Mientras el pasado 8 de diciembre en la España de charanga y pandereta las televisiones públicas y privadas enardecían a las masas comunicando que en los centros de las grandes urbes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc.) “no cabía ni un alfiler entre la muchedumbre”, en su mayoría clase media ávida de consumo demencial y presa de vacío existencial, en el Consejo de Seguridad de la ONU, con los pies hundidos en el fango hediondo de la dramática realidad, tenía lugar la presentación de un proyecto de resolución para imponer un alto al fuego inmediato en Gaza, y así posibilitar la vital ayuda humanitaria al masacrado pueblo palestino. Efectivamente, Emiratos Árabes Unidos en nombre de los países árabes de la organización internacional y copatrocinado por un centenar de países, entre ellos España, había elaborado un texto que ese día sometía a votación en un Consejo de Seguridad formado por 5 miembros permanentes con poder de veto (China, EE.UU, Rusia, Francia y Reino Unido) y por otros 10 no permanentes. Trece países votaron a favor del documento presentado, uno se abstuvo, Reino Unido, y solo uno votó en contra de la humanitaria resolución, Estados Unidos. Por tercera vez el imperialismo norteamericano con su voto negativo se pronunciaba por la devastación y la muerte, es decir porque continúe el genocidio palestino a manos del abyecto sionismo. La primera fue el lunes 16 de octubre frente una propuesta de resolución presentada por Rusia, y la segunda, dos días después, ante otra sometida por Brasil a votación del Consejo.
Denuncia contundente
Nada sorprendente teniendo en cuenta las trayectorias delictivas de Estados Unidos y su fiel aliado sionista a lo largo de numerosas votaciones en el seno de la ONU. Y que según la politóloga y periodista norteamericana Phyllis Bennis, especializada en Oriente Medio y las Naciones Unidas, “es una práctica de Estados Unidos que veta allí donde puede hacerlo y peligran sus intereses, pero también conminando a terceros países donde no puede hacerlo, como en la Asamblea General o en la Consejo de Derechos Humanos”. Así, por ejemplo, entre 1946 y 2016 Estados Unidos ha utilizado el veto en 79 ocasiones, y desde 1972 más que cualquier otro miembro permanente. En algunos casos, utilizados en conflictos de particular trascendencia política y humana, como los de la demanda de ingreso en la ONU de la República Socialista de Vietnam, el de la denuncia del Apartheid en Sudáfrica o el referente a “la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina”, vetada por EE.UU desde 2001 a 2011. Mención aparte merece, por el impacto dañino que tiene en la vida del pueblo cubano, el caso de las numerosas resoluciones presentadas por Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el criminal “bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto unilateralmente por Estados Unidos durante más de seis décadas a la patria de Fidel. Efectivamente, desde 1992 la Asamblea General viene pronunciándose abrumadoramente en contra de ese atentado terrorista al derecho internacional. La última vez, el pasado 2 de noviembre, en el que 187 miembros de la organización votaron a favor del fin del bloqueo. Sólo EE.UU e Israel, como en anteriores votaciones, se pronunciaron por el mantenimiento de la criminal medida, cuyo objetivo, en palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, es “anular la capacidad del gobierno de Cuba para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional. Un acto deliberado de guerra económica en tiempos de paz (…), un acto de genocidio”. Que como el que se está perpetrando en Palestina, exigen nuestra denuncia más contundente y la solidaridad total con sus pueblos heroicos.
José L. Quirante
