El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una serie de medidas, expresadas en la Ley 20/2022, que recoge una serie de acciones en materia económica y laboral con el fin de frenar el impacto de la inflación sobre la “ciudadanía”. El  plan anticrisis del Gobierno amplía así el denominado escudo social puesto en marcha en los últimos meses. Estas medidas se explican en función, primero, de la coyuntura económica de profunda crisis en que están inmersos los países capitalistas europeos, producto del creciente proceso inflacionista de las economías de la UE y de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Frente a este panorama que repercute principalmente sobre las condiciones de vida de la clase obrera europea, la socialdemocracia en el gobierno responde de la única manera que su papel político de gestor de los intereses de la burguesía le permite: medidas paliativas de una profunda crisis estructural que no son el camino para la solución de estos graves problemas sociales. A esto hay que unirle el contexto electoral con que se inaugura este nuevo año en las que estas tímidas y tenues medidas sociales pueden ser vendidas como progresistas en el mercado de votos.

Estas acciones pueden sintetizarse en: reducción del IVA en productos alimenticios: a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, se aplicará el 5 % de IVA a los aceites de oliva y de semillas, y a las pastas alimenticias. También, hasta el 30 de junio, quedan exentos de IVA algunos alimentos considerados básicos, como el pan, verduras, leche, quesos, harinas panificables, etc. Ayudas directas a familias: se crea un cheque de 200 euros para personas que ingresen menos de 27.000 € anuales y con un patrimonio inferior a 75.000 €, a 31 de diciembre de 2022.

No tendrán derecho a esta ayuda aquellas personas que perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes Especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Tope al precio de alquileres: durante los próximos seis meses se prorrogan las condiciones de los contratos en su renovación para evitar subidas abusivas. Además, se mantiene el tope de subida anual del 2 % para los contratos vigentes. Precio de la energía: se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 el IVA al 5 % tanto del gas natural como de la luz y se establece un tope para la bombona de butano.  Se establecen otras medidas, pero sería largo enumerarlas, siendo las señaladas las principales, pudiendo a partir de ellas hacer una breve valoración de aquellas. En primer lugar, hay que señalar que estas medidas llegan tarde, en el sentido de que ya en los últimos meses muchas han sido las familias que han pasado a ser hogares vulnerables por el alza de los precios. Como reflejan los últimos datos de Eurostat, España es el país en el que se registra la mayor diferencia entre la subida del IPC y de los salarios, del 6 %. Las bajadas reales de los precios en los  alimentos y derivados básicos en realidad ha tenido el efecto de un aumento de los  beneficios de las  distribuidoras, ya que la norma habla solo de IVA relacionado con “entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias” y no con distribución. Las empresas distribuidoras se han limitado a un aumento de precios de los productos para compensar la subida de la inflación. También cabe destacar de este RD-L el redactado de la norma que, una vez más, puede dar lugar a interpretaciones erróneas, sobre todo lo referente a la revisión de precios de los alquileres, que, al no dejar claro el tope del 2 % y dejándolo en manos del índice de competitividad, puede llevar a abusos. De igual forma ocurre en la redacción de la ayuda directa de 200 euros, ya que, no queda claro qué ocurrirá con aquellas personas que tienen hipoteca, con una vivienda igual o superior a 150.000 € y un salario inferior a 27.000 € que actualmente no pueden hacer frente a pagos o están comiendo mal. Se crea así una discriminación hacia ese tipo de personas, muchas de ellas jóvenes, familias monoparentales, personas divorciadas con hijos a cargo, etc. En definitiva, y a falta de un análisis más concreto de las medidas, no afectarán en la solución del deterioro continuado, permanente y cada vez más grave de las condiciones de vida de la clase obrera en el Estado español.

Alexis Dorta

 

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