El 4 de octubre ha finalizado la semana de huelga del metal de Bizkaia, sumando ya 10 días de huelga. La convocatoria ha sido un éxito, los trabajadores y trabajadoras del metal de Bizkaia paramos la producción durante una semana, y llenamos las calles de Bilbao y otros pueblos obreros durante una semana de movilizaciones.

 

La importancia de este sector en un territorio históricamente industrial como Bizkaia no es para menos. Uno de cada 9 trabajadores de Bizkaia estamos empleados en este sector, en el que, como la propia patronal (FVEM) se enorgullece de decir, han aumentado año tras año los beneficios. No es igual la situación que sufrimos los y las trabajadoras del sector, que respecto a 2003 que fue el año en el que se firmó el último convenio hemos perdido salario año a año por la subida del IPC. La patronal, aunque como consecuencia de esta nueva convocatoria de huelga y el éxito de la anterior, ha ofrecido una leve subida salarial, ésta sigue suponiendo aceptar ganar menos que hace 10 años.

El título del artículo es la pintada que hay - o había - en la sede de los sindicatos de la Universidad Politécnica de Valencia. Se constata en este ERE de Solvia que los sindicatos que se autoproclaman de clase no solo ya no lo son, sino que temen a las trabajadoras y trabajadores que dicen representar. CCOO y UGT han firmado un ERE en el que despiden a 151 personas sin realizar ni una sola asamblea en los centros de trabajo, de Alicante al menos (uno de los núcleos de personal más grande). Han firmado un ERE sin realizar NINGUNA movilización en un sector tan sensible a ellas, donde los bancos temen a su daño reputacional, así lo llaman ellos, como al demonio.

A 102 años de la Revolución Bolchevique de Octubre

En la izquierda, y especialmente en las organizaciones comunistas, el debate sobre el tipo de organización que necesitamos viene de antiguo. Probablemente nos venga a la cabeza el “¿Qué hacer?” de Lenin, ya que muchos de los debates que entonces abordó el revolucionario ruso siguen vigentes hoy día: quién puede ser miembro del Partido, democracia interna, unidad de acción de la organización, etc. Estos elementos, que fueron resueltos en el movimiento comunista y extendidos en forma de principios organizativos, vuelven a cuestionarse una y otra vez: desde los debates en el interno del PCUS en varios momentos clave de su historia, hasta las actuales fórmulas propuestas por la izquierda posmoderna, pasando por las revisiones que cuajaron en varios PPCC en forma de “eurocomunismo”.

El capital continúa con sus ajustes en materia laboral con la intención de recuperar unos beneficios brutos y netos que satisfagan su insaciable voracidad.

Con la aprobación por parte de los gobiernos del PP-PSOE, al servicio éstos del capital, de las diferentes leyes laborales con las cuales se daba carta blanca a la patronal en materia de contratación y despido, al tiempo que aprobaban leyes de carácter intimidatorio y represor, con el objetivo de impedir que la clase obrera ejerciera sus derechos a la protesta y desobediencia.

Tras la aprobación de las leyes laborales y la ley mordaza, la patronal ya disponía de las herramientas adecuadas para poder seguir diseñando sus planes económicos en los que para nada tiene cabida cualquier petición o reivindicación de la clase obrera.

Son estas leyes las que posibilitan el que los contratos que hoy se pactan entre el obrero y patronal no garanticen un trabajo más allá de unos pocos meses con salarios que jamás superan los 1000 €, salarios con los que la clase obrera no garantiza el cubrir las necesidades vitales.

Un nuevo ejemplo de patronal envalentonada nos hemos encontrado este verano en la isla de Gran Canaria a cuenta del conflicto laboral entre la plantilla de la empresa de helados Kalise y sus propietarios.

Todo arranca a finales de 2018 cuando el comité de empresa denuncia el actual convenio para negociar uno nuevo. Es en junio de 2019 cuando la plantilla presenta la propuesta de nuevo convenio a la dirección y esta dice que hasta el 17 de septiembre no se sienta a negociar. Hablamos del convenio actual que mantiene unos salarios miserables que no han cambiado desde hace diez años y que da pie a unas jornadas laborales interminables.

 

Hoy en día ya ni siquiera tener trabajo es garantía de no ser pobre. Los dueños de las empresas no tienen límite a la hora de explotarnos, no les vale que trabajemos todos los días de la semana por un salario que nos llega a duras penas para pagarnos la vida y volver a estar en el tajo al día siguiente: ganarnos la vida lo llaman. En su necesidad de seguir ganando más y más de nuestro trabajo escatiman todo lo que pueden en prevención de riesgos laborales provocando lo que ya hace años conocemos: la clase trabajadora pone los muertos, pero son ellos quien se llevan los beneficios.

[Prosigue desde el mes anterior...]

La idea vulgarizada que a diario se nos presenta desde distintos medios de comunicación retrata la precarización laboral de la clase trabajadora como una imagen asociada al sector privado, permaneciendo el colectivo de los trabajadores públicos como un reducto de derechos, mejores sueldos y empleos asegurados. La realidad es muy distinta. En la última década, aunque viene de lejos, la pérdida de empleo y salario , el aumento de las cargas de trabajo , la privatización y/o externalización de servicios y el notable incremento de la temporalidad han llegado a unos niveles que empiezan a escandalizar incluso a las propias instituciones del sistema que antes las provocaron. En esta situación ni siquiera es posible defender el principio de independencia en el desarrollo de su función por parte de un empleado público cada vez más amenazado.

 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del año 2018, el Estado español cuenta con unos 3.200.000 trabajadores públicos distribuidos entre las distintas administraciones. De ellos más de 850.000 son temporales o interinos. La tasa de temporalidad en el sector público ha superado desde 2015 y por segunda vez en veinte años a la del sector privado, situándose por encima del 26%. Casi la mitad de estos trabajadores y trabajadoras interinos superan en la actualidad los 50 años de edad, una situación que añade al riesgo laboral de todos ellos el riesgo de exclusión social.

-Conflicto en el sector del transporte público de Alicante-

El pasado 11 de julio (tras cuatro meses de la asamblea que el comité convocó para ratificar el acuerdo alcanzado con la empresa), un grupo de compañeros convocamos una asamblea, tras haberle pedido a CC.OO que la hiciera, para explicarnos las enormes diferencias entre lo dicho y lo firmado en el convenio.

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