En un contexto marcado por una creciente desvalorización de la fuerza de trabajo sustentada en salarios de pobreza y en un aumento desorbitado de la precariedad y la temporalidad, se hace necesario, al margen de la más diversa propaganda, entrar al fondo de lo que realmente va a suponer el incremento de 15 € al mes del SMI.
Nos centraremos en ello, aún sabiendo que el alcance de las conclusiones quedará limitado, al no abordar en nuestro análisis las consecuencias para el empleo del hecho de que, semanalmente la EPA estima que se dejan de cotizar y retribuir 2.56 millones de horas extras o que según el propio FMI el 17,2 % de la economía española en 2021 será sumergida.
15 € por 14 pagas que, tras ningún incremento en 2020 y los 8 primeros meses de 2021, son 210 € brutos más al año. De eso hablamos, para que nadie se engañe atribuyendo a la medida acordada por el Gobierno de coalición PSOE/UP y los interlocutores sociales UGT y CC.OO un alcance diferente al real. Un incremento del 1.58 % que referenciado a una inflación interanual en el mes de agosto del 3.5 % da una pérdida de poder adquisitivo del 1.92 % para el 1.500.000 trabajadores y trabajadoras que perciben el SMI.
En definitiva, estos son los números que nos permiten afirmar que ni por 30 monedas de plata como sí recibió Judas Iscariote; que han sobrado 15 € al mes para justificar traicionar los intereses obreros y volver a sellar un nuevo capítulo de la paz social.
Sin atisbo de movilización, ni aún menos de voluntad para abrir espacio alguno de participación a los afectados y afectadas por su acuerdo, los representantes de CC.OO y UGT en la mesa del diálogo social han avalado con su firma no solo esa consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de quienes perciben el SMI, sino que han sacado definitivamente de su agenda la premisa de la movilización como parte de su acción sindical.
Una realidad extremadamente preocupante de la que se impone sacar conclusiones, pero que en absoluto, no lo es menos por toda la campaña de propaganda a favor del pacto en el marco de lo que se denomina mesa del diálogo social. Definitivamente este marco del pacto cupular entre “agentes sociales” parece concebido a sustituir de una vez por todas las prácticas de intervención sindical en los que la clase trabajadora es la protagonista con su participación en la elaboración de las plataformas reivindicativas, asambleas, huelgas…
Realidad que tiene responsables que hallamos en CC.OO y UGT, pero que en el último periodo tiene una gestora que destaca de sobremanera en la ministra de trabajo de UP. Yolanda Díaz, futura candidata a presidenta de gobierno por la denominación que adopte en ese momento la socialdemocracia, es hoy la adalid más destacada de las políticas del pacto social. Su compromiso con la articulación de un marco de negociación colectiva que elimine la participación obrera a favor de la representación institucional de los agentes sociales, apunta a una sustitución definitiva a medio plazo de las normas de la negociación colectiva a favor de un proceso absolutamente centralizado y profesionalizado en manos de “técnicos” sin más legitimidad que la que le ofrece el estado. Estemos atentos a este proceso que se impone en la práctica paso a paso, pero que tiende a imponerse normativamente.
Por último y para no dejar de hablar expresamente de ello, si hablamos de SMI, es necesario hablar de pobreza, de la realidad de millones de familias cuya aventura diaria es tratar de llegar a final de mes con las facturas pagadas. Por esas personas que son pobres y que no disponen de un entorno material para satisfacer unos mínimos vitales imprescindibles como son un techo digno o el suministro energético básico, es por quienes no podemos justificar una subida del SMI de 15 €. ¡Es una vergüenza!
Julio Díaz
