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Los Presupuestos Generales del Estado suponen el plan de acción del Estado para el ejercicio político próximo. En ellos se establecen los gastos e ingresos que tendrá las administraciones y las prioridades de su actuación. Así las cosas, los Presupuestos Generales son presentados, en la mayoría de los casos, como una formulación neutra, ajena a la propia dinámica social y política. Que nacen de la elaboración concienzuda y pormenorizada del Gobierno, en su uso de un ejercicio político de democracia y responsabilidad. Lo cierto, por el contrario, es que los Presupuestos son la plasmación de la actuación del Estado dentro de la dinámica de lucha de clases en la sociedad. Definen al Estado como un instrumento principal de intervención en la lucha de clases a favor, y en correspondencia, con los intereses de la burguesía, asumiendo, el Estado, el papel de garante de los intereses generales de la burguesía, disfrazados éstos, de interés general de la sociedad.

En momentos de crisis, ese papel significante del Estado se incrementa sobremanera. Sobre el Estado recae la responsabilidad política de asumir ser el representante de la burguesía como clase, sirviéndose del aparato estatal, de las administraciones públicas, para efectuar las políticas necesarias para asegurar un nuevo ciclo productivo al capital. Y para ello es imprescindible, utilizar todo el potencial financiero y de recursos públicos en aras de favorecer la reproducción ampliada del capital. Aumentando la deuda pública para canalizar los recursos financieros del estado y la sociedad hacia la capitalización de los grandes capitalistas, recortando en las partidas sociales para desvalorizar la fuerza de trabajo, conseguir un abaratamiento del despido y una flexibilidad de la mano de obra que permita un incremento en el grado de explotación de la clase obrera. La privatización de los sectores productivos públicos que permitan al capital privado acceder a esas esferas económicas y generar plusvalías en esas parcelas. El Estado burgués asume el papel histórico de principal mecanismo de intervención política en la crisis capitalista para reconducir los recursos sociales hacia la recuperación capitalista y permitir la expropiación forzosa y salvaje del pueblo trabajador por la burguesía en su conjunto. El Estado deja al descubierto su esencia histórica: ser la concreción de la dictadura del capital.

Este proceso deja su impronta en los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno del PP.

En el caso particular de esta crisis, la principal palanca que tiene la oligarquía europea para remontarla es forzar la deuda del Estado para permitir el trasvase de recursos hacia la capitalización privada, por eso, precisamente, lo primero que llama la atención es la enorme deuda pública de España. Aquí habría que poner especial énfasis y hacer un análisis detallado de las consecuencias de esta enorme deuda, porque, hasta lo que podemos alcanzar, se puede interpretar que la propia viabilidad económica del Estado español está en cuestión. La deuda pública es casi el 100% del PIB en 2014. Un nivel alcanzado en 1909. España deberá el año que viene más de un billón de euros, el triple que en 2007. Es decir, la deuda superará la riqueza generada por España en un año. Esto es un dato demoledor. (En dos años de Rajoy la deuda ha crecido más que en toda la época Zapatero).

Por tanto, el pago de los intereses de la deuda, más los gastos derivados de pensiones y desempleo consumen más de la mitad de los recursos (un 54,6%). La carga financiera del Estado crecerá cerca del 10% sobre el gasto real. El aumento de la deuda este año supone 243.888 millones de euros.

Yendo a capítulos concretos, que afectan directamente a las condiciones de vida de las masas, habría que señalar: los gastos destinados a cubrir las pensiones –el Estado destinará 127.484 millones para pagarlas, un 4.9% más; el gobierno incluye el incremento del 0.25% de revalorización de las pensiones, pero según el vaticinio del propio Ministerio de Economía, el IPC subirá el 1,5%, claramente superior a ese 0,25 que incrementan las pensiones. Si tenemos en cuenta la evolución real de los precios en España el incremento puede ser el de 2,9%, por tanto, estamos ante una pérdida muy significativa de poder de compra del conjunto de las pensiones–.

La Ley Reguladora del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, nombre de la reforma de pensiones, prevé dos vías de ajuste del gasto en pensiones: la primera acaba con la actualización anual basada en la evolución de precios y la ata a la situación de las cuentas de la Seguridad Social, fijando un límite máximo de 0,25%; la segunda vía de ajuste consiste en que se calcule la pensión inicial del jubilado teniendo en cuenta también la esperanza de vida a los 67 años. Esto, en la práctica, supondrá un ataque en toda regla a las condiciones existenciales de los y las pensionistas.

La factura final en pensiones en 2013 se acercará más a los 108.500 millones de euros. Dando por buena esta cifra y teniendo en cuenta el incremento del 5,4% de gastos en pensiones contributivas que el Gobierno ha calculado en 2014, el desfase final del próximo año entre lo presupuestado por el gobierno (112.102 millones) y la realidad puede irse hasta los 2.500 millones.

En cuanto al gasto para cubrir la situación de desempleo: el Estado destinará 29.727 millones a pagar a los desempleados, un 10% más de lo presupuestado inicialmente en 2013. Pero se da la circunstancia que crece el número de parados que agotan la prestación: 2.137.390 parados que ya no cuentan con ningún tipo de ayuda gubernamental. En realidad, la cuantía prevista para los desempleados se mantiene constante con respecto al gasto real ya que el ejecutivo ha inyectado en el 2013 un crédito extraordinario de unos 5.000 millones, que son computados como incremento para el presupuesto del 2014. Así tenemos, que mientras sube el número de parados, disminuye la cobertura hacia los desempleados, provocando la caída de amplios sectores de parados y paradas en la miseria y la marginación.

En el apartado de inversiones públicas: el gasto total en inversiones públicas representa casi un tercio que en el presupuesto de 2008.

La inversión en obra pública caerá en un 7,2%. Por comunidades las peor paradas serán Asturias con un descenso del 31,6%, Murcia 27% menos, y Cataluña 25,5% menos. En Canarias se pasa de 268,43 millones de euros a 255,56, un 4,8% menos.

Las inversiones reales se sitúan en 4.732 millones de euros, 10% menos. Como dato comparativo en el presupuesto del 2008 la inversión estatal fue de 14.000 millones de euros.

Lo que aumenta son las transferencias de capital, es decir, el dinero suministrado por la Administración para financiar las inversiones acometidas por entidades privadas, estas transferencias ascienden a 10.000 millones, un 20% más que el año pasado.

Las empresas estatales (AENA, ADIF) se quedan con un 6% menos de presupuesto, 17.310 millones. Los gastos en obra se van prácticamente todo en inversión en ferrocarriles de alta velocidad, 3661 millones, un tercio del total. Siendo esta esfera un espacio lucrativo de las grandes empresas que ha ido sustituyendo al negocio inmobiliario.

En conclusión, podemos señalar que los Presupuestos Generales responden a las exigencias con que el capital enfrenta esta crisis y sus consecuencias; un mayor ajuste en las cuentas, orientado hacia un ataque a los gastos sociales, recayendo sobre el conjunto de la clase trabajadora las consecuencias de la crisis, a fin de elevar la acumulación de capital para un nuevo ciclo productivo, situado éste sobre la privatización de las esferas públicas vinculadas hasta ahora a cubrir necesidades sociales de primer orden de los sectores populares, y segundo, incrementando en todas sus formas el grado de explotación de la clase obrera, devaluando hasta, en muchos casos, el límite de subsistencia el precio de la fuerza laboral. Los Presupuestos del Estado sitúan todos los esfuerzos y políticas de gastos e ingresos en la perspectiva de servir de instrumento y canal que permita la funcionalidad del estado burgués hacia ese nuevo ciclo productivo del capital. Estos presupuestos dejan, con clara evidencia, la participación plena y real del aparato del Estado como palanca económica y social en el mecanismo de explotación de la clase trabajadora.

Alexis Dorta