La complejidad de la situación agro-ganadera requiere de un análisis sereno y de clase, independiente del discurso hegemónico e interesado del sector oligárquico de la agroindustria, que pone a su servicio las leyes de la UE y sus estados miembros. Ante ello, el Comité Ejecutivo del PCPE publicó un comunicado el 11 de febrero, que resumimos aquí con algunas claves para situar el conflicto:
- Hemos llegado hasta aquí de la mano de la UE y todas sus políticas de división internacional del trabajo. Hay que entender la Política Agraria Común (PAC), en el contexto del proceso de desindustrialización y terciarización de la economía española.
Por ello, más allá de las subvenciones que reparte la PAC y que, al menos en España, se concentran en los grandes propietarios (Telefónica, El Pozo,...), su propósito siempre ha sido orientar la producción agrícola y ganadera hacia un proceso de creciente concentración y capitalización, arruinado a un alto porcentaje de campesinos. Hacia un modelo productivo intensivo y de exportación que nada tiene que ver con las necesidades alimentarias reales y las prácticas agrícolas sostenibles propias de la cultura del campesinado.
Exigir la salida de la UE es la única posición coherente con un planeamiento de sostenibilidad social, económica y medioambiental de la agricultura.
- Es preciso denunciar los acuerdos preferentes y los tratados de libre comercio de la UE que se han estado gestando en la FAO y la OMC. Estos priorizan las exportaciones de capital europeo y abren las puertas a las importaciones de productos primarios que, en muchos de los casos, son cultivados por grandes empresas europeas en África o América Latina. El caso de las hortalizas y los cítricos marroquís, producidos en fincas propiedad de empresarios españoles, es paradigmático de lo que situamos y muestra la hipocresía y el cinismo con el que actúan algunos de los actores del sector primario.
- Considerar la agricultura, pesca y ganadería como valores de cambio en manos privadas, es absolutamente indefendible e insostenible. Son recursos limitados que hay que cuidar y que no pueden ponerse al servicio del interés privado. Su desarrollo debería orientarse de forma absolutamente prioritaria a la SOBERANÍA ALIMENTARIA. La producción irracional de mercancías destinadas casi en exclusiva a la exportación, sin más consideración que el beneficio empresarial, y la extensión constante de regadíos que colapsan acuíferos y el agotamiento de tierras fértiles son inaceptables. Los pequeños y medianos agricultores que insisten en estos métodos, cavan su propia tumba.
- Poco se habla de las más de 1.250.000 personas que forman el proletariado agrícola y que nada tienen que ganar con estas movilizaciones. Sobreexplotados por una patronal que, con la excusa de la baja rentabilidad, no respeta ni los mínimos marcados por las ya lesivas leyes laborales, una parte importante padece el racismo y la indefensión que provoca la Ley de Extranjería. Ningún trabajador/a es ilegal. No al prestamismo laboral, no a las ETTs.
- Una Ley de la Cadena Alimentaria que proteja al consumidor y al pequeño productor es inviable en el capitalismo. Denunciamos la hipocresía de las pretendidas medidas medioambientales que se sitúan desde la UE. Cada día es más evidente que la defensa del medio ambiente, no puede desligarse del modelo económico y social que lo destruye. Si no es rojo, no puede ser verde. La única alternativa realmente social en este sentido, es defender un modelo económico fundamentado en el interés general y en la planificación, en definitiva, un modelo social y económico SOCIALISTA.
Comité Ejecutivo del PCPE
