Solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.

Casi un año después del inicio de la pandemia y ya en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre 1 , al tiempo que ha permitido dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización de la sanidad.

Lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido en negocio y espectáculo. Con todos los partidos políticos de acuerdo 2 , cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier actividad sanitaria; mientras, la izquierda institucional ha mirado para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Las enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los seguros privados 3.

Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de millones de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros; precisamente en los que se ceba la pandemia por el Covid 19.

Al mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando esta situación para imponer medidas represivas que de otra forma tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha demostrado que, a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales. Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, equipos de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales.

En este punto nos reafirmamos: mientras el gobierno «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, nada de lo que hace a diario la derecha es ilegal, y continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en diferentes CCAA (construcción de hospitales innecesarios, cesión a empresas privadas del rastreo, las inmunizaciones, pelotazos con fármacos innecesarios 4…) es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten.

Mientras, la «izquierda del capital» se ha dedicado a las performances más variadas, dirigiendo la atención de la población hacia los ejecutores del desastre, ocultando hábilmente a quienes mueven los hilos del proceso de destrucción de la sanidad. Seguir haciendo teatro de calle contra la derecha para ocupar páginas de periódicos no es más que una maniobra de distracción. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia.

Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha.

Llevamos casi 20 años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.

El sábado 27 de febrero nos vemos en las calles:

  • Frente a la privatización, sanidad pública.
  • Por la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 LGS).
  • Rescate de lo privatizado.
  • No al cierre de centros sanitarios.
  • Por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y en la salud colectiva.

Referencias

  1. La crisis del Covid como oportunidad de negocio. Septiembre 2020. https://www.casestatal.org/es/2020/09/la-crisis-del-covid-como-oportunidad-de-negocio/
  2. PSOE, PP y Podemos acuerdan un Pacto de Estado para hacer «reformas estructurales» en el Sistema Nacional de Salud. Agosto 2020. https://www.casestatal.org/es/2020/08/psoe-pp-y-podemos-acuerdan-un-pacto-de-estado-para-hacer-reformas-estructurales-en-el-sistema-nacional-de-salud/
  3. A falta de datos para 2020, en 2019 ya había 12,7 millones de personas con seguros privados de salud, además de unos 5 millones de asegurados con pólizas dentales.
  4. Remdesivir, de Gilead, antiviral utilizado en atención hospitalaria al precio de 2.083 euros por paciente, tiene unos costes de producción de 6€. https://www.agenciasinc.es/Opinion/Con-el-precio-del-remdesivir-la-historia-se-repite

CAS Estatal

uyl_logo40a.png