Este jueves 31 de octubre de 2019, se cumple un año del vil, cobarde y alevoso asesinato de Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la dirección colectiva de la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» (CCC-NA), junto a Javier Aldana, activista del movimiento campesino. El hecho ocurrió en el sector La Palma, municipio Tulio Febres Cordero, del estado Mérida, cuando ambos llegaban en moto a la vivienda de Fajardo tras una jornada de trabajo.

Desde ese momento, y a lo largo de un año, el PCV ha denunciado el caso y demandado del Gobierno nacional y demás instituciones del Estado una investigación profunda y el consecuente castigo ejemplar a los responsables intelectuales, materiales y cómplices del asesinato; sin obtener un resultado favorable hasta la fecha.

Fajardo, un combativo dirigente campesino, encabezaba, entre otras, la lucha por el rescate del fundo Caño Rico, en el sector Las Veritas, parroquia Gibraltar del municipio Sucre, en el Sur del Lago de Maracaibo, del estado Zulia. Más de 300 familias, organizadas en consejos campesinos, cooperativas y frentes campesinos, exigían –y aún lo hacen– que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les regularice la entrega del fundo, para el rescate de 522 hectáreas no cultivadas y que permanecen socialmente ociosas en un 95%. 

JUSTICIA EN SU DOBLE DIMENSIÓN

El Partido Comunista ha insistido en que las instituciones del Estado deben responder garantizando no más impunidad, aplicación máxima de la ley a los responsables del asesinato, y solución a las demandas de los campesinos.

En este sentido, los comunistas continúan exigiendo justicia en la doble dimensión: descubrir y sancionar a los autores intelectuales, materiales y cómplices, y la entrega inmediata de las tierras a las familias campesinas reclamantes. 

CÍRCULO MAFIOSO Y CRIMINAL

En su momento, Oscar Figuera, secretario general del PCV, resaltó que «a partir de esas luchas, durante meses se llevó a cabo hostigamiento, persecución y amenazas permanentes contra nuestro camarada. Y estas acciones provenían principalmente de Carlos Sulbarán, terrateniente de la zona, y su administrador Héctor Soto», por lo que señaló que debían ser los primeros en investigarse.

El dirigente manifestó que en torno a este asesinato «hay un círculo mafioso del que también forman parte Guly Bert Antúnez, legislador del estado Zulia; el capitán José Villasmil Toro y el sargento Freddy Ojeda, de la Guardia Nacional; y la Fiscalía 21 con sede en Caja Seca, municipio Sucre (Zulia)».

Adicionalmente, expresó que «en esa sociedad de cómplices que opera a favor de los terratenientes, destaca el caso de instituciones que les correspondía actuar y que no lo hicieron, como el INTI y el Ministerio de Agricultura y Tierras, cuyo retraso interesado en la regularización de la entrega de las tierras a las familias campesinas le daba tiempo a los terratenientes para desalojar a los campesinos, destruir sus cosechas e intentar demostrar que las tierras no estaban ocupadas ni productivas por parte de estas familias».

Figuera enfatizó que estas denuncias se hicieron públicas y se formalizaron institucionalmente, pero que «no hubo ninguna respuesta ni medida de la Fiscalía, del Gobierno o de otra institución del Estado para la protección a la vida de los dirigentes campesinos de la zona y particularmente del camarada Luis Fajardo».

MOVILIZACIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

A un año del vil asesinato del dirigente campesino comunista Luis Fajardo, el PCV junto a la Plataforma Unitaria por los derechos del pueblo y la Corriente Clasista Campesina “Nicomedes Abreu”, realizara una movilización el día de hoy, jueves 31 de octubre, frente a la Fiscalía General de la Republica para exigir justicia ante el vil crimen y la entrega inmediata de las tierras a las familias campesinas del fundo de caño rico.

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