Muy al contrario de lo que algunos quieren hacernos creer, vivimos en la era de la mayor capacidad productiva de la historia. El desarrollo colosal de las fuerzas productivas ha llevado a la humanidad a un nivel técnico-científico sin precedentes. Estas fuerzas productivas poseen hoy un potencial objetivo para liberar a la especie humana del trabajo alienado. Es plenamente posible reducir la jornada laboral, erradicar la escasez material y satisfacer las necesidades de toda la población.

La automatización, la robotización, la inteligencia artificial y las cadenas de suministro globales están lo suficientemente desarrolladas como para liberar a las masas trabajadoras del trabajo más arduo y generar una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, la realidad material de la clase obrera mundial es radicalmente distinta: sufre una explotación intensificada, una precariedad estructural y una alienación cada vez más profunda, bajo un capitalismo que ha mutado para sobrevivir a sus propias crisis.

El alto desarrollo de las fuerzas productivas genera beneficios incalculables, pero no podemos olvidar que la rentabilidad del capital se sustenta siempre en la producción y el intercambio. Sin estos dos elementos centrales de la economía capitalista, el sistema se derrumba. Pretenden hacernos creer que el dinero genera dinero por sí mismo; pero si guardáramos un millón de euros en una caja durante un año, comprobaríamos que habría perdido entre un 6 % y un 10 % de su valor. Otro ejemplo: imaginemos que heredamos todas las tierras productivas de Extremadura, pero permanecen sin cultivar. No producirían nada, no generarían ingresos; como se dice castizamente, lo que tendríamos sería una ruina que nos aplasta. Ni el dinero-mercancía ni la propiedad de los medios de producción son capital sin el trabajo de millones de obreras y obreros.

Miseria, hambre, desolación y muerte: en teoría, estas lacras no deberían existir en un estadio histórico donde las fuerzas productivas han alcanzado un desarrollo tan colosal.

Comentaba un compañero en plena batalla antiimperialista: «el tiempo corre a nuestro favor. Hay que ganar tiempo para organizar la resistencia». La ruina del imperio no es un acontecimiento repentino, sino un proceso prolongado.

En estas páginas hemos caracterizado en numerosas ocasiones la situación actual, afirmando —desde un análisis científico— que el capitalismo se encuentra inmerso en una crisis estructural y general de la que ya no tiene salida pacífica. Esta crisis obliga al capital a aplicar medidas que no solo se expresan en la violencia militar contra países soberanos. El capital necesita hoy la máxima apropiación en todas las esferas económicas, abandonando los modelos con los que antes equilibraba la correlación  en la lucha de clases.

Durante décadas, mediante el expolio y la apropiación de billones de dólares en las cadenas de valor planetarias —principalmente en el Sur Global—, el capital pudo mantener en las metrópolis centrales a millones de trabajadores relativamente conformes con su situación social. A esto lo llamaron “sociedades del bienestar”. Pero las correlaciones de fuerza han cambiado: hoy es oficial que el Norte ha dejado de ser el rector económico del mundo. Ha perdido la capacidad de apropiación que le permitía sostener sus poblaciones en los niveles sociales anteriores.

Esta nueva realidad obliga al capital a modificar su estrategia. Ya no puede —ni quiere— seguir entregando migajas tan grandes a sus masas trabajadoras nacionales. No está dispuesto a renunciar a la apropiación de la práctica totalidad de las rentas del trabajo. Si en el Estado español el capital se apropió del 47 % de las rentas del trabajo en 2024, ahora aspira a un mínimo del 70 %. Según la lógica capitalista, el Estado solo necesita recursos para garantizar su dictadura de clase: a través de policía y ejército, aparato judicial, e instituciones políticas al servicio de sus intereses. Por ello, sanidad, educación, transporte, correos, pensiones y otros derechos —como el subsidio de desempleo— deben ser privatizados o reducidos a la beneficencia.

Con esta frase entrecomillada o similar, basada en el frecuentemente casposo refranero español, el entonces Secretario General de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, “ingenuamente” instaba a Coca-Cola para que negociase con la representación sindical pues, de lo contrario, la imagen de la compañía podría resultar perjudicada. Evidentemente Coca-Cola, salvando algún contratiempo judicial, prosiguió con los cierres de plantas y el despido de cientos de trabajadores/as, con el apoyo incluido de la policía del patrón en Fuenlabrada. La oligarquía, si bien pugna internamente por recursos y mercados, lo tiene claro: se une y utiliza todos los recursos de su Estado cuando se trata de explotar y reprimir a nuestra clase.

Sin embargo, la idea expresada en esa frase ha sido introducida en los cerebros de las y los trabajadores, tras décadas de sindicalismo traidor y claudicante, causando un efecto devastador en la conciencia de clase y en la confianza en nuestra propia capacidad de luchar para vencer. Un ejemplo reciente ha sido el ‘Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía’, que afecta a aproximadamente 3,5 millones de trabajadoras/es de las Administraciones Públicas central, autonómicas y municipales.

El acuerdo fue firmado el pasado 27 de noviembre por UGT y CSIF, mientras que CC. OO. se hizo la remolona y, faltaría más, acabó firmando apenas una semana más tarde. Se rumorea que su Federación de Servicios a la Ciudadanía no lo veía claro, pero vino el Consejo Confederal a poner orden, ¡que para eso está!

Dicho Acuerdo Marco comprende el período cuatrienal 2025-2028 y para su valoración en términos de incrementos retributivos nos basamos en el análisis comparativo realizado por el Consejo Sindical Obrero (CSO) con el anterior acuerdo trienal 2022-2024 (https://www.consejosindical.es/acord-sense-lluita-un-altre-engany-per-als-treballadors-es-publics-es/).

El acuerdo 2022-2024 firmado por CC. OO. y UGT se vendió eufóricamente porque “…devuelve a los empleados públicos los derechos arrebatados en la anterior crisis financiera”. El resultado final, en el contexto de un capitalismo en crisis estructural y su violento correlato imperialista, fue una inflación que literalmente reventó las previsiones del Banco de España y finalmente se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo para las y los trabajadores del sector público de un 2,23 % en tan solo tres años (el equivalente a trabajar aproximadamente 8 días gratis al año).

En los vastos campos agrícolas del Estado, donde se producen los alimentos que garantizan la vida, existe una realidad oculta: la de las/os jornaleros. Estas/os trabajadores desempeñan jornadas de entre 10 y 14 horas diarias, a menudo bajo condiciones climáticas extremas: en verano soportan temperaturas sofocantes y en invierno frío y humedad, con salarios que en la mayoría de los casos no alcanzan ni siquiera el SMI.

Un gran número de ellos malvive hacinado en casas patera; otros sobreviven en guetos y asentamientos chabolistas. Las condiciones de habitabilidad suelen estar muy alejadas de lo que podríamos considerar humanamente aceptable. Este sector de la clase trabajadora habita lugares insalubres, sin agua potable, sin aseos donde higienizarse, sin electricidad para alumbrarse o tener alguna comodidad. Todos sabemos que la falta de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad constituye un riesgo principal para la salud. Debemos tener en cuenta que en estas condiciones viven un gran número de niñas y niños, quienes además sufren una alimentación deficitaria.

Históricamente, los barrios obreros padecieron deficiencias y limitaciones de todo tipo. No está tan lejano en la memoria el recuerdo de las penurias que los trabajadores emigrados de Andalucía, Extremadura y Galicia sufrían en los barrios chabolistas de Madrid y Barcelona, algunos de los cuales formaron parte del paisaje urbano hasta los años 80 y 90 del siglo XX. En la mayoría de los casos dieron paso a barrios denominados marginales u “obreros”. Creíamos que el chabolismo y las condiciones extremas no se repetirían, que el progreso social superaría para siempre unas situaciones reconocidas como infrahumanas.

Sin embargo, lejos de quedar superada, esta lacra sistémica del capitalismo nunca dejó de estar presente y en las últimas décadas se ha agudizado. El capital, en su voracidad extractora de beneficios (plusvalía), necesita disponer de masas trabajadoras lo más vulnerables posible. No es un error ni una cuestión de romanticismo histórico señalar a los jornaleros como primeros sujetos de esta situación: hoy más del 80% de este colectivo sufre las condiciones sociales y laborales más duras e inhumanas. El sector primario de la economía capitalista, gestionado por una patronal violenta y ávida de riquezas que pretende equipararse a la patronal industrial-financiera, pone en práctica todas las formas posibles de sobreexplotación.

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Cuando se habla de sindicatos y por ende, de sindicalismo, damos por comprendido que existen o perviven dos tipos de sindicatos o, más exactamente, dos modelos de sindicalismo:

El sindicalismo de pacto social, que en la actual correlación de fuerzas de la lucha de clases tiene un papel predominante.

Y el sindicalismo de clase o de confrontación, de guerra entre el capital y el trabajo, hoy debilitado por la mencionada correlación de fuerzas, en la que influyen múltiples aspectos.

A todas y todos nos surgen dudas y nos hacemos preguntas: ¿están hoy claramente definidas las posiciones políticas del sindicalismo? ¿Todo sindicalismo de pacto es sindicalismo amarillo? ¿Y cuando hablamos de pacto, a qué nos estamos refiriendo?

Cuando orientamos estas respuestas hacia elementos conceptuales o de principios, podríamos afirmar que este campo no está claramente definido.

Comencemos por situar: ¿qué es el pacto entre capital y trabajo? ¿Se limita al acuerdo al que llegan sindicato, gobierno y patronal? Cuando caracterizamos esta cuestión, siempre olvidamos la parte que habla del elemento central: el trabajo (lo laboral). El sindicalismo de pacto también tiene su expresión en el acuerdo laboral patrón-trabajador, y no por ello es considerado como amarillismo —sutilezas de la lucha de clases—.

La clase trabajadora está mal informada. La información "oficial" del Estado es sospechosa. Los trabajadores son responsables de denunciarla. La "tasa de desempleo" de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) es ampliamente aceptada como la medida estándar de los estadounidenses desempleados en un momento dado, pero no es lo que usted cree. No es el número de personas que solicitan el desempleo, como muchos suponen. En cambio, es una cifra compuesta basada en una encuesta mensual a 60,000 hogares, realizada por la Oficina del Censo.

A los encuestados se les hacen preguntas predefinidas, y sus respuestas se tabulan en categorías que se superponen parcialmente y que la BLS utiliza para su "cálculo". La BLS crea la estadística de esta manera, "porque así siempre se ha hecho", según una fuente de la BLS. La verdad es que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no mide la tasa de desempleo, sino que oculta el racismo sistémico y una economía en pronunciado declive.

En lugar de las cifras falsas de la BLS, los trabajadores deberían consultar una fuente de información válida. Una de esas fuentes es el informe de la Tasa Verdadera de Desempleo (TRU, por sus siglas en inglés) del Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida (LISEP). Mientras la BLS reporta un 4.4% de desempleo, la TRU reporta un 24.9%.

La tasa de desempleo de la BLS ignora a los trabajadores desempleados encarcelados, que superan en número a los trabajadores blancos en una proporción de 5:1. Mientras esta economía continúa devastando a estos trabajadores, predominantemente hombres negros e hispanos, el informe oficial dice que "todo está bien". Al excluir a casi 2 millones de estadounidenses encarcelados del recuento oficial, las condiciones económicas reales de la clase trabajadora nunca salen a la luz. La tasa de desempleo TRU sí tiene en cuenta a las vastas cantidades de trabajadores nominalmente empleados que conforman la clase trabajadora actual. La tasa TRU, al incluir al sector encarcelado de trabajadores desempleados, destaca a estos como el sector más segregado de la clase trabajadora. Las disparidades raciales que dividen a los trabajadores son asombrosas, pero la BLS preferiría que la clase trabajadora permaneciera ignorante.

La destrucción de las fuerzas productivas en el capitalismo, especialmente en relación con las modernas tecnologías, es central en la crítica de pensadores y organizaciones autodenominadas marxistas, para profundizar en el conocimiento de este modo de producción.

Cada vez que se destruye empleo (fuerzas productivas), al buscar el motivo se suele caer en un análisis y síntesis alejados de los fundamentos del socialismo científico, culpando a la tecnología. Este actual ludismo, en algunos casos con la mejor de las intenciones, sigue encontrando complicado hallar la razón y culpable, al verdadero causante.

Esta cuestión, desde una perspectiva marxista, debería integrar conceptos como fuerzas productivas, relaciones de producción, plusvalía, crisis de sobreproducción y destrucción de fuerzas productivas

Fuerzas productivas y relaciones de producción. 

En la teoría científica del socialismo, marxista, las fuerzas productivas incluyen los medios de producción (maquinaria, tecnología, infraestructura) capital constante, la fuerza de trabajo (conocimientos, habilidades) capital variable y los recursos naturales. Las relaciones de producción son las estructuras sociales que organizan quién posee y controla esas fuerzas productivas (por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción bajo el capitalismo).

Marx argumentaba que el capitalismo impulsa un desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo las frena y destruye cuando entran en contradicción con las relaciones de producción capitalistas (especialmente la búsqueda de ganancia privada), extracción de plusvalía.

La destrucción de fuerzas productivas bajo el capitalismo

A diferencia de otros modos de producción anteriores, el capitalismo no destruye fuerzas productivas por escasez o ignorancia, sino por exceso y por lógica del mercado.

Veamos algunas formas en que esto ocurre debido a las crisis de sobreproducción.

 

La reciente huelga indefinida del profesorado experto de Formación Profesional y especialistas de régimen especial en el País Valencià representa un ejemplo de lucha unitaria y resistencia frente a la precarización de la educación pública. Para comprender cómo se llegó a esta movilización histórica, debemos remontarnos a un trabajo de años. Este colectivo ya era el más maltratado de la educación pública valenciana. No cobraban complementos (ni trienios, ni sexenios, ni las jefaturas de departamento…), se les disminuían las horas cuando el alumnado se iba a la empresa, etc. Desde el Consejo Sindical Obrero, (CSO), desde nuestros inicios, comenzamos a reclamar judicialmente todos estos despropósitos. El año pasado se intentó reducir el salario a este colectivo y realizamos movilizaciones para evitarlo, junto con quien se quiso sumar. El culmen, que provoca la huelga indefinida que se convoca el día 3 de noviembre, es la publicación del Decreto 97/2025, que supuso un ataque frontal contra las condiciones laborales.

En junio, la Conselleria d'Educació publicó un decreto que, bajo la apariencia de regularizar la situación, en realidad suponía un 41.34 % de reducción salarial. Se establecían requisitos de acceso casi inalcanzables, limitaba las horas complementarias para preparación de clases al 20 % e ignoraba las funciones reales que estos profesionales venían desarrollando en los centros educativos. Era, en definitiva, una herramienta para abaratar costes a costa de los derechos laborales del profesorado más vulnerable.

Durante semanas, el profesorado experto mantuvo en más del 80 % la huelga, una lucha que ha combinado la movilización en la calle, medios de comunicación, redes sociales y presiones a grupos políticos con la negociación. Las concentraciones ante las direcciones territoriales de educación, asambleas en los centros más implicados y la creación de una caja de resistencia (en solitario desde CSO) le hicieron ver a la Conselleria la determinación de un colectivo que se negaba a aceptar su precarización. La huelga indefinida, convocada para el inicio del curso 2025-2026, demostró que no se trataba de un conflicto pasajero, sino de una batalla por la supervivencia misma de la Formación Profesional pública de calidad.

 

Miles de personas salimos a la calle en Madrid el sábado 25 de octubre convocadas por el movimiento pensionista en una gran manifestación unitaria. Miles de personas venidas de todos los puntos del Estado español. Principalmente organizadas en colectivos de base que durante todo el año luchan en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Acabada la manifestación unitaria debe continuar la lucha en cada territorio. Pero ¿por dónde debería continuar la lucha consecuente y organizada en defensa de este sistema público?

Recuperar la esencia

Uno de los lemas que mejor encaja con la esencia de este movimiento es el de “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. La fuerza del movimiento pensionista se encuentra en que esté quien esté en el gobierno, la lucha se debe centrar contra las políticas que ese gobierno coloca para recortar recursos y derechos a los beneficiarios del Sistema Público de Pensiones.

Debemos analizar la debilidad que se percibe en el liderazgo de plataformas como COESPE, en las que la tendencia de las direcciones ha sido considerar el actual Gobierno de coalición como “amigo”, sin señalar y denunciar suficientemente los ataques que está cometiendo ese Gobierno contra el sistema público. Hay que exigir que la dirección de las plataformas sean consecuentes con las consignas y no se dejen llevar por cantos de sirena.

Radicalizar las reivindicaciones

No podemos ser asimilables por el sistema, por ello nuestras reivindicaciones deben ser exigentes, a la medida de la profunda crisis económica que sufre nuestra clase. Tenemos un Salario Mínimo (SMI) que no resuelve las principales necesidades de las trabajadoras y trabajadores. Igualar las pensiones mínimas al actual SMI no es suficiente. La subida del SMI y la pensión mínima debe ser prioritaria. 1400 € en 14 pagas como SMI y como pensión mínima. Revisable con el IPC real.

Junto a lo que cobramos está la edad de jubilación como el otro gran eje de nuestras reivindicaciones. Recuperemos los 60 años como línea roja de edad para jubilarnos. No entremos en el juego de los 65 años.

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