El 29 de octubre la ministra de educación Isabel Celaá publicó un tweet donde se vanagloriaba de la “cooperación público-privada” en la provisión de servicios educativos. En otras palabras, del acuerdo conseguido con Google. En otras palabras, el gobierno de España ha destinado 220'9 millones de euros, financiados en parte por fondos europeos, para “dotar de conectividad a internet de banda ancha ultrarrápida y redes internas de comunicaciones a 320 sedes educativas de primaria, secundaria y educación especial”. O sea, el gobierno financia internet para “conectar escuelas” pero son las corporaciones privadas las que proporcionan, monitorizan y gestionan el software necesario para que las escuelas se conecten.
Y lo hace con una corporación que podría ser descrita como criminal, pues es una compañía que ya ha causado un enorme daño social afectando a millones de usuarios por todo el mundo por lo que ha sido sancionado (otra cosa es que pague las multas) tanto por la Unión Europea como por los EEUU . Compañía investigada por sus prácticas delictivas con su plataforma educativa en los Estados Unidos. Sí, la misma plataforma por la que se congratula la ministra de haber llegado a un acuerdo con Google. Según los tribunales estadounidenses la compañía ha violado los derechos de privacidad de alumnos y sus familias obteniendo y utilizando datos íntimos de menores y sus familiares (datos exigidos para poder acceder a la prestación educativa de marras) para crear una audiencia presa a la que vender a los anunciantes según sus perfiles [1].
Y en la Unión Europea se niega a pagar los impuestos que le corresponden, utillizando al todavía presidente Donald Trump para que no se aplique la llamada “Tasa Google”, amenazando con una guerra comercial [2] (otra más de las lanzadas por Trump). Esta compañía no sólo estaría en España actuando con el beneplácito de las instituciones públicas sino con el dinero de los impuestos que todos y todas pagamos.
Y todo esto en el momento en que se llenan la boca hablando de soberanía tecnológica y transformación digital. De hecho va en contra de los principios por los que se otorgan los fondos europeos y de la lógica de la soberanía tecnológica, financiar y promover el uso de plataformas corporativas extranjeras cuyo único fin es obtener beneficio para sus accionistas.
Por no hablar de que la educación pública no puede ni debe depender de plataformas corporativas para poder desarrollar sus más elementales funciones, ni se debería delegar la gestión de nuestras infraestructuras tecnológicas educativas en manos de una compañía perseguida en su propio país por las prácticas delictivas cometidas con esta plataforma.
En fin, ¿qué podríamos esperar de un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que se autotitula de izquierdas y progresista, dónde hasta el PSOE (oficialmente) es republicano (no hablemos ya de Izquierda Hundida y los podemitas) y llevan meses desesperados por tapar las vergüenzas del Borbón emérito y apartar de los focos al hijito rey que, el pobrecito, nada sabía de los cambalaches de papá (y de los que se beneficiaba como el resto de la familia)? ¿Del mismo gobierno “progresista” que regala millones y millones de euros a multinacionales, grandes empresas y bancos mientras que deja caer algunas migajitas a los “de abajo”, eso sí, presentando un quintal de papeleo burocrático para optar a esas migajas que caen de las mesas de los poderosos? ¿Y de los ERTE para no engordar las listas del paro perdonando a los empresarios (y no, como parece vender las televisiones, a pequeños negocios, tiendas y cafeterías únicamente) -sobre todo a los grandes- las cotizaciones de esos empleados y financiando la parte de su sueldo que reciben a cargo del erario público, o sea, como siempre, sobre nuestras espaldas?
¿Y nos atrevemos a hablar del regalo a manos privadas de los restos del sector público que pueden ser nicho de negocios?
Marcos
