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Los trabajadores y trabajadoras precarizados de las Administraciones Públicas agrupados en innumerables asociaciones, plataformas y coordinadoras califican de rotundo éxito la manifestación que tuvo lugar este pasado sábado 15 de febrero en Madrid para reivindicar la estabilidad de sus empleos y el final del abuso en la contratación temporal en el sector público. Un hito histórico si consideramos que es la primera convocatoria de este tipo a nivel de todo el Estado.

Plataformas y Coordinadoras como la Madrileña de Empleados Públicos en fraude de ley han surgido en los dos últimos años con la intención de organizar a miles de trabajadores a través de tres vías de acción; la legal, mediante la denuncia de contratos y nombramientos en fraude de ley, la política, reclamando a los legisladores iniciativas que zanjen este abuso y la agitación social, mediante la convocatoria de distintos actos, movilizaciones y manifestaciones que hagan comprensible al resto de trabajadores la lamentable situación en la que se encuentra casi un 30% de los empleados públicos del Estado español.

Llama especialmente la atención que una convocatoria como esta haya sido organizada por un conjunto de nuevas y pequeñas organizaciones que han surgido por todo el país a raíz de la firma del denominado acuerdazo entre los sindicatos mayoritarios y el gobierno del PP en 2017. Un acuerdazo, según es conocido entre los trabajadores temporales, con el que el sindicalismo institucionalizado se prestó a salvar la cara al gobierno y a las Administraciones Públicas que llevan abusando de una buena parte de sus trabajadores desde hace décadas. Una vez más un ingente número de trabajadores, como ya pasara con las denominadas mareas no se han visto representados ni amparados por unas organizaciones que en algunos casos se siguen proclamando formalmente “de clase”.

No es la primera vez que estos sindicatos se muestran más sensibles a las dificultades técnicas de las instituciones y Administraciones Públicas que a las preocupaciones y demandas laborales de sus empleados. Al fin y al cabo no deja de ser una consecuencia lógica de quienes mantienen sus estructuras orgánicas gracias a la financiación y las prebendas de una administración que recurre a ellas en momentos de conflicto laboral con el objeto de desmovilizar a sus trabajadores ofreciéndoles a un tiempo recursos de financiación complementarios en forma de cursos preparatorios para oposiciones y nuevas afiliaciones sindicales.

Los contratos o nombramientos en fraude de ley, denunciados por estos trabajadores se fundamenta jurídicamente por las causas que determina la legislación a la hora de nombrar o contratar a este tipo de personal, esto es, sólo de manera coyuntural y para la atención de programas o situaciones transitorias y no para ocupar puestos estructurales y permanentes. Los números que muchos de los manifestantes mostraban en sus espaldas; 12, 15, 22, o 35 indicaban los años que llevan desempeñando sus tareas diarias encadenando contratos sucesivos o tras un nombramiento interino para una plaza que nunca salió a oposición.

Este abuso, como ha sido reconocido en distintas instancias judiciales, no es sancionado mediante la estabilidad del trabajador como ordinariamente ocurre en el mundo de la empresa privada. El abuso sobre tantos miles de trabajadores y trabajadoras, aseguran los manifestantes, es utilizado con el objeto de someter al empleado temporal a peores condiciones laborales y reservarse, al tiempo, un margen suficiente para futuras privatizaciones y/o ajustes presupuestarios.

Entre las proclamas de los manifestantes destacaba el rechazo a las Ofertas Públicas de Todas estas nuevas organizaciones se oponen a los Planes de Consolidación y Estabilización, a los que denominan ERE encubierto, convencidos de que muchos compañeros y compañeras se quedarán en la calle sin indemnización y sin sanción alguna tras largos años de probada eficacia en el desempeño de sus tareas diarias. No pueden ser una solución suficiente y disuasoria si al final quien fue abusado acaba siendo cesado en su puesto, argumentación que ya señaló la abogada general de la UE el pasado mes de octubre en un adelanto de lo que podría ser la cercana sentencia del TJUE el 19 de marzo.

Al grito de “Pedro, bandolero, oposita tu primero” y “Donde están, no se ven comisiones y ugt” los manifestantes han vivido este encuentro como una oportunidad única para invocar los principios de no discriminación y estabilidad proclamados en la Directiva UE70/99. Nos recuerdan estos trabajadores temporales que además sufren de continuo la imposibilidad de ejercer el derecho a la carrera profesional al no poder optar a los concursos de traslado o promociones internas.

Se adivina, en esa confianza ciega que muchos de estos trabajadores depositan en las instituciones europeas un cierto desconocimiento de las causas que originaron su situación actual, aun muchos de ellos obvian consciente o inconscientemente que forman parte de un proceso de depredación del sector público que ni es nuevo ni se limita al estado español.

Pero ¿Qué empuja a las Administraciones Públicas a acumular estas enormes bolsas de precariedad laboral? La respuesta no parece tan sencilla y seguramente, como en tantos otros casos la solución no venga de quienes forma parte del problema.

En las que fueron denominadas décadas gloriosas del capitalismo europeo (1945-1975) se experimento un fuerte crecimiento económico con una destacada presencia de la inversión pública desde una perspectiva Keynesiana de intervención pública sobre el mercado. En los años sesenta la base social y laboral del funcionariado se amplía hasta superar los viejos límites de la burocracia puramente administrativa. Esa tercera vía a la que se denominó estado del bienestar se soportaba en una fuerte presencia de empleados públicos en servicios como la educación, la sanidad o la asistencia a la tercera edad, pero también, en ámbitos diversos como los servicios públicos municipales el transporte o las comunicaciones.

La vieja imagen del funcionario como un burócrata designado por y al servicio del Estado fue perdiendo vigencia en estos años a causa de un ampliado acceso social a la función pública, la fijeza como garante de su independencia frente al poder político cambiante, aunque sea formalmente, y el ejercicio de oficios y profesiones de cara a la sociedad civil.

A partir de los años ochenta, y tras la crisis económica de la década de los 70 del pasado siglo se inicia en este país y en otros de su entorno un proceso de expolio y privatización de empresas públicas que habían surgido tras el empuje capitalizador de los estados, y ante el cercano referente de los países socialistas de la Europa del este. Años después las políticas de ajuste y saneamiento de corte liberal burgués son acometidas en España por un partido político que se denomina socialista y obrero.

A los procesos privatizadores de los años 80 del s. XX le han seguido nuevos procesos de privatización o externalización de servicios públicos con los que se intenta reponer la constante pérdida de la tasa de ganancia en el proceso de valorización del capital privado. No es suficiente ya con la sobreexplotación de la clase trabajadora, la devaluación interna o la sobreproducción. Estas dinámicas clásicas son en la actualidad implementadas con fuertes ayudas a la banca, prebendas a las empresas estratégicas ahora privadas y la contención del gasto público impuesto por las organizaciones supranacionales capitalistas (UE, FMI OCDE, BM, etc.)

A la pauperización y precarización del trabajador público, consecuencia de las privatizaciones y “contenciones” del gasto/deuda se le añade ahora por parte de los nuevos ideólogos del liberalismo la necesidad de volver a implantar la idea de un funcionariado mínimo en número, discutido en su puestos de trabajo, con derechos laborales limitados y dedicado a lo que son las funciones básicas de sostenimiento del Estado; la hacienda, la policía, el ejército y la gestión administrativa.

El capital, ya sea de origen nacional o supranacional necesita cerrar un nuevo proceso de acumulación originaria adquiriendo recursos, socavando trabajos y desplazando a renovadas masas de trabajadores públicos a un mercado laboral devastador. Los trabajadores público precarizado debemos entender estos procesos y no dedicar todos nuestros esfuerzos a alimentar falsas esperanzas en el ordenamiento legal ni en organizaciones supranacionales diseñadas para servir a una clase que no es la nuestra.

Fernando Gata