DESTACADO

Compartir

 

Desde tiempos inmemoriales, el campesinado español ha estado sometido a la arbitrariedad y al expolio permanente y sin tregua por parte de la ancestral y perniciosa oligarquía financiera y terrateniente, provocando la degradación y el empobrecimiento del campesinado trabajador, así como la pauperización de la población rural, provocando el éxodo dramático hacia los centros urbanos, de tal manera que hacia finales del siglo XIX la población rural española representaba más del 80% del censo y ahora nos encontramos con una población rural drásticamente reducida, por debajo del 15%.

A su vez, la arbitraria y especulativa comercialización de la producción del sector económico agropecuario por parte de la burguesía comercial exportadora, de las grandes superficies alimentarias, la inadecuada atención y protección del crédito oficial y bancario, como los seguros agropecuarios, los abusivos precios de la maquinaria y los productos o suministros químicos y fitosanitarios, más la manipulación de las semillas transgénicas y la despiadada competencia impuesta por los grandes monopolios internacionales del sector agropecuario y de la industria agroalimentaria, han colocado al campesinado, como al conjunto de la población rural, en permanente regresión y empobrecimiento, sometidos, cada vez más, a la infernal dinámica de la crisis estructural del capitalismo español, por lo que el porvenir del campo, como sector económico, y la población rural difícilmente pueden superar la ruina y la agonía que los atrapa.

Por si todo ello no fuera suficiente dogal, la entrada de España en la Comunidad Europea y su nefasta Política Agraria común (la PAC) ha supuesto el descalabro y la ruina del sector agropecuario y la precarización, la despoblación y envejecimiento de la población del medio rural, pues las arbitrarias y draconianas medidas tendentes a controlar y regularizar los cultivos tradicionales de nuestro país, sólo han favorecido a los latifundistas y banqueros, a las grandes superficies y especuladores del comercio alimentario, así como a los monopolios internacionales que controlan y especulan con las semillas, plantaciones transgénicas, y con todos los medios de producción que precisan los agricultores y ganaderos.

Además se han suprimido los aranceles y la protección aduanera, dejando a los campesinos y ganaderos totalmente desprotegidos y por consiguiente a merced de una competencia exterior “desleal” calificada significativamente como “dumping” agroalimentario, al tiempo que el comercio interior alimentario, no sólo impone precios irrisorios a los agricultores y ganaderos, sino que especula con márgenes comerciales hasta del 600%, provocando un insoportable e incontenido proceso inflacionista, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora.

Según datos y estimaciones facilitados recientemente a la opinión pública por la COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), la renta agraria real española se situó en el año 2012 en niveles de hace 20 años. Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su primera estimación sobre la evolución de la renta agropecuaria en el 2012. Del análisis realizado por el departamento de economía agraria de la COAG se obtienen datos más que ilustrativos. A pesar de ello, los presupuestos generales del Estado para el 2013 reducen el apoyo al sector, y el Tijeretazo del 25’9 % en la aportación del Estado deja el presupuesto del Ministerio de Agricultura en un tercio de lo que era hace cuatro años, pasando de los 4.835 millones de euros en 2002, a los 1.680 millones presupuestados para el ejercicio 2013.

En el tema de los precios agrarios, la imposibilidad de repercutir el aumento de los costes al precio final, ha limitado la rentabilidad de las exportaciones agrarias y ha dejado en números rojos sectores ganaderos, como el sector lácteo. La alimentación del ganado supone el mayor coste de producción de las explotaciones ganaderas de un 70% (en la mayoría de los casos) por lo que las situaciones de volatilidad y escaladas repentinas en los precios de las materias primas ponen en riesgo la viabilidad de los sectores ganaderos y agrarios y sobre todo la de aquellos que tienen la ganadería independiente y no están interesados en las grandes cadenas de comercialización y especulación.

La puesta en vigor en 2013 de la normativa del “bienestar animal” en gallinas ponedoras y porcino, ha puesto en jaque mate a miles de granjas de ponedoras en España y en la UE, ha supuesto el cierre de muchas de ellas y ha reducido de manera importante la oferta de huevos dentro de las fronteras comunitarias, lo que se ha traducido en un incremento del 75% en el precio de los huevos al consumidor, por lo que se ha tenido que recurrir a las importaciones de terceros países, que no cumplen con las mínimas exigencias de normativa que se exige a los productores europeos, por lo que la UE está permitiendo el “dumping social” y económico con las multinacionales que operan en terceros países. Algo parecido le puede suceder este año al sector porcino.

Otro sector de producción que se va a sentir muy afectado es el de las frutas y hortalizas, ya que la notificación por el Parlamento Europeo del acuerdo para la liberalización comercial entre la UE y Marruecos puede suponer un mazazo letal para el campo español, afectando al futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenazando 450.000 puestos de trabajo y unos 8.000 millones de euros de exportaciones al centro y norte de Europa. Los agroexportadores de Marruecos (la mayoría son firmas de la UE entre ellas las de España) no cumplen la mayor parte de la normativa laboral, ni social, ni fiscal, ni de seguridad alimentaria que existe en la UE, por lo que están haciendo una competencia “desleal” y fraudulenta a los Estados consumidores y agricultores comunitarios.

Para colmo el Gobierno Español aprobó en Octubre el anteproyecto de la ley de mejora de la cadena alimentaria, una normativa que nace coja porque no recoge el poder de negociación de agricultores y ganaderos frente a los abusos de posición dominante del resto de los eslabones de producción y comercialización.

Preocupa enormemente a las organizaciones agrarias, en particular a la COAG, el Ministro Arias Cañete y su gobierno; somos conscientes de que la política ilegítima y arbitraria del gobierno del PP respecto al campo y al medio rural iba a llegar y no se iba a parar en lo relativo a la política agraria sino que afectaría a sanidad, educación, transporte, y asistencia social. El campo, en estos tiempos de crisis profunda y estructural, podría y debería ser la garantía alimentaria de la población del Pueblo español y un alivio considerable a la balanza de pagos, por su capacidad y calidad, es decir, que se trata de un sector esencial y vital de la economía nacional.

Las denuncias y quejas procedentes del sindicalismo agrario, en particular de la COAG, por ser el sindicato más representativo, carece del rigor y la objetividad necesaria, al no entrar en causas que han producido la crisis política, económica y social (y sobre todo estructural del sistema capitalista) y que ha colocado en un futuro inminente de ruina económica y moral al campo y a los habitantes del medio rural español.

El campesinado español tiene que ser consciente de que las causas que han agravado la profunda crisis general y estructural que soporta la economía española, provienen en buena parte a nuestra pertenencia a la UE, al Euro y a la OTAN, por lo que es necesario quela clase obrera y el campesinado, concentrados en un frente obrero y popular, fuercen la retirada y consiguiente abandono del conglomerado imperialista europeo.

La COAG tampoco ofrece, de manera rotunda y persistente, un programa reivindicativo y alternativo que comprenda la reforma agraria integral, la concentración parcelaria y la expropiación de los más de 2.500 latifundios que denigran históricamente a nuestro pueblo y que podrían dotar de suficiente tierra a más de 1.500.000 pequeños campesinos y jornaleros.

También precisa el campo español un vasto movimiento cooperativo centrado en la compra de productos para el campo y la manipulación y comercialización directa de la producción agropecuaria como forma de atajar y defenderse de la agresividad de los monopolios que trafican y especulan con el consumo alimentario. Así mismo el sector económico agropecuario precisa un Banco Agrícola y de Seguros Agrarios capaz de dotar al campo de los recursos financieros y de aseguramiento del campesinado.

No obstante hay que destacar que la superación de la crisis general del capitalismo y en particular en lo que se refiere a España, sólo será posible en el marco de una sociedad socialista en la que los trabajadores de la ciudad y del medio rural, en particular la clase obrera y el campesinado, más los sectores populares, sean los protagonistas.

El PCPE propone la consecución de una República socialista como transición hacia el socialismo, donde impere el justo reparto del trabajo socialmente necesario para el mantenimiento de la sociedad, así como el justo reparto entre los trabajadores, de la renta y la riqueza nacional.

Para todo ello es necesaria la resuelta concentración y la acción unida y consecuente de la clase obrera, el campesinado y los sectores populares, en base a un frente obrero y popular por el socialismo.

Miguel Galindo.