El ocho de octubre manifestantes venidos de buena parte del mundo protestarán en Londres contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, país donde el fundador y actual director de WikiLeaks podría ser condenado hasta 175 años de prisión. Siglo y tres cuartos de encarcelamiento “por – según el acta de acusación del imperio yanqui – publicar documentos secretos”. En verdad, por revelar horrendos crímenes de guerra perpetrados en Irak y en Afganistán por los ejércitos norteamericano y británico. Asunto este que decidió al perseguido periodista australiano, junto a otros activistas, a publicar en abril de 2010 el vídeo Collateral Murder (Asesinato colateral). Un documento brutal de cuarenta minutos de duración en el que se muestra fría y metódicamente el asesinato desde un helicóptero estadounidense de civiles iraquíes y de dos periodistas de la agencia de noticias Reuters el 13 de julio de 2007; al igual que el ametrallamiento sin compasión de una furgoneta que intentaba evacuar a los asesinados y heridos. El vídeo clasificado fue adquirido en 2009 por el sitio web al soldado y analista de inteligencia del ejército estadounidense Bradley Edward Manning, hoy Chelsea Manning, quien asimismo filtró al portal digital miles de documentos clasificados acerca de las atrocidades consumadas por el Imperio y sus aliados (entre ellos España) en las guerras de Afganistán (Diarios de la Guerra de Afganistán) y de Irak (Registros de Guerra en Irak), además de los Documentos diplomáticos de los EE.UU. o Cablegate. En total casi medio millón de registros de ambas guerras y más de 250.000 comprometidos cables diplomáticos. Suficientes pruebas como para que el “amigo americano” amolase sus aguzados caninos y lanzara una orden de búsqueda y captura del arrojado ciberactivista.
Trabajo sucio
De ese trabajo sucio se encargó la justicia sueca, que acusando a Julian Assange de un delito de violación en la persona de Anna Ardin vinculada a la gusanera cubana, cursó una petición de detención a la Policía Internacional (Interpol), quien, a su vez, emitió una orden de arresto de categoría roja (de máxima prioridad) contra el programador de WikiLeaks el 1 de diciembre de 2010, justo unos días después de la divulgación del Cablegate. Ante esta situación de clara persecución política y de ataque frontal a la libertad de expresión y los derechos humanos, y temiendo por su propia vida, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012, y solicitó asilo político. Protección que le concedió el presidente de Ecuador Rafael Correa el 16 de agosto de aquel mismo año. Básicamente porque según anunció el entonces canciller de Ecuador Ricardo Patiño existían “serios indicios de represalia que ponían en riesgo la seguridad, integridad e incluso la vida” del irreductible informático, y también porque “en caso de extradición a los Estados Unidos, el señor Assange podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, sufrir un trato cruel y degradante y ser condenado a cadena perpetua o a la pena capital”. Pese a ello, el gobierno inglés, lacayo fiel del imperio yanqui, no concedió en ningún momento un salvoconducto para que Assange pudiera abandonar la legación, y tras casi siete años de extenuante permanencia en la sede diplomática ecuatoriana, Scotland Yard irrumpió brutalmente en la Embajada de Ecuador el 11 de abril de 2019 a las 6 de la mañana, violando el Derecho Internacional y deteniendo al fundador de WikiLeaks. Hoy, Julian Assange, de 51 años, se encuentra preso en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh en el sur de Londres, cual Prometeo encadenado por osar transmitir el fuego de la verdad. A la solidaridad internacional de romper sus pesadas e injustas cadenas.
José L. Quirante