UyL: Buenas, Nieves, bienvenida a Unidad y Lucha.

Por poner a nuestros lectores/as en contexto, tenemos que explicar que el conflicto del que vamos a hablar tiene varios protagonistas. Por un lado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que gobierna el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, “Pacto de Progreso” le han llamado.

El Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, reguló la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, entrando en vigor el 1 de enero de 2012. En dicho RD se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador y la empleada que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar. Fue un salto importante, ya que hasta esa fecha, era la trabajadora la que debía pagar su cotización. Esta ley podía parecer que era el punto de partida para regular y equiparar el trabajo de las personas empleadas de hogar y cuidadores, pero no ha sido así. 

 

La web interbrigadas.org nos muestra en un vídeo el grado de sobre-explotación que sufren los trabajadores del campo andaluz por parte de determinados empresarios del campo agrícola. Desgraciadamente estos métodos de explotación no solo se dan en el campo andaluz, sino que también es habitual en otras partes del estado.

Una vez publicada la EPA 2019 podemos comprobar que el capital en su necesidad de mantener o recuperar su tasa de ganancias sigue castigando a la clase obrera principalmente a través de la extracción del máximo de plusvalía, para lo que necesita del ejército de reserva de obreras y obreros en paro. En esta situación de sobreexplotación del capital es la mujer quien sufre la más elevada explotación.

El  paro o trabajos con bajos salarios sitúan a la mujer obrera en  una alta vulnerabilidad social y económica colocándola en un escalón social inferior respecto a sus compañeros obreros. Más allá de los titulares luminosos con los que quieren hacernos creer que en el capitalismo es posible la igualdad entre sexos, la cruda realidad objetiva nos demuestra que la cacareada igualdad no va más allá de las altisonantes declaraciones políticas.

Los trabajadores y trabajadoras precarizados de las Administraciones Públicas agrupados en innumerables asociaciones, plataformas y coordinadoras califican de rotundo éxito la manifestación que tuvo lugar este pasado sábado 15 de febrero en Madrid para reivindicar la estabilidad de sus empleos y el final del abuso en la contratación temporal en el sector público. Un hito histórico si consideramos que es la primera convocatoria de este tipo a nivel de todo el Estado.

Recientemente se han publicado los datos de siniestralidad laboral en el estado español del pasado año 2019. El número de accidentes de trabajo con baja en el colectivo de asalariados fue de 600.622, un incremento del 1,7% sobre el mismo periodo del año anterior (tanto en jornada laboral como in itinere -mientras se va o vuelve del trabajo-).

Los datos que presenta el ministerio están desagregados por actividad económica, por comunidades autónomas, por sexo y edad, y por “grandes grupos de ocupación”, indicador que podemos utilizar para identificar las desigualdades en función de la clase social también en la siniestralidad laboral. Únicamente un 0,75% del colectivo de directores y gerentes frente al más de 50% accidentados entre peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes, y trabajadores y trabajadoras no cualificados/as en distintos sectores. Los puestos más precarios son los más expuestos a sufrir accidentes, claramente.

Se acaba de publicar el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Y ha sido una noticia que se han dado prisa en hacernos llegar como gran paso en la derogación de la Reforma Laboral, y para el CONSEJO SINDICAL OBRERO, sin duda es una buena noticia, pero no queremos obviar la realidad de los despidos en nuestra legislación.  

Honduras, uno de los países más obviados de Latinoamérica, al que se le ha oído mencionar en estos últimos meses, por la incesante persecución al sindicalismo, en lucha por los derechos de los trabajadores/as y en lucha contra la explotación y saqueo por parte de las grandes multinacionales en terreno hondureño, y la violencia ejercida contra sindicalistas y activistas por parte de grupos parapoliciales. Éste no es un escenario que se dé recientemente, pero sí que se ha ido agudizando en estos últimos años.

Para ello nos remontamos al año 2009, año de aquel golpe de estado que acabó con el mandato del presidente Manuel Zelaya.

En el estado Español, una mujer gana 5.793 euros menos al año, de media, que un hombre, por el mismo trabajo. La brecha salarial entre hombres y mujeres existe a pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados académicos, siendo el 60% de las personas graduadas universitarias de la UE. La discriminación salarial no consiste en dar por convenio sueldos diferentes a hombres y mujeres, es más sutil e indirecta: no tiene que ver con el sueldo base, sino con los complementos y con reconocer una retribución diferente a empleos que tienen igual valor.