de 1978. Una Carta Magna ratificada bajo el gobierno de Adolfo Suárez en referéndum por el 58,97 % del censo electoral, el 6 de diciembre de ese año. Por consiguiente, “la democracia” fue la fachada detrás de la cual se aseguró la permanencia de la monarquía y del aparato del poder franquista; y a través de él, el trato preferencial con la Iglesia Católica. Cierto, y aunque la Ley Fundamental menciona explícitamente a la Iglesia Católica, el texto no la considera como la religión oficial del Estado. Pese a ello, su alianza es palmaria. Lo prueban los tratados aún vigentes entre el Estado español y el Vaticano firmados el 3 de enero de 1979. Acuerdos, dicen, para adaptar las relaciones Iglesia-Estado a la aconfesionalidad conceptuada en la nueva Constitución, pero en los que se reconoce el derecho de la Iglesia Católica a regular la exención de impuestos, la personalidad jurídica de sus diócesis, parroquias y otras instituciones, así como que el Estado se compromete a financiarla: más de 11.000 millones de euros anuales en costes indirectos según Europa Laica. Cálculo en el que se incluye el gasto público en colegios concertados católicos (unos 7.700 millones de euros anuales, un 12% del presupuesto público destinado a la educación no universitaria), los salarios de los profesores de religión y del clero, o las jubilaciones y las exenciones de impuestos locales y estatales como el IBI o el Impuesto de Sociedades. Además, en esos tratados se incluye un sistema de “asignación tributaria” (unos 500 millones de euros anuales) a través del IRPF. Dinero hurtado a servicios públicos indispensables para una organización religiosa que, según informes de la empresa KPMG para la Conferencia Episcopal, genera en España una riqueza anual de 32.500 millones de euros gestionando desde catedrales hasta los ingresos que originan la celebración de la Semana Santa, pasando por la administración de activos inmobiliarios, universidades, colegios, hospitales, etc., así como la gerencia de rentables depósitos financieros y especulativos fondos de inversión. Por tanto, un mastodonte financiero que podría sobrevivir sin la asistencia del Estado, es decir, sin la de todos nosotros. Si todo esto no es para revolucionarnos, que venga su dios y lo vea.

José L. Quirante

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