En las sociedades capitalistas, las instituciones existentes obedecen a los intereses de clase de la burguesía, de hecho, son instituciones suyas. Dentro de estas instituciones se encuadran los juzgados y los diversos organismos de la administración estatal que regulan las relaciones laborales: juzgados de lo social e inspección de trabajo, entre otros y que, en caso de surgir un conflicto de intereses entre trabajadores y patronos, intervienen a modo de supuestos árbitros imparciales. Todo ello, bajo el paraguas del derecho burgués.

Y estas instituciones tienen su calado entre la clase obrera. No resulta nada extraño -es más bien lo habitual- que sólo cuando surge un problema de orden laboral, llámese despidos, ERE, incumplimiento de convenios, etc., es cuando la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores sienten la necesidad de acudir a una organización sindical para que, a través de sus asesorías jurídicas, gestionar esos problemas en sede judicial o ante la inspección de trabajo.

Pero ¿está la solución a los problemas, que tiene la clase obrera respecto a su relación laboral con la patronal, en estas instituciones?

Naturalmente, no vamos a negar que hay que presentar batalla, ante los desmanes de los patronos, en todos los escenarios posibles, entre los que se encuentran los juzgados, centros de mediación y arbitraje, inspección de trabajo..., etc. Pero el colapso que actualmente sufren estas instituciones, hacen que sus resultados lleguen muy tarde -pueden tener una demora de entre diez meses y dos o tres años- por lo que no solucionan eficazmente el problema del trabajador/a cuando lo necesitan.

 

Una vez más los aparatos del estado burgués legislan con intención de favorecer los intereses de la oligarquía, profundizando la brecha económica que sitúa a la clase obrera y capas populares en precariedad y marginalidad. En esta ocasión a cuenta y en detrimento del sistema público de pensiones y para favorecer los fondos privados de pensiones.

El gobierno socialdemócrata del PSOE-UP, al servicio de los intereses del capital oligárquico, ha reunido a la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y ha aprobado una serie de medidas que como objetivo principal tienen el asegurar que la oligarquía financiera, la del estado y la foránea, no vean resentidas sus ganancias y si es posible, que las aumenten engordando sus cuentas de resultados.

El Pacto de Toledo fue el documento que la burguesía colocó allá por 1995 en el Congreso de los Diputados para supuestamente analizar los problemas del sistema de la seguridad social y proponer las principales reformas que había que emprender. Detrás de esta palabrería se pretendía crear una herramienta cuyo objetivo es principalmente privatizar el sistema público de pensiones, un potencial “negocio” para muchos que en 2019 movió 134.629 Millones de Euros1.

En estos días nos han salpicado las noticias sobre la explotación en la agricultura. En este país tan europeo y avanzado se explota hasta niveles cercanos a la esclavitud. Sin contratos, sin convenio, sin ninguna garantía.

Son jornaleros y la mayoría inmigrantes, porque los españoles no quieren trabajar. O eso es lo que nos dice el capital. Que hay gente que no quiere trabajar como esclavo.

Mientras tanto, nuestra Constitución (la intocable) reconoce el derecho al trabajo pero no lo garantiza, porque el capital necesita bolsas de parados para presionar a quienes sí tienen trabajo. El ejército industrial de reserva que decía Marx: “en épocas anteriores a la implantación del sistema capitalista, el desempleo estructural a escala masiva raramente existía, aparte de aquel causado por desastres naturales y guerras. De hecho, la palabra «empleo» sería un producto lingüístico de esta era.

Un nivel permanente de desempleo presupone una población obrera ampliamente dependiente de un sueldo o salario para la supervivencia, sin posibilidad de otros medios de vida. Así como también el derecho de los capitalistas o empresarios de contratar y despedir empleados de acuerdo con condiciones económicas o comerciales (precariedad laboral)”

Desde el comienzo de la crisis de la Covid-19 hemos visto como desde la patronal de Hostelería se exigían al gobierno medidas para evitar el golpe económico que suponía el cierre total o parcial del sector. Ya en marzo la ministra de Trabajo, con el beneplácito de la patronal y CCOO-UGT, puso a disposición del sector los ERTE de Fuerza Mayor, gracias a los cuales la patronal dejaba de pagar los salarios y cotizaciones de sus empleados/as, mientras los trabajadores/as pasaban a cobrar el 70% de su sueldo (del “oficial”). Eso en caso de cobrarlos, porque hemos visto infinidad de casos en los que se ha tardado meses en cobrar los ERTE.

 

Ante la situación en las condiciones que las/os empleados en el sector del manipulado de frutas y hortalizas de la agricultura Almeriense, llevan a cabo el desempeño de su trabajo, condiciones que lejos de ser el reflejo de la vendida y manipulada imagen de prosperidad y riqueza general que se proyecta del modelo agrícola almeriense, los trabajadoras/es del manipulado sufren junto a los/as jornaleras/os ,en primera persona la sobreexplotación de un empresariado, que oculto tras la romántica imagen de aquel campesino que labrara su terruños de tierra moría abrasado o congelado por las intemperies climáticas a las que tenía que hacer frente para poder sobrevivir. Hoy la agricultura en general ,pero especialmente el modelo almeriense basado en el continuado ciclo de producción ¨producción intensiva¨ para lo que se han desarrollado técnicas y se han puesto medios mecánicos al servicio del modelo que ha superado todos los conceptos históricos del campesinado.

Ante las movilizaciones anunciadas por UGT para el próximo 19 de diciembre por una pretendida defensa de la industria gaditana, haciendo un llamamiento a la "sociedad en general", desde la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz expresamos nuestro más profundo rechazo a tales maniobras por parte de quien -en este caso, UGT- es culpable en gran medida de la lamentable situación en la que se encuentra no ya sólo la industria sino todos los sectores productivos de la provincia de Cádiz. La trayectoria de UGT y sus “socios” de firmas de pactos y acuerdos (sin tener que remontarnos muy atrás, ahí está la firma del Pacto de Toledo), alineándose con los sucesivos gobiernos y la patronal, es larga y siniestra, demostrando que su función ha sido la de desmovilizar las luchas reivindicativas en aras de una supuesta “paz social” que solamente ha traído cada vez más explotación y pobreza entre la clase trabajadora.

O implantamos el modelo inglés o el Sistema Público de Pensiones va a la ruina, es un sistema insostenible.

Es la cantinela con la que machaconamente nos abruman desde la aparición de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Y el modelo inglés transita por el mismo camino de lo que ya conocemos. Pretende librar enormes cantidades de dinero hacia los fondos de rapiña en base, por un lado, a miserabilizar el Sistema Público de Pensiones y, por otro lado, en desajustar y desestructurar todavía más a la clase trabajadora.

Han inventado, ¡faltaría más! “en beneficio de la clase trabajadora”, lo que llaman el segundo pilar de las pensiones, un complemento a la pensión pública. Pilar transformado en aportación gigantesca - una mina de oro- a la Banca y otros fondos filibusteros: 90.300 millones £ en Inglaterra en 2017.

El desarrollo de las modernas innovaciones tecnológicas, como la robotización en casi todas las áreas de la producción y de los servicios, tienen inevitablemente su repercusión en  el ámbito laboral. Los trabajos manuales y las tareas repetitivas han sido los primeros que se han visto afectados por la automatización, aunque los avances en materia de Inteligencia Artificial apuntan a que se verán igualmente afectados los puestos de trabajo administrativos.