El pasado junio se aprobó el “Estatuto del becario”, que entra en vigor en enero de 2024, acordado con los sindicatos del pacto social, con la patronal y Universidad en contra. Estas medidas se supone regularán contra el abuso de los estudiantes de prácticas, limitando, así, sus horas de prácticas, y el número de estudiantes. Junto con la cotización por becario aprobada en la reforma de las pensiones, desde el 1 de octubre de 2023, los becarios tienen derecho a cotizar, pero entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
Los rectores de la Universidad piden que no se aplique, y que se apruebe una moratoria, pero la realidad de la aplicación de esta medida es que la Universidad y los centros de formación, que hacen negocio con las prácticas del estudiantado y tienen que garantizar las curriculares, no tienen ningún poder de negociación frente a las empresas, con cada vez más poder en nuestra educación.
Los centros de prácticas han conseguido que numerosas universidades, y centros de FP asuman la cotización por estudiante de prácticas, presionando al alumnado con que si su centro no asume la cotización, no podrá realizar las prácticas. Las matrículas de centros de FP privados han aumentado, previendo ese gasto, y las de la pública lo harán años posteriores, posiblemente.
Tenemos claro el negocio que suponen las prácticas, y que, por supuesto, no deberíamos tener que pagar por trabajar para terminar nuestra formación, al igual que reivindicamos una educación para nuestra clase, a la que podamos acceder sin que medien becas, ni años de ahorro, una educación accesible para la clase de extracción obrera y popular.
Esta nueva medida, lejos de ayudar al estudiantado a reafirmarse con más derechos en su situación de prácticas, contribuye a la desvalorización de la fuerza de trabajo, ya que asistimos a un desprecio total por parte de las empresas en las que vamos a trabajar, (primera experiencia laboral para algunos) de negarse a cotizar por nuestro trabajo, trabajo que hemos pagado para poder realizar.
Esta medida nos prepara para la vida laboral que quieren que llevemos, cada vez con menos derechos, y nos enseñan desde las prácticas la normalidad de que la empresa para la que trabajamos no quiera cotizar por nuestro trabajo.
Una medida más que fortalece a las empresas y somete la educación pública, una medida que, cubierta de progresismo, agrede a la juventud de extracción obrera y popular, que tiene que asumir indirectamente su propia cotización de la seguridad social.
Es muy grave la cantidad de jóvenes que durante este curso recibirán el mensaje de que es normal que las empresas no quieran cotizar por su trabajo, ya que el movimiento estudiantil, hasta el momento no ha tenido capacidad de posicionarse frente a esta situación.
Es el momento de trabajar desde los centros de estudio contra el ataque a nuestras condiciones de vida y trabajo, acercarnos a una juventud descontenta y desvalorizada a partes iguales, que, absorbida por una falta de futuro, no contempla la fuerza de la organización contra un sistema que destruye nuestra capacidad y roba nuestra fuerza de trabajo.
Debemos aprovechar este nuevo golpe contra nuestra clase en el ámbito educativo para llevar nuestras posiciones, llevar este artículo a los centros, llevar la conciencia comunista sobre nuestra valía en el sistema capitalista a una generación regada por el determinismo socioeconómico y las medidas de la socialdemocracia, que da bonos culturales, o descuentos en los viajes en verano, para encontrar simpatía entre la juventud.
Nos dan descuentos que no pedimos para alejarnos de las exigencias revolucionarias de la lucha de clases, esas exigencias que la Juventud Comunista llevamos por bandera y seguiremos llevando a los centros de estudios, institutos, universidades y FP.
Edurne Batanero
