Si escuchamos el relato del acuerdo sobre las pensiones publicado el 28 de diciembre en el BOE, tanto de los firmantes, CEOE, sindicatos y Gobierno; como de los medios de comunicación, tendremos claro que la pensiones han subido un 2.5 % y se ha recuperado la sostenibilidad del sistema. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno dice: "A partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones, siempre se van a poder revalorizar". Por su parte, CC. OO. muestra su satisfacción por el importante acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social, que corrige la reforma de las pensiones de 2013; garantiza su poder adquisitivo conforme al IPC; deroga el Factor de Sostenibilidad y mejora la financiación del sistema para no deteriorar las pensiones de las futuras generaciones. Eso es el relato, la realidad viene de lejos.

El Pacto de Toledo se firma en 1995 con un PSOE en declive y un Partido Popular a las puertas de entrar en el Gobierno. En estas circunstancias, en lugar de apostar por la clase obrera, se jugó a favor del capital, tratando de dejar el sistema atado por años. Sin embargo, el pacto de Toledo, en lugar de ser perdurable, ha sufrido muchas modificaciones, con la excusa de su viabilidad. En todas ellas las pensiones se han rebajado y endurecido los requisitos.

En noviembre del pasado año las trabajadoras del sector de la limpieza de edificios públicos y locales de Castelló comenzaron a movilizarse ante las precarias condiciones laborales que desde hace años vienen soportando: jornadas extenuantes, reducción de plantillas con la subsiguiente sobrecarga de trabajo para las que se quedan, salarios de miseria por debajo del salario mínimo interprofesional, convenio sin actualizar, etc. Además, se da la circunstancia de que, en este sector, la subcontratación y la subrogación entre empresas contratistas que se van y empresas que entran, propicia aun más si cabe la enorme precariedad del sector. Todo un panorama de sobre-explotación que recae sobre un colectivo, las mujeres, que ya de por sí son estigmatizadas por su mera condición de ser mujeres.

La patronal, cuyo modus operandi no cambia, sea cual sea el lugar donde comete sus fechorías, haciendo gala de esa chulería que la caracteriza, presentó unas propuestas que solo garantizan que las limpiadoras van a permanecer en la miseria más absoluta si el nuevo convenio las recoge. La patronal sigue manteniendo a la fecha, los mismos términos que ya presentó al inicio del conflicto: un convenio a seis años, con el 0 % para el 2020 y 2021,

 

En un brevísimo plazo de tiempo, la actual ministra de trabajo pasó de vociferar en el Congreso de CC.OO. que iba a derogar la reforma laboral del gobierno del PP a declarar que no habría tal derogación, que hablar de derogación había sido un “fetiche político” y que lo máximo que se podía hacer consistía en una mera reforma de “carácter técnico”, en la que se fusionarían las reformas de Zapatero y Rajoy y donde se recogería alguna modificación en la contratación, sobre todo en contratos temporales como los de obra y servicios, forma de contratación que ya había sido modificada por los juzgados de lo social.

Y en estas condiciones, nace el engendro de ley laboral del 2021 de PSOE-UP, que lo único que hace es consolidar las anteriores reformas laborales, ninguna de las cuales supusieron ventajas para la clase obrera, sino todo lo contrario, pues una tras otra, han ido recortando derechos legítimamente adquiridos por la clase trabajadora amoldándose todas estas reformas a las necesidades que, en cada momento, ha ido teniendo la burguesía para tener un mercado laboral acorde con sus intereses.

La nueva reforma laboral, acordada por el Gobierno, la CEOE y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, viene cargada de polémica en el ámbito de la izquierda. El alborozo con que todas las partes (todas) dicen haber recibido el acuerdo resulta sorprendente, dado que si algo es evidente es que estamos ante una reforma laboral de menor calado que las anteriores. La ministra Díaz ha sido especialmente optimista en su valoración, hablando de “día histórico” para los trabajadores y trabajadoras. ¿Está justificado su optimismo? No lo parece.

Al César lo que es del César.

Hay algo claro, y hay que reconocerlo de partida: la reforma incluye varias ventajas y avances, eliminando algunos elementos nocivos para los trabajadores y trabajadoras, incluidos en la Reforma Laboral de 2012: se fomentan modalidades de contrato que aportan algo más de estabilidad al empleo, y se recuperan algunos elementos importantes en la negociación colectiva, especialmente la ultractividad en los convenios, además de apostar por una línea general de alternativas al despido en las situaciones de crisis, de ahí la extensa regulación de la modalidad de ERTE y la incorporación del nuevo sistema RED (que no dejan de ser una regulación especial de los ERTE en circunstancias de crisis general o sectorial, con ventajas importantes respecto a los ERTE “normales” en cuanto a protección de las personas trabajadoras afectadas; es decir, que el Estado amortigüe lo que la clase obrera había tenido que soportar a pulmón en las crisis anteriores).

La clase. Su conciencia y unidad

Que la gran mayoría de las personas que leen este periódico (por no decir todas) pertenecen a la clase obrera es una afirmación tan evidente como que existe la gravedad en el planeta Tierra o como decir que el Sol sale todos los días. Ahora bien, que todas las personas que pertenecen a la clase obrera, como el panadero, la pescadera, el repartidor, la cajera del súper, el camionero o la albañil sean conscientes de cuál es su clase, ya es otra cosa.

Si la pertenencia a una clase y ser consciente de ello fueran de la mano, otro gallo nos cantaría a las y los que todo lo producimos. A los que al final solo nos llevamos las migajas de la riqueza que generamos.

En este sentido el objetivo de trabajar por la unidad de clase es fundamental para las y los comunistas del PCPE. Porque construyendo unidad de clase fortalecemos la conciencia que tanto nos hace falta.

La política de alianzas del PCPE, que se concreta en el Frente Obrero y Popular por el Socialismo (FOPS), tiene como objetivo la creación de una amplia articulación de fuerzas muy diversas, del campo obrero y del campo popular, que cambie la correlación de fuerzas en el actual escenario de la lucha de clases, conquistando nuevas posiciones para la defensa de nuestros intereses y de nuestros objetivos estratégicos. La unidad de la clase es fundamental para consolidar en este Frente las posiciones más consecuentemente revolucionarias, y de avance hacia el socialismo.

Otis lleva de Huelga desde el 22 de Noviembre hasta el 9 de Diciembre, prorrogada hasta el 27 de Diciembre. El convenio está caducado desde 31 de Diciembre de 2019.

Desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras demandan cláusula de revisión con el IPC y la no aplicación de la reforma laboral, aunque muchos puntos del convenio están "blindados".

Por otra parte se demanda la voluntariedad del servicio de guardias y 24 horas como es actualmente (la empresa ha llegado a aceptarlo con la coletilla de que el servicio ha de quedar cubierto, aplicando "sorteo" si es necesario).

Se demanda que no se termine con la sección de montaje, que quieren derivar a una subcontrata formada por familiares de la dirección de la empresa (Integra).

También se demanda la no aplicación de una doble escala salarial sin garantía de mantenimiento neto de empleo. Querían aprovechar el cambio de categorías para adaptarse a Europa para incluir dos por debajo y una por encima. Las dos primeras con disminución sustancial de sueldo y la superior a criterio suyo únicamente (el resto están obligados a subir a un número mínimo de operarios anualmente, tres por categoría, uno de ellos por antigüedad). Al final ceden en no crear las nuevas categorías, aunque las nuevas incorporaciones tendrían durante unos años un sueldo inferior.

El derecho a la huelga estuvo prohibido hasta el final del franquismo, donde gracias a la presión del movimiento obrero en las calles se consiguió la primera regulación en el mes de mayo de 1975, estableciendo un procedimiento riguroso para su uso con la fijación de determinadas limitaciones. Así la huelga ni podía exceder el ámbito de la Empresa, ni podía tener lugar, por razones de solidaridad, ni afectar a Empresas encargadas de la prestación  de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad.

Muerto el dictador, nuevamente la presión social, consigue la  sustitución de las normas vigentes por otras en las que se aligere el procedimiento para su ejercicio y se fijen sus límites para el derecho de huelga.

Se suprime la fase previa de obligatoria y oficial negociación; son los trabajadores quienes podrán decidir, sin necesidad de apurar otras instancias, el cuándo de la cesación concertada de trabajo, permaneciendo la necesidad del preaviso, se resaltan como modificaciones más trascendentes:

             Reconocimiento de la huelga de Empresas encargadas de servicios públicos.

             Reconocimiento del Comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto.

Es decir, el derecho de huelga, tal y como lo conocemos hoy, se reguló en marzo de 1977 y desde entonces ningún gobierno ha sido capaz de regular aspectos tan importantes como los servicios mínimos.

La Ley del 77 establece que serán nulos los pactos que contengan cualquier restricción al derecho de huelga, y regula su convocatoria.

En otro ejercicio de práctica de un modelo de sindicalismo que se aleja de los intereses de la clase obrera, los sindicatos  CC. OO. y UGT   han desconvocado huelgas con las que se pretendía  ejercer presión sobre la patronal  buscando  mejoras en las condiciones laborales de diferentes colectivos obreros.  A consecuencia de esta forma de proceder de los sindicatos, que las obreras y los obreros consideran sus representantes ante la patronal, surgen opiniones que pretenden clarificar el porqué de esta forma de actuar de los que obreras y obreros consideran sus compañeros ¨aliados¨.

Deberíamos comenzar por hacernos alguna pregunta, ¿por qué esta forma de proceder? ¿se hace buscando privilegios personales? ¿hay un objetivo estratégico?

Una cuestión que se deberá comprender es que una o un  sindicalista, que   cuenta con la confianza de sus compañeras/os, no es un árbitro de conciliación entre patronal y obreras y obreros que, buscando resolver el conflicto, firma a la baja. Esa forma de proceder por sí sola demuestra una escasa o nula formación política, su labor y decisiones en un conflicto jamás deben ir más allá de lo encomendado por las asambleas  de obreras y obreros.

Una vez han trascurrido los días necesarios para que todas y todos hayamos podido leer y releer, analizar, lo acordado y posteriormente aprobado, ya podemos dar una opinión mas exacta y real de lo que verdaderamente es la nueva ley laboral.

Esta que se anuncia como la gran trasformadora de las condiciones y relaciones laborales en el estado español, ley que se pretende hacer pasar por la que a través del consenso, pacto social, todas y todos los obreros apoyan, ya que según quien la presenta, esta vez se han tenido en cuenta las opiniones de los y las obreras.

Mentira tras mentira, se ha ido construyendo un andamiaje desde el que hacer pasar una ley, que como objetivo tiene el mantener la opresión y explotación de millones de obreras/os, como la que trasformaría las relaciones laborales en favor de la clase obrera.

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