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La intervención social, a lo largo de la historia, ha ido tomando diferentes formas, dependiendo del momento histórico y de las relaciones sociales que se daban en esos momentos.

Estos modelos han sido: la caridad, la beneficencia, la asistencia social y, por último, el modelo de servicios sociales.

En el caso concreto de España, debido a sus características, este proceso tiene sus peculiaridades. Actualmente, persiste un modelo heredado de la dictadura franquista, que pone el peso en la asistencia y que se gestiona a través de asociaciones de corte católico provenientes de aquella época, a las que en la transición se le unieron movimientos sociales que tomaron la misma estructura.

Los llamados servicios sociales de base, gestionados desde el sistema público, nunca tuvieron en España la importancia que debieran tener. Se limitaban a la gestión y concesión de ayudas sociales o económicas, siendo totalmente subsidiarios y complementarios al sector privado. El llamado “sistema del bienestar”, que de por sí resultaría totalmente insuficiente a la hora de hacer frente a los problemas sociales generados por el propio sistema, y tan aclamado ahora desde ciertos sectores de lo social, nunca llegó a implementarse en España.

La gestión de la práctica totalidad de los servicios sociales se realiza, pues, por parte de entidades privadas (supuestamente sin ánimo de lucro) como son las asociaciones y ONG's, que en la práctica funcionan como empresas privadas. Estas entidades, algunas de las cuales nacieron en su día con afán más reivindicativo, no sólo han perdido su principal objetivo de visualización y presión al pasar a gestionar servicios, sino que funcionan, además, como elemento canalizador del posible descontento que pueda surgir en determinados colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad...). Los peligros que esto conlleva son evidentes, tanto para usuarios/as como para los/as profesionales de estos servicios.

Los/as profesionales de lo social que ejercemos dentro del sector privado, no tenemos un convenio unificado. Cada asociación u organización se adhiere a un convenio diferente. Como en otros muchos sectores, en la mayoría de los casos la categoría con la que nos contratan (normalmente la más baja), no se corresponde ni con nuestros estudios ni con las labores que realmente realizamos en nuestro puesto de trabajo.

Una de las cuestiones más peculiares de la gestión de servicios sociales por parte de asociaciones es que, además, no en todos los casos cubren los servicios con profesionales, sino que muchas veces lo hacen con “voluntarios”. “Voluntarios” a quienes en muchas ocasiones se les marca qué días y a qué horas acudir a hacer su labor, con lo que acaban cubriendo puestos de trabajo. No es raro que, a la hora de ir a solicitar un trabajo en el sector de lo social, te ofrezcan un “voluntariado”, te digan que sólo contratan personas que antes hayan estado de “voluntarios/as”, o incluso te ofrezcan un contrato en el que tienes que cumplir parte de la jornada como “voluntario/a” (bonito eufemismo para designar horas extras impagadas), situación que sufren especialmente los/as profesionales más jóvenes.

Y es que si, como se comentaba al principio del artículo, España tiene un modelo de intervención social básicamente asistencial, siempre ha contado con elementos que se dedicaban a la beneficencia y la caridad, modelos que se basan aún más en el voluntariado. En la actual situación de crisis, estos son los modelos de intervención social por los que se está apostando, atacando aún más el ya de por sí deficiente sistema de servicios sociales español.

Esto supondrá una destrucción aún mayor de puestos de trabajo en el sector, cubriendo los servicios mediante personas “voluntarias”, en muchos casos jóvenes que optan por ello ante la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo remunerado.

Y es que, con esto de la gestión de los servicios sociales por parte de las asociaciones y ONG's, los únicos que no nos lucramos somos profesionales y usuarios/as.

 

J.E.C.