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Que duda cabe que el capitalismo busca a lo largo de su relativamente corta historia quebrar el sino que supone la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En un sistema condenado a la caducidad por mor de sus propias contradicciones, que nació para ser transitorio en la historia de la humanidad, la búsqueda desesperada del Santo Grial que le otorgue la vida eterna, se ha convertido en obsesión de quienes se aferran a la riqueza y al patrimonio que el proceso intrínseco de acumulación capitalista les permite, para seguir siendo una minoría privilegiada.

Esta realidad sobre la que se cimienta la dificultad que tiene el capitalismo en su fase actual para revertir la tendencia natural al decrecimiento del beneficio, se pone si cabe más de manifiesto cuando se entrecruza  con una de esas crisis cíclicas, que de tanto en tanto, la sobre-producción nos trae a escena, barriendo las ilusiones de prosperidad que la clase obrera erróneamente deposita en los “buenos momentos”, sin duda, fruto de la renta que la lucha de nuestros padres y madres, abuelas y abuelos, nos permitió ir dilapidando con nuestra inacción.

El año 2019 supuso el fin del pequeño ciclo expansivo de la economía. A finales de ese año, se corta la leve recuperación que podemos situar en 2014, y comienza una profunda recesión que la covid – 19 aceleró en toda su crudeza, poniendo de manifiesto los pies de barro sobre los que se asienta la economía de la mayor parte de sociedad actual planetaria  y su modelo social de producción.

Las fuerzas productivas, inexorablemente y fruto de la nueva crisis, se han ido destruyendo como fichas de dominó apoyadas unas en otras. Deberemos ser capaces en un futuro próximo de analizar pormenorizadamente su dimensión cuantitativa y cualitativa y sacar conclusiones. Por ahora, no nos ocupa, pero el nuevo intento por mantener en pie al becerro de oro que es el capitalismo actual en Europa y en España, sí.

Las distintas fracciones del bloque oligárquico-burgués, con mayor o menor entusiasmo, al igual que sus representantes políticos, han tardado poco en desempolvar el maletín de remedios keynesianos que algunos dieron por muertos y otros simplemente de parranda. Y es que pensándolo bien, no hay más alternativa que esa, cuando el único mundo posible que se concibe es en el que vivimos … porque la hegemonía ideológica esconde la superioridad del socialismo como vía para la resolución de los problemas de la humanidad. Y mientras este sistema mantenga su consenso social, seguirá tocando barbarie en la alternativa que Rosa Luxemburgo planteó por primera vez en 1916.

Y centrando el tiro de la cuestión, sobre esa lógica irracional que supone la salida hacia adelante y seguir abundando en los elementos causantes de nuestros males, nos lanzamos de nuevo al desenfreno de inyectar cantidades ingentes de dinero público para convertirlos en capital y así revitalizar los mercados en el corto-medio plazo. Y después… ya apañaremos.

Va a ser complicado predecir las consecuencias que el Plan de Recuperación tendrá para Europa y en concreto para España en un futuro cercano, pero al menos algunas cuestiones sí que debemos plantearlas o al menos cuestionarlas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que suponen para España el ingreso de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, “incorporará una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria”

Estos son los objetivos que el Ejecutivo propone y sobre los que vertebrará toda la batería de desarrollos y contraprestaciones que Bruselas exigirá como garantía para la dotación concreta de la liquidez acordada. Está claro que por parte de la Comisión Europea, tal y como se ha declarado reiteradamente, el Plan presentado por España, contiene una extensa gama de reformas que se han considerado lo suficientemente detalladas para ser aprobado y dar así el visto bueno, y que de seguro, en ello confían, será capaz de transformar profundamente la economía de España y la hará más verde, más digital y más resiliente.

Pero, eso que tan claro tiene el Proyecto de la oligarquía europea, no lo deberíamos tener quienes formamos parte de las capas populares de este país ya que sin duda, acabaremos pagando la fiesta.

Antecedentes (salvando las distancias) que pongan en duda la eficacia de medidas como esta, no nos faltan. Uno de los más cercanos, tanto en el ámbito temporal como geográfico fue aquel “Plan E” de Zapatero que inyectó 7.836 millones de euros en una primera fase y unos 5.000 millones en una posterior y que a la postre sirvió para enriquecer a algún que otro constructor y que llevó acto seguido al desempleo a cerca de 1.750.000 trabajadores y trabajadoras.

En ese mismo proceso, para salvar la banca se inyectó más de 56.000 millones de euros, de los que cerca de 42.000 millones son de dudoso cobro.

Con estos antecedentes, lo lícito, lo prudente y lo racional es, al menos, dudar de varias cuestiones que se plantean en el Plan, que si bien es muy distinto en la forma en que se gesta, no lo será tanto en cuanto a los grandes beneficiados del mismo.

La primera cuestión a plantearse es sobre el incremento de la productividad de la economía, fundamento transversal del Plan (noventa y dos menciones en el mismo). A la UE le va y le viene la baja productividad de  España. Entre las causas, la UE apunta al reducido tamaño de las empresas. La solución que más de una vez se ha declarado: fomentar su crecimiento. ¿Eso quiere decir fortalecer los monopolios y fomentar la fagotización de la estructura empresarial?, ¿dar otro empujón a la  concentración de la producción y centralización del capital?

En cualquier caso,  la búsqueda de la “productividad” que aparece reflejada en el Plan, no se refiere a la necesidad del  aumento cuantitativo de las mercancías que llegan al mercado para ser “disfrutadas” por una clase obrera en rol de “consumidor”, sino  como la búsqueda de valor que esas mismas mercancías encierran; y más aún, como productividad del plusvalor. ¡Vamos!, lo que desde la  economía marxista se viene denominando plusvalía relativa, que no es más que un incremento de la explotación de la clase obrera, que vendrá acompañada de una pérdida de  derechos por la desregularización de la normativa laboral, de hecho o de derecho que la haga posible y sostenible.

La digitalización, aparece así como el instrumento necesario para conseguir este incremento de la productividad. “El ahorro de tiempos y de costes en las funciones de las empresas se traduce en ganancias de eficiencia y en incrementos de los rendimientos por hora o empleo de personas”, sostiene la ministra Montero, en una acertada definición de lo que es exactamente el incremento de la plusvalía relativa y que se consigue además abaratando el capital constante, ya que la inversión será pagada con dinero público.

Y esta sin duda es la cuestión central de los Fondos de Recuperación y su razón principal de ser, el abaratamiento del capital constante basado en la generalización de una nueva y avanzada tecnología que tiene su base en la robotización con 5G y la Inteligencia Artificial, la economía verde y el revolución del transporte y las telecomunicaciones, implementada gracias al expolio de lo público y su traspaso a manos privadas. Como una nueva acumulación original, abriéndose paso entre la crisis y siendo capaz de resucitar al maltrecho capitalismo, devolviéndolo a la senda del crecimiento y la acumulación a través de un ciclo largo expansivo.

El capital monopolístico pone velas en la tumba de Kondrátiev y ruegan que tenga razón y que elementos exógenos sirvan de viagra a nuestra  impotente economía.

Y si alguien duda de la esencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  que sepa que las grandes empresas, según diversos medios han difundido, ya han pedido más del 200% del dinero destinado a las inversiones de los fondos y se estima que unos 123.000 millones de euros serán los que se adjudiquen para la puesta en marcha de sus proyectos.

Y para eso nacieron los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), instrumentos mediante los cuales se gestionará gran parte del dinero llegado de Europa. El Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, introduce esta figura que no es ni más ni menos que la institucionalización y la inserción en la administración pública de los “lobbies”, con carácter de permanencia.

Se asegura así que las inversiones sean rentables para lo cual, las decisiones económicas serán participadas directamente por los monopolios insertos en la administración pública.

Entre las pequeñas y medianas empresas se repartirán las migajas sobrantes y a la clase obrera le corresponderá la limpieza de los restos, que para eso es a la que le toca trabajar en el reparto social de las tareas.

Si alguien necesita más pruebas sobre la gestión privada de los fondos, cuestión transversal en todo el proceso, puede atender a las partidas destinadas a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración urbana. De la partida de 70.000 millones que “no hay que devolver”, supone la segunda en cuantía. Estas podrán tramitarse directamente por asociaciones de empresas constructoras, energéticas o incluso bancos, de forma que los vecinos y vecinas solo pagarían la parte que les corresponde y no se encargarían de nada más. Al final deberemos agradecer al ejecutivo, tanta consideración.

Otra cuestión inquietante y que nos debe hacer al menos reflexionar es la relación entre el incremento de la productividad propuesto y la sostenibilidad y la política medioambiental.

Hay un empeño en que estas políticas se conviertan en uno de los ejes centrales sobre los que debe descansar la recuperación económica (las palancas de impulso de la economía); y esto tiene más que ver con la apuesta por impulsar la revolución tecnológica de la que hablábamos antes que con la idea de salvar el planeta del colapso medioambiental.

Un enriquecimiento del debate en este sentido, incluyendo los planteamientos sobre el decrecimiento sostenible, nos debe llevar a la conclusión de la incompatibilidad del capitalismo en su actual fase de desarrollo con la sostenibilidad de la actividad económica.

En esta cuestión, Cuba, a pesar de las dificultades que el criminal bloqueo económico ha implementado, es ejemplo, una vez más, de superioridad en Desarrollo Sostenible, tal y como lo demuestra el Índice de Desarrollo Sostenible que combina el desarrollo humano con la huella ecológica.

Otros temas que deberemos atender en relación a los 140.000 millones de euros del fondo son las contraprestaciones. Del total de esta cantidad, la mitad serán a “fondo  perdido” pero condicionados a reformas y contrarreformas de todo tipo: laborales, de las pensiones, tributarias… Un claro trasvase de soberanía a cambio de dinero que acercan el sueño de la patronal a la  desregularización laboral y de la banca al deterioro del sistema público de pensiones entre otras cuestiones de calado y nos obliga como trabajadoras y trabajadores afectados a ir organizando estructuras de defensa de los derechos colectivos ganados años atrás. Por desgracia, todo hace prever que junto con el enemigo de clase de las capas populares, de nuevo, la paz social y el consenso se convertirán en quinto-columnistas que trabajen en contra de nuestros intereses de clase.

La otra mitad del dinero que llegará en forma de fondo de recuperación, lo hará en concepto de préstamo. Será cuestión de seguir de cerca cómo el pago del principal e intereses que tendrá que  asumir la próxima “Next Generation” de jóvenes trabajadores y trabajadoras, marcará su futuro,  hipotecado por quienes deberíamos haber tenido, como madres y padres, la obligación de protegerles.

Kike Parra


Publicado el día 9 de septiembre de 2021 en nuevarevolucion.es