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Según datos de la propia Diputación, los fallecidos en las Residencias de Gipuzkoa suman ya más de 90; el 70% de los fallecimientos de Gipuzkoa por COVID-19 se han dado ahí. Los contagiados totales en esos centros ascienden a 301.

ELA ha venido denunciando que el 80 % de las residencias de mayores padecen "graves carencias" en materia de salud laboral. “A más del 70% de las profesionales no se les ha realizado el test para saber si están o no contagiadas y en más de un tercio de las residencias, todavía no se ha procedido a realizar desinfecciones generales”. Ante esa situación de desprotección el sindicato ha presentado demandas contra las residencias Lurreamendi, de Tolosa; Argixao, de Zumarraga; y San José, de Ordizia, y la Diputación de Gipuzkoa para que se tutele el derecho a la salud, la vida e integridad física de las trabajadoras de dichas residencias, solicitando medidas cautelarísimas para que las direcciones provean urgentemente a todas las trabajadoras de EPIs homologados, se utilicen los mismos de forma correcta, y se realicen test de manera inmediata a toda la plantilla. En la demanda, ELA también exige que por cada día que no se garantice la salud de las trabajadoras se imponga una multa a las empresas que gestionan el servicio.

En esas Residencias los usuarios positivos por Covid-19 llegan hasta el 80%, y las trabajadoras contagiadas o de baja son un tercio de la plantilla. Además, ELA pide una intervención urgente e integral de Osakidetza (servicio público de salud) en los centros residenciales, con despliegue de medios, dado que la situación por los contagios, en algunas de ellas, es muy crítica.

Denuncia que los centros de la tercera edad "no son prioritarios" para el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, pese que así lo manifiestan públicamente, y considera que, al contrario, "el interés de los gobiernos ha sido privatizar este servicio esencial y dejarlo en manos de empresas vinculadas al partido político que gobierna (en referencias al PNV) y éstos a su vez, posteriormente venderla a multinacionales o fondos buitre, que convierten las residencias en aparcamientos de ancianos.

FUENTE: ELA

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