Hablar de precariedad laboral entre la juventud trabajadora es algo ya tan recurrente que suena hasta cliché. Tristemente esa es la realidad en el Estado español. Cualquier joven que finaliza sus estudios debe afrontar una pelea contra prácticas y becas que con suerte serán remuneradas con unos pocos cientos de euros al mes. El camino al margen de lo académico es igualmente desolador.

Las Empresas de trabajo temporal

La primera y más antigua lacra a la que nos enfrentamos al buscar trabajo son las famosas ETT, empresas cuya labor consiste en contratarnos para alquilar nuestra fuerza de trabajo por un salario irrisorio a terceras empresas. Compañías como Adecco, Randstad, ManPower o Workout son algunas de las más conocidas. Empresas que nos llaman a trabajar un día y se olvidan de nuestra existencia para siempre.

Mención especial merecen aquí las cesiones ilegales que hacen las ETT en el sector del telemarketing y que es la norma en el sector. Situaciones donde la ETT nos manda a trabajar bajo un contrato de obra y servicio, que se convierte en permanente, y la empresa de destino debería contratarnos. Cosa que, por supuesto, las empresas no acatan y las inspecciones de trabajo miran para otro lado.

Para hacer política, la juventud de la clase obrera necesita espacios donde realizar sus actividades. Lo sabemos y el enemigo de clase también lo sabe.
Necesitamos  espacios para reunirnos con seguridad, lejos de los tentáculos de los cuerpos estatales de represión. Los necesitamos para trabajar la solidaridad con nuestra clase, para apoyarnos entre familias trabajadoras, a las que el salario no nos alcanza para cubrir los gastos de la vida. Necesitamos espacios para preparar actos, charlas, donde hacer llegar nuestras posiciones a la clase trabajadora. Necesitamos espacios donde organizar nuestro ocio, alejado de las formas consumistas y de mercantilización del tiempo libre que el capitalismo nos quiere imponer.
La persecución del estado a nuestros espacios es más que evidente. No podemos poner libremente una mesa informativa en la calle sin riesgo a que la policía venga a decirnos que, sin permiso del ayuntamiento, no podemos estar ahí.

El próximo 12 de agosto entra en vigor la tan discutida Ley Rider; fecha en la cual las empresas deberán, en teoría, acabar las relaciones de falsos autónomos que se dan con estos trabajadores. Los últimos meses este debate ha estado presente en los informativos y telediarios, donde la supuesta comunista y ministra de trabajo Yolanda Díaz nos presentaba la nueva propuesta de Ley Rider como una salvación para esta porción de la clase trabajadora en condiciones tan precarias.
Sobre el papel, esta ley es una ampliación del estatuto de los trabajadores que servirá para obligar a las empresas a contratar al personal que emplean para los repartos y así permitir que abandonen la condición de falso autónomo. Así como obliga a las empresas a dar a conocer a la representación de los trabajadores, los comités de empresa, los algoritmos bajo los cuales sus servicios son demandados por las aplicaciones como Glovo, Deliveroo o Uber Eats.
Esto, en teoría, permitirá al trabajador disfrutar del derecho a vacaciones pagadas, remuneración de las horas extras, regulación del tiempo de descanso, establecimiento de una jornada de trabajo máxima, cotización a la seguridad social y derecho a la prestación por desempleo, además de estar exentos del pago de la cuota de autónomos.

“Muy buenas tardes compañeras, compañeros.

Es hoy sábado primero de mayo cuando hacemos este acto, día de la clase trabajadora, mañana domingo será dos de mayo, fiesta de la comunidad de Madrid; y pasado será un lunes festivo en el calendario laboral. Nos toca recordar especialmente a un sector muy importante de la juventud trabajadora. Al sector de la juventud que hoy no ha podido venir a la manifestación ni a este acto, porque hoy, mañana y pasado, días festivos, les tocará despertarse a las siete, a las seis o a las ocho de la mañana para acudir a su puesto de trabajo.

El 27 de mayo se cumplen 10 años desde la aprobación de la ley del juego; ley que dio vía libre a la multiplicación de salas de juego y casas de apuestas por todos nuestros barrios.

En estos diez años no han parado de extenderse, llenando los medios de su publicidad, los barrios de sus locales y a la juventud de problemas con el juego, las apuestas y la ludopatía.

Aunque el año pasado el juego presencial bajó por el confinamiento, el juego online facturó 850 millones, creciendo un 14% respecto al año anterior.

La Región de Murcia cuenta con la tasa más alta del país de locales de apuestas por habitante. Cuenta con una sala por cada 4.263 personas, más del triple de la media nacional (una por cada 13.326). 

La liberalización casi total de este sector en el año 2013 ha supuesto una fuente de ingresos con la que el capital recupera parte de su tasa de ganancia perdida durante la crisis capitalista. Ganancias brutales de este negocio que ascendieron a 750 millones de euros netos en 2019 y nacen de la imposibilidad de que el jugador gane. En el periodo comprendido entre 2006 y 2018 se incrementaron en un 249,64% el número de salones de apuestas autorizados en la Región. Además, esta cuenta con la friolera de 87 empresas autorizadas para la explotación de salones de juego, bingo y organización y explotación de apuestas.

Tras las protestas contra la condena de Pablo Hasél, la agresión que cometieron dos policías fuera de servicio en Linares o las cargas policiales indiscriminadas en la Plaza Roja de Vallecas, vemos el papel que ocupan las fuerzas policiales dentro de la estructura de poder. Usando estrategias como envolver a la manifestación sin dejar salir a nadie, para crear una sensación de agobio, estrés y falta de control en los manifestantes. Para ir calentando el ambiente con registros aleatorios y desprecio absoluto hacia los manifestantes. Para así justificar las cargas y palizas, en el momento que alguien incumpla alguna ley. O en Linares donde directamente aplastaron las protestas con una violencia totalmente desproporcionada, incluso usando munición real contra manifestantes y golpeando a cualquiera, incluso a personas con sus hijos ajenos a las protestas.

Las movilizaciones y disturbios a raíz del ingreso en prisión de Pablo Hasel nos dejan una serie de lecciones y aprendizajes de gran interés para el futuro, con especial atención a lo ocurrido el 20 de Marzo en Madrid.


El primero es el que ha quedado más evidente: la socialdemocracia (PSOE-Podemos) reprime al movimiento popular de la misma manera que los partidos de la derecha. Con una única diferencia, la socialdemocracia reprime prometiendo que no lo hará. Tras años oyendo a Podemos, IU y PCE hablar de antifascismo y de la derogación inmediata de la Ley Mordaza en cuanto llegasen al gobierno, la realidad que nos encontramos es la de unas tasas  de represión igual o mayor que en los años de gobierno de Rajoy. A la misma vez que desde la izquierda del pacto social se habla de anomalías democráticas por el encarcelamiento de Hasel, se niegan a dar la orden ministerial que impida su entrada en prisión y apoyan la reafirmación de la fiscalía y judicatura en la condena.

El 16 de julio del año pasado, varios militantes y simpatizantes de la JCPE nos desplazamos a Astillero (Cantabria) para acudir a la convocatoria en apoyo a una familia, con menores a cargo, que iba a ser desahuciada.

Aquel día llegamos a primera hora de la mañana al lugar, donde nos encontramos un dispositivo policial similar a los que podemos ver en un atentado, portando incluso metralletas, rodeando por completo el portal. La tensión se palpaba en el ambiente, estando entre ellos y nosotros un vallado de metal (puesto de forma ilegal, sin previa notificación) que nos impedía acceder al portal para impedir el desalojo. Tras varios minutos, a la llegada del cerrajero se le impide el paso mediante un cordón humano, al que la Guardia Civil responde sin mediar palabra usando la violencia, en ese momento un militante de la JCPE fue arrastrado dentro del portal para ser insultado y golpeado. Él relata así lo sucedido:

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