Millones de personas en el estado español llegan a duras penas a fin de mes y muchas ni eso. La pandemia ha agravado esta realidad y crecen las colas de personas que necesitan ayuda para comer. El problema que las origina no es nuevo: un sistema económico y social que genera una miseria crónica y estructural, y que el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede ayudar a paliar pero no solucionar.
El “gobierno de progreso” convierte la reivindicación de un ingreso mínimo universal garantizado por el Estado, la renta básica de las iguales, en un subsidio limitado y condicionado. La renta básica es un planteamiento idealista inasumible e insostenible en el capitalismo, que ahonda la desigualdad dado que las llamadas economías desarrolladas se basan en el expolio imperialista de los recursos y altos niveles de explotación de la clase obrera mundial, este IMV es aún peor, un recorte de la reforma.
Sextos en pobreza en la UE, antes de esta nueva crisis, un 21,5% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, y una de cada 4 personas está en riesgo de exclusión social. La tasa de pobreza relativa, en el estado español supone tener una renta inferior a 739 euros mensuales para una persona ó 1.552 para dos adultos y dos menores. La tasa de pobreza severa, vivir con ingresos inferiores al 40% de la mediana, menos de 493 euros mensuales por persona, afecta al 9,2% de la población. (datos del INE, 2018)
El Gobierno está utilizando dos indicadores de situaciones aún más extremas: la "pobreza muy alta" (rentas inferiores al 30% de la mediana, menos de 4.435 euros al año) y la "pobreza extrema" (menos 246 euros/mes). La renta garantizada para una persona será de 5.538 euros al año y para una familia de dos adultos y un niño, 8.861 euros. El IMV significará así, subir un grado en el nivel de pobreza pero nunca una superación de la pobreza en sí.
Estos medidores no observan el nivel de exclusión social, no incorporan dos variables: la precariedad del empleo y la carencia material severa, que mide factores como: no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada o no poder afrontar gastos imprevistos, entre otros.
Las condiciones exigidas excluyen a muchos colectivos: jóvenes emancipados menores de 23 años, mayores de 65, migrantes, personas que ejercen la prostitución, personas sin hogar o marginadas del sistema. Los requisitos incluyen tener cuenta corriente, ser demandante de empleo, empadronamiento, declaración de bienes, solicitud por internet… multitud de trámites burocráticos, inicialmente vía telemática que dejan fuera a la población sin acceso a esos medios.
El gasto de 3.000 millones en IMV se podría ampliar con los 8 millones que nos cuesta la monarquía, sin contar partidas de distintos ministerios escondidas en el presupuesto y con los gastos militares que pese a la crisis de la COVID-19, en 2020 alcanzarán 20.030 millones sumadas las partidas de Defensa y otros ministerios, según el Centro Delàs de Estudios por la Paz.
Entendiendo que el IMV puede ser un alivio para situaciones personales dramáticas, defendemos y luchamos por cambios estructurales que garanticen trabajo digno para todas, reparto equitativo de la riqueza que genera la clase obrera con su trabajo y que no se base en el consumo como motor económico sino en el sostenimiento de la vida. Frente a la caridad, lo público como negocio y la desigualdad defendemos un estado que garantice una vida digna y cubra todas las necesidades de la población.
Tatiana Delgado.
