…Y revisen sus peticiones, con una perspectiva más realista de la situación económica actual y coherente con los convenios que se están firmando en nuestro entorno.”

Así termina el comunicado1 que el pasado 14 de diciembre sacaba la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) para acusar a los sindicatos por estar “bloqueando la negociación del convenio”. Como siempre la patronal pidiendo responsabilidad para que como siempre (o casi siempre) los sindicatos se traguen ese anzuelo.

La lucha por un convenio digno para el sector del Metal de Bizkaia, que afecta a cerca de 56.000 trabajadores y trabajadoras, sigue con las espadas en todo lo alto tras la última tanda de huelgas a finales de noviembre de 2022. Los sindicatos llegan divididos. Por un lado, CCOO, UGT, LAB plantean retomar las protestas y un calendario de huelgas. ELA por otro pide desde ya una huelga indefinida.

La de Bizkaia está siendo una de las tantas luchas del sector del metal que hemos vivido en este 2022 por la mejora del convenio provincial. A finales de 2021 asistimos a la lucha intensa del sector del metal de Cádiz, donde los trabajadores y trabajadoras dieron ejemplo de organización y lucha, y pudieron extender las movilizaciones más allá de su sector. Esta lucha, también hay que decirlo, fue duramente reprimida por la policía, que siguiendo instrucciones de las formaciones políticas al servicio de la burguesía, llegó a sacar a la calle una tanqueta que vimos por las calles de Puerto Real. La misma policía, con las mismas instrucciones, que terminó deteniendo a varios trabajadores a los pocos días de la finalización de estas movilizaciones. En Junio de 2022 se desarrolló la lucha del metal de Cantabria y también durante este 2022 tuvimos conflicto y negociaciones en Barcelona, Madrid, y otras provincias. En todas ellas, la subida de salarios conforme al IPC fue una de las reivindicaciones comunes.

Según la prensa burguesa, las subidas salariales acordadas en la firma del convenio fueron las siguientes:

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO siguen tendiendo la mano a la patronal en la búsqueda de un acuerdo para la subida del SMI. Unas centrales sindicales sin ninguna ambición de movilización y lucha obrera desde hace 40 años que solo buscan pactar cuatro migajas engañando al conjunto de la clase obrera y que no surjan explosiones de lucha en la calle. En una nueva vuelta de tuerca más para el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, estos sindicatos - en los marcos de negociación del salario mínimo y en vistas a alcanzar un acuerdo en el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) – plantean a la patronal que dicha subida se produzca en una forma de “salario diferido”, es decir, que ésta se traduzca en complemento para los planes de pensiones de empleo (PPE), planes que abren la puerta a la privatización del sistema público de pensiones. Esto supone que entidades gestoras (como bancos, sociedades, fundaciones, también sindicatos) gestionen el dinero de la clase obrera directamente a su parecer. Vendido como fondos intocables para el futuro trabajador o trabajadora pensionista, lo que supone en la práctica es que bancos, fondos de inversiones, etc de los que son partícipes en sociedades o fundaciones, dispongan de un nuevo fondo dinerario cuantioso.

Pero… ¿de qué Estado se trata? Con el cinismo y la hipocresía que le es habitual, el gobierno socialdemócrata, ha logrado que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para este próximo año de 2023, con el apoyo de las burguesías periféricas, presentándolos como unos presupuestos enfocados eminentemente en lo “social” dado el caos económico en el que se haya inmerso el conjunto del estado y cuyas consecuencias más negativas y perjudiciales recaen en los de siempre, en la clase obrera y sectores populares.

Contestando a la pregunta que se plantea al inicio de este artículo, de qué Estado se trata, traemos la definición dada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, donde sitúa que “El Poder en el Estado moderno, es tan sólo un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa”. Puesto así, se puede comprender con relativa facilidad que, como objetivo primordial, estos presupuestos están enfocados en gestionar los intereses de la burguesía, en todos los ámbitos donde esta clase parasitaria ejerce su dominación.

En la actual situación de aguda crisis del sistema capitalista, con la burguesía española -y las periféricas, también- embarcada en la aventura belicista del imperialismo liderado por los EEUU, ésta necesita gestionar unos presupuestos que, por una parte, cumplan con las exigencias impuestas por la OTAN y Bruselas, y por otra, traten de mitigar con migajas la enorme fractura social que tal crisis provoca, con depauperación a marchas forzadas de la clase obrera y demás sectores populares. De este modo, estos presupuestos contienen medidas pretendidamente sociales, como una subida de las pensiones del 8,5 %, una subida del salario de los empleados públicos del 2,5 %, la extensión a 2023 de la gratuidad del servicio de Cercanías, la prórroga del bono de alquiler joven y poco más.

Este tipo de contrato que, por cierto, no es nuevo en el ordenamiento laboral del estado español, ha sido uno de los elementos estrella que la reforma laboral del gobierno socialdemócrata (PSOE-UNIDAS PODEMOS) utilizó para, por un lado, engañar a la clase obrera con unas supuestas mejoras, y por otro, adecuar el mercado laboral a las necesidades actuales de la patronal y, ya de paso, maquillar las cifras del paro en el Estado.

El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado laboral, fue la conclusión de un proyecto de la socialdemocracia que comenzó con un “derogaremos las reformas laborales anteriores” y terminó en un lamentable calco de las anteriores con unos retoques que de ningún modo han venido a cubrir las necesidades que la clase obrera tiene respecto a estabilidad en el empleo. De esta forma, el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva redacción dada por la citada reforma laboral, define el modelo de contrato “fijo-discontinuo” como aquél que, siendo un contrato indefinido, tiene la particularidad de que la actividad laboral se lleva a cabo de forma intermitente en el tiempo. Esto es, existe una discontinuidad en el ejercicio del trabajo, que se suspende y se activa en función de la época del año, como puede ser los meses de verano o navidad. Esta norma establece una serie de requisitos para la formalización de este tipo de contratos, como que “se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.”

Son como los perros de presa: una vez que les hemos dejado morder las pensiones, no las quieren soltar hasta que estén a gusto de la UE, la banca y la patronal. Cuando hablamos de que “son”, nos referimos a todos aquellos que en lugar de defender un sistema equitativo y solidario, nos venden la necesidad de “retocar”, por no decir recortar, las pensiones para que éstas sean sostenibles.

O les quitamos las pensiones de la boca, o nos quedamos sin ellas, metiendo nuestros ahorros en planes privados que harán ganar dinero a la patronal, pero descapitalizarán a la clase obrera.

Vamos a intentar acabar con algunos de los mitos que se usan insistentemente para justificar la prolongación de la vida laboral, el computo de años necesarios para poderse jubilar o el incremento de la pensión si prolongas más allá de la edad de jubilación.

1.- El gobierno, la oposición, los sindicatos y la patronal, todos saben que la esperanza de vida no es igual según qué profesiones; de hecho, y sin realizar ningún estudio en University of Colorado, podemos asegurar que un albañil, una limpiadora, un camionero no llegan a la edad de jubilación con el mismo estado físico que un abogado o juez, un senador, un profesor universitario o un policía local (aunque estos últimos pueden jubilarse a los 59 años).  Es decir, dependiendo de la profesión tendrás una calidad de vida y por tanto una esperanza de vida.

Según el INE (que para Ayuso debe de ser un nido de comunistas) la esperanza de vida crece porque disminuye la mortalidad infantil, y como esto es una media, cada niño/a que no muere o joven que no se accidenta, hace incrementar la esperanza de vida, aunque nos muramos a la misma edad. Es como lo de la cena donde está el Gobierno, la patronal, los sindicatos y el obrero. Sacan dos 2 pollos: el gobierno se come uno, la patronal y los sindicatos se comen otro y el obrero se queda sin cenar, pero la estadística dirá que nos hemos comido medio pollo cada uno.

Ver las estadísticas de accidentes de trabajo asusta y encoraja: 84 muertos más que el año pasado de enero a septiembre, 623 muertos a fecha 30 de septiembre de 2022 [1], 6.781 en los últimos 10 años.

Obviamente, las provincias donde más muertos hay son aquellas en las que más población vive, pero llaman la atención los accidentes mortales en Murcia y Pontevedra, que se colocan en 3º y 5º lugar de ese dudoso ranking.

La región murciana, con 1.518.486 habitantes (datos de 2021), tiene más muertos que la provincia de Valencia, que tiene 2.541.000 habitantes. Y Pontevedra, con 942.000 habitantes, lleva 29.

Los porcentajes son escandalosos. C.A. Murcia: 34 muertos, 2,24 por cien mil habitantes; Pontevedra: 3,07 por cien mil habitantes.

Si reducimos a la población activa, el número prácticamente se duplica. Murcia tiene una población activa de 749.000 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social es de 603.056. Y Pontevedra 432.000 personas activas, de las cuales 356.984 estaban afiliadas a la Seguridad Social en septiembre 2022.

Con estos datos, acudiendo a las personas que están efectivamente trabajando, los índices serían los siguientes: Región de Murcia: 5,64 muertos en accidente por cada cien mil trabajadores; Pontevedra: 8,12 muertos en accidente por cada cien mil trabajadores.

Nada en contra de estas comunidades o provincias, el tomarlas como ejemplo es sólo por la incidencia respecto a un número de afiliados relevante. Obviamente, un solo accidente mortal en una provincia con poca población desvirtuaría el porcentaje, pero es que en el caso de los dos ejemplos tomados, los números absolutos de fallecidos copan la triste estadística nacional.

Otro tema a tratar son los sectores donde se producen estos accidentes. La peligrosidad de algunos sectores es mucho más alta que en otros; no hay que obviarlo, aunque las nóminas a fin de mes no reflejen esa peligrosidad más que de forma testimonial. No existe el riesgo “0”, es verdad; pero de ahí a lo que se vive hay un trecho que el capital no va a cerrar porque no le interesa.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, muestran que a 31 de diciembre del 2021, un 20,3% de los pacientes en espera de una intervención llevaban más de seis meses esperando; el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica era de 123 días; un 52,2% de los pacientes tenían una fecha asignada para ver por primera vez al especialista superior a los 60 días, y la lista de espera para tener cita para el especialista era de 87 días.

Lo anterior unido a una desastrosa gestión para acudir a Atención Primaria, la implantación de unos sistemas digitales que se convierten en un obstáculo insalvable para una parte de la población de más edad o simplemente para quienes no tienen recursos para tener internet, la privatización encubierta que se lleva a cabo a través de hospitales y clínicas concertados y, así, un largo etc., nos hacen ver que el interés del estado no es precisamente mejorar las condiciones de acceso a la atención médica, tanto primaria como especializada y, en todo caso, centrando este interés en fomentar el paso del sistema público a manos privadas, con lo que ello conlleva, pues se pasa del interés general de la población a la obtención de beneficios, convirtiendo la salud en una mercancía más, cosa además acorde con la lógica capitalista.

Sólo unos datos para mostrar cuales son los objetivos e intereses que persiguen los distintos gobiernos de turno, ahora PSOE-UNIDAS PODEMOS. Este “progresista gobierno” dedica en este año de 2022 el 1,44% de su Presupuesto a Sanidad, lo que supone un gasto de 6.606 millones de euros, cantidad esta menor en un 9.88% respecto al 2021. Esto es, en un momento en que millones de trabajadores y trabajadoras en el estado español sufren y soportan un encarecimiento desbocado de todos los bienes básicos: Electricidad y gas, alimentación, vivienda y demás, con una inflación galopante que ya supera el 10% y cuyos salarios e ingresos, como las pensiones, no están siendo actualizados y equiparados a este encarecimiento, el gobierno decide gastar menos en algo tan esencial como lo es la Sanidad Pública. En otras partidas, como Educación, solo dedica el 1,09% de los Presupuestos Generales para 2022, sólo dos centésimas más que en el 2021.

En las manifestaciones del 1º de Mayo los sindicatos, para animar a los asistentes y continuar diciendo una cosa y haciendo la contraria, lanzaron la consigna de “SALARIO O CONFLICTO”, y a principios de junio iniciaron una campaña entre sus delegados y delegadas, también en los medios de comunicación, (a las empresas ni han venido ni se les espera) explicando que iban a pedir aumentos salariales y, si la patronal no cedía, habría conflicto.

“La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la «absoluta legitimidad» de los sindicatos para convocar «cuantas movilizaciones estimen convenientes» para exigir una subida salarial a la patronal. CCOO y UGT han iniciado una campaña de movilizaciones, bajo el lema ‘Salario o conflicto’, para tensionar las mesas de negociación de los convenios colectivos y forzar a las empresas a pactar subidas salariales. Además, los sindicatos han prometido seguir con esta estrategia durante el otoño.” Fuente: El independiente, 11-07-2022

Estamos en otoño y nos encontramos con la firma de un Acuerdo Gobierno-CCOO-UGT, para la subida salarial de los funcionarios, subida que debería servir de impulso para cerrar convenios que están bloqueados. Pero para nuestra sorpresa, teniendo una Vicepresidenta que defiende el derecho de los sindicatos a convocar movilizaciones, la subida para el 2022 es de un 3,5 % cuando el IPC está en el 10,5. Es decir, firman la pérdida de 7 puntos del poder adquisitivo de 2.717.570 empleados públicos, ni más ni menos que el equivalente a una paga extra. En un artículo de este número de Unidad y Lucha se analiza con mayor detalle el citado acuerdo.

Si tenemos que colocar un adjetivo a la decimosegunda Marcha Obrera, este puede ser el de la coordinación estatal. Por primera vez en su historia, la fecha elegida coincidía de manera consciente con una movilización estatal; en este caso la iniciativa que el 15 de octubre de 2022 en Madrid convocaban diversas plataformas y coordinadoras de pensionistas de todo el estado.

Meses atrás, en reunión del Espacio de Confluencia de Gran Canaria (EdC), que es la plataforma unitaria que organiza la Marcha (y en la que estamos desde su creación el PCPC), uno de sus miembros, la asociación en defensa de las pensiones públicas de GC,  había propuesto esta fecha. Por unanimidad fue aceptada.

La temática se centró, además de en la revalorización de pensiones y salarios, en el robo que está suponiendo a la clase obrera la subida desorbitada de precios de alimentos, luz y combustibles, alquiler de vivienda e hipotecas, etc. El lema ideado fue un acierto: “A la calle, nos están robando la vida”. Este lema permitió sintonizar con el pueblo a la hora de la difusión de la Marcha. En la pegada de carteles, de pegatinas, de cartones en farolas, enseguida se acercaban algunos vecinos y vecinas a preguntar, a opinar, a sacar fotos a los carteles y a compartir en sus redes sociales; incluso pequeños comerciantes que lo están pasando mal también participaban.

Una buena campaña del equipo de medios de comunicación nos permitió penetrar con espacios cortos en emisoras y televisiones de gran audiencia en nuestra isla.