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Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE abre un camino más favorable para el pueblo saharaui en la defensa de sus recursos naturales y el control de las actividades económicas que se realicen en territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

Cuando, en el mes de febrero de este año, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reconoció que el Acuerdo Pesquero entre la Unión Europea y Marruecos no incluye las aguas del Sáhara Occidental, porque pertenecen a un tercero que necesariamente ha de intervenir en cualquier decisión que afecte a los mismos, se generó una nueva situación y un nuevo marco jurídico que afecta de una manera especial a la lucha del pueblo saharaui por su independencia.

El TJUE en esta resolución ha recordado el principio de efecto relativo de los tratados, en virtud del cual los tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros sin su consentimiento, el Tribunal de Justicia expone que, habida cuenta de la opinión consultiva dictada por la Corte Internacional de Justicia en 1975 sobre el Sáhara Occidental, tras una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pueblo de este territorio debe considerarse un tercero que puede verse afectado por la aplicación del Acuerdo de Liberalización suscrito entre la UE y el Reino de Marruecos. Y no consta que este pueblo haya manifestado su consentimiento a que el Acuerdo se aplique al Sáhara Occidental.

La tenaz lucha del Frente Polisario en las instancias internacionales obtenía una importante victoria, y dejaba maltrechas las pretensiones de la dictadura marroquí sobre este territorio, si bien queda mucha lucha por delante para que sean reconocidos los derechos territoriales y de soberanía del pueblo saharaui.

Algunos proyectos en marcha, como las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos o las previstas inversiones en aprovechamiento de energías renovables de muy importante cuantía, se quedan sin cobertura legal en estos momentos.

Una nueva situación y viejas políticas

Esta decisión afecta a la Unión Europea, pero afecta de una manera especial a España que participa de muy diversas formas en actividades que quedan totalmente deslegitimadas por el TJUE.

En primer lugar esto afecta al Acuerdo Pesquero. El 91,5% de las capturas que se realizan al amparo de este Acuerdo UE-Reino de Marruecos se realizan en aguas que pertenecen al Sáhara Occidental, y por las cuales Marruecos ingresa importantes cantidades que ahora tendría que entregar a la representación saharaui. Y, por supuesto, esto afectará al próximo Acuerdo sobre el que ya se negocia que se tendrá que restringir a aguas marroquíes exclusivamente.

Pero el aspecto más importante es que esta nueva situación es aplicable a toda actividad económica que se realice en el territorio saharaui, y que es autorizada por la potencia marroquí actual ocupante del Sáhara Occidental.

El gobierno de Pedro Sánchez debería, desde el mismo momento de su toma de posesión, de prohibir a todas las empresas españolas cualquier actividad en el Sáhara Occidental que no contara con la autorización de la representación saharaui. En caso contrario esas actividades económicas son ilegales e ilegítimas y, por supuesto, sancionables según establece el Tribunal de Justicia.

El PSOE tiene el antecedente histórico del gran engaño de Felipe González, en 1977, cuando acudió a los campamentos de refugiados y prometió la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Hoy Pedro Sánchez, con toda probabilidad seguirá la misma trayectoria imperialista que siguió González en todos sus años de gobierno. La lucha del Polisario tampoco contará con el apoyo de este gobierno de Sánchez.

La relación Canarias-Sáhara

La histórica relación de Canarias con el pueblo saharaui ha mantenido en el archipiélago particulares relaciones de amistad y apoyo mutuo, particularmente en la isla de Fuerteventura, donde los pescadores lo mismo estaban en una orilla como en la otra. Una importante población canaria se asentó en el Sáhara en los tiempos de la colonia.

Consecuencia de ello la solidaridad con la causa saharaui ha tenido en Canarias una especial implantación. Si bien, por una diversidad de factores políticos, esta solidaridad, que en tiempos tuvo un importante carácter de masas, en los últimos años se limita al ámbito de determinadas instituciones, fundamentalmente las gobernadas por Nueva Canarias. Esta fuerza política interclasista...

En general en la sociedad canaria es posible diferenciar dos etapas en la posición que los distintos sujetos en las islas han mantenido con respecto al Sáhara Occidental.

Una primera etapa, con un fuerte apoyo popular a la causa saharaui, en la cual sectores significativos de la burguesía y de sus organizaciones empresariales mantuvieron una posición de respeto e incluso apoyo a la autodeterminación del territorio.

Pero desde hace al menos dos décadas, y producto de un intenso trabajo de la diplomacia marroquí y de cambios significativos en la burguesía canaria, el empresariado canario se está plegando a la estrategia marroquí y participando en multitud de negocios en el territorio ocupado por Marruecos.

La burguesía canaria, producto de ciertas regalías fiscales (Reserva de Inversiones Canarias - RIC), y de la brutal sobreexplotación de la clase obrera en las islas se ha convertido en una burguesía con capacidad de exportación de capitales, encontrando su territorio más propicio para ello en Cabo Verde, Azores, Mauritania, y cómo no en el Sáhara Occidental, también algunos países de Latinoamérica.

Desde esta nueva situación la burguesía canaria ha olvidado cualquier posición de respeto por los derechos del pueblo saharaui.

Binter vuela como ave de rapiña

Una de las primeras cuestiones que se plantearon al calor de la resolución del TJUE, desde el ámbito institucional que en el archipiélago apoya a la causa saharaui, fue que la empresa canaria de aviación BINTER, que realiza viajes de conexión con el Sáhara Occidental, tenía que suspender sus vuelos desde las islas, pues no cuenta con la autorización ni conformidad de la representación saharaui para dicha actividad.

La reacción de las asociaciones empresariales fue tajante (la Cámara de Comercio en primer lugar, y por supuesto acompañada de una fuerte campaña de los medios de prensa que controlan), en apoyo de BINTER y contra el Cabildo Insular de Gran Canaria como promotor de la iniciativa de defensa de la aplicación a la compañía aérea de lo dictado por el TJUE.

Hoy una gran diversidad de empresas canarias está realizando sus negocios en el territorio saharaui: construcción, transporte, hostelería, servicios, etc. Incluso con desplazamiento de sus trabajadores al continente.

El apoyo a la causa saharaui se mantiene a nivel popular en Canarias, aunque no con el carácter de masas que tuvo anteriormente. A nivel institucional el papel de Nueva Canarias no pasa de ser un apoyo de una organización interclasista sujeta a los vaivenes de los intereses de sus dirigentes. El loby marroquí en las islas desarrolla una intensa actividad para conseguir apoyos a su estrategia intervencionista en el Sáhara Occidental.

Resoluciones como la del TJUE ayudan a la causa saharaui, pero la batalla fundamental se dará en la movilización de masas y en la solidaridad internacionalista, teniendo en cuenta el importante papel que la geopolítica juega en esta zona donde el imperialismo trata de evitar que nada de lo que ocurre en la zona escapa a sus intereses.

Entre otras cuestiones importantes la lucha en Canarias contra la militarización del archipiélago es un factor fundamental, pues una Canarias como plataforma de agresión militar contra África supone mayores dificultades para los objetivos de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.

Carmelo Suárez