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Mientras que no pocos se apresuran a celebrar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) según la cual se paraliza la privatización de 6 Hospitales madrileños, calificándolo algunos como un éxito fulminante de las mareas blancas, como un paso que da prácticamente por muerto el proceso de privatización de la sanidad. La clase trabajadora no puede dejarse llevar por estas autoproclamadas victorias que no entrañan más que la exigua ilusión de que este sistema capitalista, que en este momento histórico de crisis estructural aumenta el nivel de explotación y miseria a cotas insoportables, es el único válido para la satisfacción de todos siempre y cuando sea gestionado por una mano amable, siempre y cuando sus mecanismos funcionen como debe ser, como en el caso de esta decisión judicial.

No obstante, si algo ha de caracterizar la lucha consciente y organizada de la clase trabajadora es el tener a la historia y su desarrollo de las fuerzas productivas como una maestra cuyas lecciones nunca mienten; cuándo en la historia han servido las decisiones judiciales, es decir las decisiones de los órganos jurídicos del capital, para la emancipación de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos por el capitalismo y el imperialismo. En esta ocasión, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es ninguna una excepción.

Los sucesos son los siguientes: cuando el 31 de octubre de 2012 el gobierno regional de Madrid anunciara su intención de privatizar seis hospitales públicos y el 10% de los centros de salud así como innumerables y dramáticos recortes presupuestarios, las protestas no se hicieron esperar por parte del sector, que por otro lado ya desde hacía años estaba siendo atacado con la externalización de múltiples servicios. Se iniciaron paros indefinidos, encierros y varias jornadas de huelga, que sin lugar a dudas demostraron una vez más que la lucha en el puesto de trabajo es el instrumento más eficaz de la clase obrera. Todo apoyado por un amplio y borroso sector de la población que como es natural se opone a la mercantilización de la sanidad y con el seguimiento de las organizaciones políticas que se presentan como la cara amable del mismo sistema que a fin de cuentas jamás va a dejar de someter a la clase trabajadora a la miseria y la explotación, acompañado todo esto de un gran eco mediático que siempre ha reforzado el sentido ciudadano de las protestas en detrimento del sentido de clase, y es que como no podía ser menos, siempre se ha enfocado la cuestión no como la clara manifestación del modo en que la clase dominante para mantener su nivel de ganancia expolia todo lo que puede a la clase trabajadora, sino como la pérdida de los derechos ciudadanos que la constitución burguesa otorga a cada uno.

Siguiendo este sentido ciudadanista, entre recogidas de firmas y mesas de votación improvisadas, se presentaron diversos recursos en los tribunales madrileños en los que más que la gestión privada de la sanidad lo que se denuncia no es otra cosa que lo arbitrario de la adjudicaciones y como esto va en contra del interés general y la libre concurrencia y representa además un paso irreversible para el modelo sanitario. De esta manera los tribunales finalmente aceptaron el recurso presentado por la Asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM) y dictaminaron paralizar cautelarmente la adjudicación de los hospitales a las empresas concesionarias.

Vistos los hechos, que los tribunales de Madrid hayan paralizado cautelarmente los planes del gobierno regional para la concesión a empresas privadas de hospitales públicos, no nos puede confundir, no puede ser interpretado como el triunfo ciudadano que tanto ansían reivindicar aquellos sectores tan afines a plantear el “capitalismo de rostro humano”, la gestión social del capitalismo y demás soflamas reformistas. En primer lugar, porque el poder judicial no es ningún poder neutro sino que forma parte del aparato de dominación capitalista y en consecuencia siempre actuará de acuerdo a los límites legales que el capital se ha dado, de manera que aunque a veces en algún caso concreto se obtengan sentencias favorables, el conflicto principal originado en la naturaleza del sistema capitalista jamás será solventado en un tribunal, al contrario; en segundo lugar, porque la actual incapacidad del capital para reiniciar su ciclo de ganancia le obliga no sólo a destruir empleo y aumentar el grado de explotación sino también a buscar nuevos sectores donde sustraer riqueza; y en tercer y último lugar y debido precisamente por los dos factores anteriores, porque la situación de la sanidad así como de la educación en Madrid no va a cambiar aunque haya más sentencias judiciales, prueba de ello, es que esta última sentencia aunque haya paralizado de momento la privatización de la parte sanitaria de seis hospitales madrileños, lo cual afecta a 5.200 profesionales, la misma sentencia no dice nada ni del plan presentado por el gobierno regional el 31 de octubre del 2012, ni mucho menos de la ya efectiva privatización de los servicios no sanitarios de los hospitales que afectan a una gran cantidad de trabajadores.

Por todo ello los comunistas debemos explicar a los numerosos sectores desorganizados de la clase trabajadora que se obstinan en atender los cantos de sirena del capitalismo en sus variantes reformistas y ciudadanistas, que las conquistas obtenidas por la clase trabajadora en el siglo XX como la sanidad y la educación, siguen siendo materia de compra-venta, que el único triunfo real jamás vendrá de una sentencia judicial, sino de la lucha organizada de los trabajadores por conquistar el poder.

Eduardo Vecino