Podríamos decir que la sanidad pública es un término “polisémico” pues tiene varios significados:
En primer lugar, para la clase trabajadora es una necesidad indispensable, puesto que lo que puede permitirse es un seguro que solo supla carencias o sirva de atajo ante atenciones puntuales que o se resuelven o la sanidad privada las deriva a la pública que tiene la capacidad real.
Porque para la sanidad privada la sanidad pública significa una oportunidad de negocio con la salud de las personas, existe por y para los beneficios no para la atención de las personas. Por eso la estrategia de ofertar un seguro barato en el que captar al mayor número de personas y conforme la sanidad pública se va deteriorando suben los precios o reducen la oferta de servicios.
El actor que permite el negocio de la privada son los partidos políticos de los distintos gobiernos y CCAA para los que la sanidad pública es solo una promesa electoral pues prometen todos defenderla, pero no derogan las leyes estatales 15/97 y la Ley general de sanidad 14/1986 que permiten el negocio privado y el trasvase de fondos públicos hacia las empresas privadas.
Un ejemplo de todo esto es el modelo Alzira a partir del cual varios hospitales del País Valenciano se conceden a empresas privadas. Una vez esta concesión acaba, con la legislación mencionada anteriormente se puede volver a privatizar, que es justo lo que pretende ahora Vox presentando mociones para que los hospitales que volvieron a la gestión pública, como el de Torrevieja o el de la Ribera, privatizarlos.
Pero no solo sucede en el PV, hay más medidas privatizadoras, la Junta de Andalucía pretende derivar las consultas de Atención Primaria a empresas privadas, o que las empresas privadas utilicen los recursos públicos para por ejemplo realizar procedimientos quirúrgicos.
Tratándose de una CCAA que invierte fondos de la UE en construir hospitales públicos para que después sean las empresas las que se lucren. Y es que este es el modo de funcionar que desde la Comisión Europea quieren que España actúe, recortes en el presupuesto de la sanidad pública y concesiones a la sanidad privada.
Si esto no fuese poco, la Junta de Andalucía publicó el 4 de agosto un convenio de colaboración para potenciar la colaboración sanitaria en las incapacidades laborales, o lo que es lo mismo que las mutuas realicen seguimiento de las bajas laborales, esto no es solo darle negocio a la privada, es darle nuestra información y además pretenden servir en bandeja nuestra salud y tratamiento para controlar el retorno a la cadena productiva.
Siendo además un momento en que la patronal pretende crear un historial clínico único, para todo el Estado Español y que tengan acceso todas las aseguradoras privadas. Esto no lo hacen con deseo de mejora, sino con el objetivo de que se vuelque toda la información de la sanidad pública.
Sucede que mediante el argumento de la libertad de elección y enarbolando el derecho de la persona de que es su historial, lo que en realidad esconden es un paso más hacia la privatización, a que nuestro estado de salud es una información que pueda pasar de ser de un sufrimiento, un malestar, a una letra y después a un precio con el que hacer negocio.
Esto es muy peligroso, porque hablarán de que hay una ética y una privacidad en el manejo de la información, pero no se puede ser ingenuo y esperar escrúpulos de las empresas privadas que en plena pandemia mundial se han dedicado a estafar y lucrarse a costa de nuestra salud e incertidumbre.
David Martínez Tenza
