El fascismo en España ha dejado innumerables retratos de horror de diversos tipos pero que siguen enterrados lejos de la memoria colectiva. El robo de bebés es uno de los episodios más tortuosos por su extensión en número y por lo sistemático del procedimiento, que lejos de reducirse a una “transacción económica” - por muy deleznable que ya sea esto de por sí- se trató de un arma de opresión política y de género contra las mujeres republicanas y obreras.
Distinguimos diferentes etapas, comenzando la primera en 1938 y siendo caracterizada por seguir doctrinas psiquiátricas importadas de la Alemania nazi como la “teoría del gen rojo”, por el que los hijos e hijas de las mujeres republicanas debían ser apartados de ellas para que éstos no fueran contagiados por la “ideología antipatriótica” de sus madres, siendo las cárceles de mujeres el sitio propicio para llevar a cabo esta práctica de forma masiva. En 1940 y 1941 se aprueban diferentes órdenes ministeriales que permiten inscribir y dar nombre en el Registro Civil a cualquier menor supuestamente no identificado, estableciendo así la herramienta legal para blanquear esos robos de bebés que no son más que otra forma de opresión contra las mujeres republicanas.
A partir de 1953 podemos distinguir una segunda etapa, caracterizada por centrarse en mujeres pobres, madres menores de edad, solteras y mujeres que no se sometían al régimen de valores del franquismo, estableciéndose aquí el standard famosamente utilizado de “niño muerto” para evitar la madre se negara a entregarlo voluntariamente. Se amplió el espectro de mujeres y también la finalidad de estos robos, de forma que pasó de convertirse en un instrumento de represión política a un instrumentó de represión de género, para así poder castigar a todas aquellas que no se sometieran al código moral del fascismo. En este periodo entre 1953 y 1977, la moral del nacionalcatolicismo lleva a la justificación del robo de bebés y su reubicación en “familias de bien”, donde las figuras de poder del franquismo decidían quién sería la familia ideal para ese infante.
La tercera etapa de esta barbarie comienza en 1978 (Vaya, ¡ni la democracia lo para!) y parece que la cuestión económica se traslada a ser uno de los principales motores de esta práctica, no como cambio de paradigma, sino por la práctica habitual y sostenida que la lleva a evolucionar. No es hasta 1999 cuando se aprueba una ley que prohíbe los partos anónimos, de forma que aunque la madre no esté en el registro civil, lo estará en el registro de la clínica donde ha dado a luz.
Se calcula que durante la primera etapa fueron robados hasta 30.000 niños, no obstante ha resultado imposible contabilizar el número de desapariciones forzosas desde 1953. Como resultado tenemos a miles de víctimas, madres, padres, familiares, hijos e hijas que han sufrido esta cara del franquismo, entre muchas otras, y la dejadez por parte de los poderes públicos, pero que no se han rendido en la lucha por que se les reconozcan sus derechos de identidad y memoria histórica. Estas personas, desde diferentes organizaciones como el “Colectivo Sin Identidad” han conseguido llegar al Parlament de Catalunya recientemente, como lo hicieron ya en Canarias, para que se haga justicia a todas las mujeres republicanas y obreras, así como a sus hijos e hijas que fueron represaliadas durante tantas y tantas décadas fuera y dentro de las cárceles franquistas.
Tamara M. Lago
