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Los servicios públicos empezaron a desmembrarse para facilitar su privatización, uno de los afectados fue el de la limpieza. A estas alturas no hay servicio de limpieza que no lo preste una empresa privada. En la sanidad también. Las denominadas “externalizaciones” son el eufemismo usado para esconder la grosera entrega a manos privadas de algo que siempre debió estar en lo público. Era un gran bocado para el capital y así han crecido imperios como el GRUPO CLECE S.A. Esas privatizaciones tuvieron y tienen repercusiones directas tanto para la salud de quienes reciben asistencia sanitaria como para las personas que prestan esos servicios invisibles. En tiempos de covid y pandemias, se evidencia mucho más.

Lo sucedido con la limpieza hospitalaria en Alicante, cuya concesionaria es CLECE SA, no está alejado de otros lugares aunque cambie el nombre de la concesionaria del servicio.

Las mujeres que limpian no son consideradas personal sanitario, aunque sin ellas no hay sanidad. Están en primera línea pues acceden a las habitaciones para realizar las desinfecciones. Tienen que hacer frente al mismo riesgo, pero se prevén diferentes medidas para ellas. Inicialmente no se les dotó de ningún EPI, no es raro en una empresa que ya ha sido condenada en Las Palmas a pagar 1000 € por cada día que no facilite EPIS a las trabajadoras de ayuda domiciliaria. En este caso la empresa alegó que “todo lo había confiscado el gobierno y que no tenían” pobre excusa para quien tiene la obligación como empresa de facilitar los EPIS al personal a su servicio. Según la Ley, se podría paralizar el servicio sin esa protección ¿imaginamos cual hubiera sido la repercusión en los servicios sanitarios? A nadie pareció importarle la salud de esas trabajadoras y tuvieron que denunciar para que se les facilitaran mascarillas quirúrgicas a través de donaciones.

Tienen mucho más trabajo y hay menos personal, alguna ya de baja por covid y otras en cuarentena, pero les siguen metiendo prisa en turnos extenuantes. Tampoco se les hacen tests Covid19 como al resto de profesionales sanitarios. No están incluidas en el grupo prioritario de riesgo. Incluso a una de ellas se le negó la prueba tras estar en contacto directo en UCI, sin ninguna protección, con un enfermo que finalmente resulto positivo por coronavirus. Los servicios de prevención del SPS le dijeron que sólo para el personal sanitario. También hay mucho clasismo y discriminación según la procedencia de las plantillas, sin tener en cuenta que las limpiadoras son imprescindibles, tanto como el personal sanitario.

Tras presionar y denuncias públicas, a quienes trabajan en plantas con personas positivas, se les ha facilitado mayor protección con EPIS específicos. Para el resto, la mínima protección por haber sido consideradas de exposición de bajo riesgo. Incluso apercibidas de sanción por la empresa si añaden a su uniforme habitual material extra de protección.

Redacción UyL.

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