Los PGE 2017, un nuevo ataque a la clase obrera y el pueblo.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 (PGE) no han deparado grandes sorpresas. Marcados por el continuismo, sin salirse ni un ápice de lo marcado por la Unión Europea, suponen un mantenimiento de las políticas más agresivas en contra de los derechos de la clase obrera y las clases populares. Tampoco cabe esperar sorpresas en la actitud de las Comunidades Autónomas respecto a los mismos, independientemente del color político de los distintos gobiernos: los gobernados por la “izquierda” se quejarán y patalearán, pero sin adoptar medidas que realmente confronten con lo marcado por el la UE y el gobierno central.
Las novedades han venido únicamente por las peculiaridades en la tramitación, dado el fraccionamiento del Parlamento, habiendo requerido de ciertas concesiones a la muleta del gobierno (Ciudadanos), al PNV y a los partidos regionalistas canarios. La inestabilidad del gobierno Rajoy ha condicionado los presupuestos y forzado la negociación, resuelta felizmente para los intereses del gran capital.
Pese a la supuesta recuperación económica, la austeridad continúa.
La nota predominante en estos presupuestos es el continuismo. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han hecho un exhaustivo estudio de los PGE, denunciando que a pesar de los pequeños guiños de aumento de gasto en partidas sensibles, no palian los tremendos recortes sufridos en los últimos años.
Veamos los puntos más destacados de estos presupuestos:
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Ingresos previstos.
Los ingresos igualan los del año 2007, lo que supone un 15% menos de poder de compra para el sector público que hace una década, debido al efecto de la inflación.
Las estimaciones del Gobierno sobre inflación para este año (+1’5%) seguramente estén infraestimando este factor. En cualquier caso, el aumento de la inflación no lo adsorbe el gasto público, sino que se destina a reducir déficit, suponiendo un aumento indirecto de impuestos para los colectivos más vulnerables.
En cuanto a la Seguridad Social, se prevén 10.000 millones menos de ingresos respecto a 2016, al mismo tiempo que se reducen las transferencias del Estado, dejando sus arcas en situación límite.
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Gasto.
La previsión de gasto, si descontamos lo destinado al fondo de contingencia, aumenta por debajo de IPC, lo que refuerza un año más la tendencia a que la Administración General del Estado pierda peso en la economía del país. Destaca un pequeño crecimiento en inversión pública, muy lejos de compensar el 43% de descenso acumulado entre 2007 y 2016. Veamos como quedan las principales partidas:
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Empleo: el gasto en prestaciones cae un 7’6%, lo que supone menos cobertura para los trabajadores/as en paro. Aumenta el gasto para políticas activas de empleo un 6%, pero centrada en bonificaciones para las empresas, no en servicios de empleo para las personas en paro. Se acumula una caída en el gasto del 38’5% desde 2007.
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Igualdad: el gasto sigue congelado, lo que supone una rebaja acumulada del 37’5% desde que gobierna el PP. Se aumenta el gasto contra la violencia de género, pero sigue siendo un 8’68% menor que en 2011.
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Pensiones: el desequilibrio entre gastos e ingresos de la Seguridad Social es realmente peligroso; para compensarlo, se acude a un préstamo por parte del Estado a la Seguridad Social, así como a eliminar el límite anual de disposición de recursos de la “hucha de las pensiones”. Parece claro que el capital ha decidido lanzar la ofensiva definitiva contra el sistema público de pensiones.
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Servicios Sociales: no hay grandes cambios respecto a 2016. El gasto en dependencia sube, quedando aún un 10% por debajo de lo presupuestado en 2011 y sin que se revisen las cuantías que perciben las prestaciones; el 30% de las personas solicitantes de ayudas a la dependencia aún siguen sin cobertura.
Evolución del gatos sanitario en España (% de PIB invertido) |
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Año |
Porcentaje |
2011 |
6,47% |
2016 |
6,07% |
2107 |
5,95% |
2020 |
5,57% (objetivo) |
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Sanidad: El gasto estatal en sanidad es pequeño en relación al coste total de la sanidad pública, por lo que las pequeñas modificaciones del presupuesto (+2’3%, -3’8% respecto a 2011) afectan poco a la atención sanitaria. Sí que hay que destacar que el PIB destinado a sanidad en el conjunto de las administraciones sigue bajando, siendo el compromiso del gobierno con Bruselas para que en 2020 caiga al 5’57%. La sanidad pública pierde peso en la prestación de servicios sanitarios, habiendo pasado del 69’2% del total del sector en 2007 al 65’2% en 2017.
Peso del sector público en la prestación de servicios básicos |
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2007 |
2017 |
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Sanidad pública |
69,2% del sector |
65,2% del sector |
Educación pública |
67,2% del sector |
63,8% del sector |
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Educación: el presupuesto sube un 1’61% (+42 millones), pero sigue siendo 318 millones inferior a 2011. El principal gasto es en becas, que evoluciona hacia un mayor número de becas, pero de menor cuantía, quedando en 300 euros de media. La educación compensatoria, que atiende a colectivos desfavorecidos y tiene un rol importante en la integración de niñas/os extranjeras/os, cuenta en 2017 con 4’5 millones frente a los 70 invertidos en 2011. Al igual que la sanidad pública, ha perdido peso en la prestación de servicios educativos, pasando del 67’2% en 2007 al 63’8% actual.
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Empleadas/os del sector público: se reduce el 1’6% el gasto. El incremento salarial del 1% sigue reduciendo el poder adquisitivo de estas trabajadoras y trabajadores.
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Industria, energía e I+D+I: el gasto cae 0’2%. Parece que en el gobierno nadie se cree sus supuestos planes de reindustrialización y cambio de modelo productivo. Mientras, miles de jóvenes cualificados siguen trabajando en el extranjero sin posibilidad de retornar.
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Infraestructuras: la inversión en infraestructuras tampoco acompaña al supuesto interés por cambiar de modelo productivo. Caen todas las partidas, menos aeropuertos, con un recorte general del 20%.
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Juventud: al fracaso de la política de empleo en torno al programa de “garantía juvenil”, donde se han dilapidado 2.360 millones de fondos europeos, se suma un nuevo recorte: las ayudas para acceso a la vivienda caen el 20’6%.
En definitiva, un cuadro muy poco halagüeño para los trabajadores/as.
Las alternativas socialdemócratas a los presupuestos.
Tanto PSOE como Unidos Podemos han presentado enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales a los presupuestos, la inmensa mayoría de las cuales han sido rechazadas por la mayoría parlamentaria. Las propuestas de ambos partidos tienen algunos puntos de encuentro significativos, que buscan una gestión del capitalismo un tanto más “suave” y cercana a las clases populares, siempre dentro de los límites establecidos por el capital.
Es loable el esfuerzo didáctico de Unidos Podemos, que ha editado un documento de 30 páginas para explicar su alternativa a los Presupuestos Generales del Estado. Su propuesta se articula en torno a ejes políticos socialdemócratas, con un aumento del gasto público, un aumento de ingresos y una flexibilización de los objetivos de déficit.
En sus propuestas de gasto encontramos algunas medidas interesantes de tipo social, que podríamos calificar como “de consenso en la izquierda”, aunque en general de poco calado, y varias de ellas programadas para su implementación en varios años, lo que sorprende especialmente en algunas de ellas dado su carácter de “medidas de choque” frente a la pobreza.
Otras propuestas en materia de gasto, de menor peso, van dirigidas a intentar modificar el tejido productivo español, algunas de las cuales recuerdan a las impulsadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero, especialmente las relativas a modelo energético. En general, estas medidas tratan de incentivar cambios que reorienten al capital hacia una estructura productiva algo más sensata que la actual, pero que desgraciadamente no solo no desbordan los límites del sistema, sino que ni tan siquiera “tensan la cuerda” con el capital, siendo netamente insuficientes tanto para generar una mayor intervención pública directa en la economía como para promocionar con éxito dicho cambio de modelo productivo.
En cuanto a los ingresos, se plantea un aumento directo de la recaudación que cifran en 7.525 millones de euros, generados por modificaciones tributarias, algunas de las cuales de nuevo podemos calificar “de consenso”: aumentar los impuestos a las grandes fortunas y la banca, impuesto a las transacciones financieras, fin de las SICAV, etc. Además, proponen recaudar menos por IVA al reducir los tipos en suministros básicos, productos de primera necesidad y cultura, así como bajar las cuotas a autónomos/as. Junto a estas medidas, un inconcreto “refuerzo” a la lucha contra el fraude fiscal, que quizá resta credibilidad a las posibilidades reales de extraer mayor tributación a quienes más tienen.
Bastante más arriesgado es el planteamiento de aumento de recaudación por un mayor crecimiento económico: Unidos Podemos plantea que sus medidas van a mejorar la economía, y esto va a suponer 4.000 millones de euros extra en recaudación. No parece haber un “plan B” si sus medidas expansivas socialdemócratas no tienen el resultado esperado o si este tarda en llegar.
Pero quizá el escollo más grande, la trampa sobre la que se sustenta la propuesta, es la referencia a la vulneración de los límites de déficit impuestos por la Unión Europea. La propuesta de Unidos Podemos, en coherencia con su política general, no cuestiona en ningún momento el marco europeo, y vuelve a vender la “receta Tsipras” sobre el déficit: vamos a renegociar con la UE, y conseguiremos que ablanden sus exigencias, rebajando 6 décimas el objetivo de déficit (de 3’1% al 3’7%). Sin embargo, la experiencia griega muestra que esta vía es falaz, y que la UE no solo aprieta, sino que ahoga si es necesario. Cerca de la mitad del gasto “extra” que prevé Unidos Podemos depende de esta vía, con lo que su propuesta se tambalea peligrosamente sin este pilar.
El caos territorial: votos a cambio de inversiones.
A estas alturas, parece evidente que el capitalismo español no es capaz de resolver el problema nacional en nuestro país. El ejemplo más claro es la situación en Cataluña, con unos niveles altos de confrontación entre nacionalismo centralista y nacionalismo independentista, pero las organizaciones políticas que representan al resto de nacionalismos en España también “sacan los codos” para tratar de mostrarse como fuerzas útiles.
Así, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias han logrado arrancar ciertas prebendas al gobierno Rajoy, que apuntalan su rol dentro de la actual estructura política vendiendo al mejor postor su apoyo. Ahí, el PNV se ha mostrado como mejor negociador, obteniendo 3.000 millones extra, cifra bastante superior a los 2.000 que dicen haber obtenido las fuerzas políticas canarias. Además de lo lamentable que resulta para un país el configurar el gasto territorial en función de la aritmética parlamentaria en lugar de en base a las necesidades reales del pueblo, esas cuantías no van a suponer en ningún caso un cambio de rumbo en las políticas actuales o una mejora significativa de la situación de las clases populares en ambos territorios afectados, sino un “más de lo mismo” con un poco más de presupuesto.
La respuesta popular debe ser contundente.
Las agresiones a la clase obrera y el pueblo por parte del capital viven un nuevo episodio en los PGE 2017. Sin embargo, la respuesta popular ha sido tibia: alguna movilización en el ámbito feminista, presiones por parte de la plantilla de Correos por su situación particular, protestas sindicales por el ataque a las pensiones… y poco más. La oposición “de izquierda”, como es habitual, no ha apostado por movilizar para plantar cara de forma contundente.
La negociación de los presupuestos para 2018 ya está en marcha, PP y Ciudadanos ya han anunciado públicamente avances en la misma. Es una nueva batalla en la que los sindicatos han anunciado que van a poner más “carne en el asador”. Si la clase obrera y las clases populares se movilizan con contundencia, es posible unos PGE 2018 menos lesivos; de lo contrario, lo único que cabe esperar es una nueva vuelta de tuerca a nuestras condiciones de vida y trabajo, para mayor gloria de la oligarquía financiera que nos domina con mano de hierro.
Juan Perles