Aunque "Israel" no ha aceptado oficialmente ser responsable del crimen, nadie duda de su autoría, como tampoco de que el Consejo de Seguridad de la ONU no actuará de forma contundente contra la entidad sionista.

Supongamos por un momento lo siguiente: una organización terrorista intercepta un lote de dispositivos electrónicos destinados a un país rico de Occidente. Puede ser Estados Unidos, puede ser Francia. Estos terroristas inyectan un explosivo líquido en los dispositivos que pueden hacer estallar remotamente en el lugar y la hora que estimen conveniente. Así lo hacen. El estallido simultáneo de estos provoca miles de heridos y muertos en ese país. Explotan cuando las personas están haciendo sus compras en mercados, manejando sus autos, jugando con sus hijos. El saldo preliminar es de miles de heridos, algunos en estado crítico y decenas de muertos, incluyendo niños. Los servicios de salud se colapsan por lo inesperado y brutal de la acción.

Un ataque de esta magnitud en Estados Unidos o Francia hubiera provocado, sin dudas, reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se exigirían, y sin dudas se aprobarían, sanciones, acciones militares o cualquier otro tipo de firme reacción contra esta organización terrorista. Las máximas autoridades de la ONU publicarían enérgicas condenas y los grandes medios cartelizados se llenarían de historias de las víctimas de ese horror colectivo e inesperado.

Ahora pongamos que el autor de esa brutal acción no es una organización, sino un estado criminal y genocida. Que los actores fueron sus servicios de inteligencia y sus fuerzas militares, ambos con un largo historial de crímenes a sus espaldas. ¿No debería este estado ser objeto del más firme repudio internacional? ¿No debería ser denunciado y castigado por actuar indiscriminadamente en contra de población civil indefensa? No, si es “Israel”. 

La fantasía de convertir al Líbano en otra Gaza se volverá en contra del régimen sionista de Israel, dirigido por Benjamín Netanyahu.

En la mayor agresión contra El Líbano en décadas, el régimen israelí respaldado por Occidente está bombardeando y masacrando a la población en el sur y en los suburbios de Beirut, causando la muerte de cientos de personas e hiriendo a miles, al mismo tiempo que inflige una destrucción considerable a la infraestructura civil.

La intensificación de la guerra del régimen contra Líbano se produce tras días de una campaña terrorista israelí incrementada a lo largo del país y la guerra genocida en curso contra los palestinos en Gaza.

Con un estimado de medio millón de civiles libaneses obligados a huir de sus hogares en un éxodo masivo, es evidente que el régimen colonial israelí está utilizando una vez más la limpieza étnica y el desplazamiento forzado como estrategias bélicas.

Tras bombardear de manera indiscriminada áreas civiles en el sur de Líbano durante varios días, el régimen llevó a cabo el viernes una serie de ataques aéreos en el suburbio sur de Beirut, utilizando bombas suministradas por Estados Unidos.

El número exacto de víctimas aún no está claro, ya que muchas personas continúan atrapadas bajo los escombros.

El número exacto de víctimas aún no se ha aclarado, ya que muchas personas continúan atrapadas bajo los escombros.

Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) saludamos la iniciativa de la organización sindical CGT de llamar a una Huelga General el próximo 27 de septiembre en todo el territorio del estado español en apoyo a la lucha del Pueblo Palestino y contra el genocidio y el apartheid del ente sionista de “Israel”.

¿Por qué apoyo y haré huelga?:

Porque el Gobierno del estado español lacayo del imperialismo yanqui-sionista, en una manifiesta posición de arrogancia belicista, mantiene en todas sus expresiones políticas y financieras las relaciones con el criminal ente sionista. El sionismo en Palestina ha asesinado a más de 40 mil personas, en su mayoría niños y niñas, mayores y mujeres, población indefensa.

Porque las partidas presupuestarias destinadas a la guerra son retraídas de los presupuestos sociales, sanidad, educación, pensiones, trasportes, correo postal, etc.

Porque en el estado español, más de 23 millones de seres humanos están en el umbral de la miseria.

En las actuales circunstancias de crueldad extrema, es necesario denunciar que cada día se está llevando a cabo ante nuestros ojos el exterminio de un pueblo mediante todo tipo de crímenes. Que se asesina a personas inocentes de las formas mas atroces. Que se bombardean hospitales, escuelas, lugares señalados como seguros por los atacantes. Que según se ha declarado, “se busca producir el mayor daño posible por cualquier medio”.

Mientras, en la mayor parte del mundo, silencio cómplice. El genocidio de un pueblo no merece más atención que cualquier otra noticia y sus dirigentes continúan hablando incansablemente de derechos humanos, de democracia, de libertades y de cuantas consignas se puedan utilizar como propaganda.

Pero no hay contención sin represión. En nombre de esas libertades, se criminaliza a quienes defiendan a Palestina y condenan al ente sionista, les arrancan las banderas y los pañuelos, les agreden, los expulsan de los centros de estudio y trabajo, llegando incluso a que en algunos lugares se les considere terroristas.

En medio de tanto horror y sufrimiento siempre hay quien se rebela y lucha. Aquí y ahora han sido organizaciones de trabajadores y trabajadoras los que nos convocan a movilizarnos contra este estado de cosas, a proclamar nuestro apoyo a la Causa Palestina, a denunciar al ente sionista, a defender el legitimo derecho a levantarse en armas contra el que somete; a denunciar también a quien defiende y apoya a los opresores, no condenándoles, comerciando con ellos y suministrándoles todo tipo de instrumentos para perpetrar el exterminio.

Esta es una convocatoria internacionalista, en la que un pueblo se moviliza en defensa de otro pueblo por motivos de conciencia, por ética, por ideología, por afinidad política, por rebeldía. En suma por impedir que los cobardes se impongan a los valientes.

Los dos atentados terroristas del 17 y 18 de septiembre perpetrados por los sionistas en el Líbano han dejado más de 4000 personas heridas, medio millar de ellas graves y hasta el momento 32 asesinatos directos. La oleada de explosiones provocadas en dispositivos beepers y walkis talkis, de uso civil y cuyo objetivo ha sido población civil libanesa, constata que el sionismo es el terrorismo. Los terribles asesinatos en masa, premeditados y con desprecio absoluto a cualquier derecho humanitario o convención internacional no dan lugar a medias tintas ni interpretaciones: El ente colonial y criminal de Asia Occidental es terrorista, además de genocida.

La entidad sionista llamada Israel, nació de la mano del terrorismo desde los umbrales del S.XX, Irgun y Hagana son prueba de ello y algunos de sus primeros mandatarios fueron miembros activos de dichas organizaciones. A lo largo de más de 75 años de ocupación lo ha seguido desplegando. Sin tregua, impune y descaradamente, pues no en vano usurpó tierras palestinas con el beneplácito occidental. No es sólo parte de la historia porque en la actualidad bajo la denominación de partidos políticos como el Likud ( por citar uno, aunque ninguno se libra ) siguen desplegando el terror y, no sólo verbal, contra el pueblo palestino. Más de 40.000 asesinatos desde el 7 de octubre, 10.000 desaparecidos bajo los escombros, cerca de 100.000 heridos, dos millones de personas desplazadas, más de 10.000 detenidos arbitrariamente sólo en Cisjordania, torturas a las personas detenidas, infraestructuras arrasadas...la magnitud del horror planificado para exterminar al pueblo palestino sólo tiene una definición y es la de GENOCIDIO.

El Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza esa opresión, amortiguando la lucha de clases”. Karl Marx.

La aprobación en 2015 de la llamada “Ley Mordaza” fue la máxima expresión a nivel legal de las políticas represivas del gobierno de Mariano Rajoy contra el ciclo de luchas iniciadas con la crisis capitalista de 2008-2010. El objetivo era actualizar el marco legal para reprimir huelgas generales, multitud de luchas obreras, el movimiento 15-M, movimiento contra los desahucios y por una vivienda digna, defensa de servicios públicos, movimiento feminista y otras luchas. En aquel momento, toda la llamada “izquierda” se manifestó en contra de dicha ley. En concreto, el PSOE, en diciembre de 2016, defendió la derogación completa, impulsó un recurso ante el Tribunal Constitucional, se comprometió a derogarla llegado al poder.

Llegado Pedro Sánchez al poder se manifestó la tremenda falsedad de todas aquellas proclamas por la libertad. La “Ley Mordaza” sigue en vigor, aunque se anuncien pequeñas modificaciones, y la represión contra los movimientos sociales combativos sigue tan vigente como siempre. Por muy progres que quieran aparentar ser los gobiernos socialdemócratas, siguen siendo los hipócritas lacayos del sistema capitalista.

Ahora el gobierno “progresista” quiere desviar la atención hacia la derecha y extrema derecha judicial, hacia el llamado “lawfare”, con ejemplos como la imputación de la esposa de Pedro Sánchez. Pero contra activistas y luchadores de la clase obrera el gobierno es quien ampara y dirige la represión de forma sistemática. Según la plataforma “Defender a quien defiende” en los años 2022 y 2023 se han contabilizado 1.187 casos de vulneración de derechos en el contexto de protestas políticas, sindicales y sociales. Y ese dato es sólo la punta del iceberg, pues la gran mayoría de vulneraciones no son registradas por ningún organismo.

Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social.

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. C. Marx 1859

Socialismo o desaparición. Sin más, esta es la disyuntiva del momento histórico.

Si en ese momento crítico, en el que se han formado las condiciones para la revolución social, ya se ha formado el sujeto político que tenga la capacidad de entender la coyuntura histórica, y actuar en consecuencia, bien. Si la formación de ese sujeto va rezagada en el tiempo, y nuestras capacidades colectivas no alcanzan a comprender estas coordenadas, mal, muy mal.

Alguien, incluso de buena fe, puede preguntar: ¿Pero de verdad es tan crítico el momento presente? Respuesta: Si.

Se puede afirmar que no hay ningún aspecto de la vida que hoy no se encuentre ante el riesgo de la quiebra de su continuidad existencial.

Sobreexplotación de la clase obrera internacional

Sobreexplotación: Situación en la que la cuantía del salario es inferior a aquella cantidad socialmente necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo.

En esas estamos.

La plusvalía es una sola a nivel mundial (Marx). El capitalismo acumula sujeto a esta lógica. Por ello el capital compra una parte de la fuerza de trabajo disponible por salarios miserables, de incluso un euro al día, que luego, en las cadenas de valor, terminan creando mercancías absolutamente inalcanzables para sus productores. Pero, con esta artimaña, en ese proceso mundializado los dueños de los medios de producción obtienen ingentes ganancias. Se lo apropian todo.

Una de las consecuencias más violentas de esta lógica antisocial es la existencia de numerosas poblaciones humanas, en las que se dan importantes crecimientos vegetativos producto del desarrollo histórico de las fuerzas productivas, pero que, privadas de cualquier posesión, viven en la indigencia y la miseria más absolutas.

 

Este artículo estaba preparado para escribirse bajo el título de “El papel del gobierno en la recomposición del capitalismo español”. Sin embargo, una vez escrito, hemos optado por permutar la posición del gentilicio porque identifica mejor su contenido.

El avance de la economía española, siempre convulsa dentro del contexto europeo, se truncó abruptamente en 2008. Entre ese año y 2013, el PIB real se redujo una media de 1,8 puntos por año. España se vio afecta en mayor medida que otros capitalismos, precisamente por lo que se viene denominando, su “modelo productivo”, principalmente basado en el sector servicios, con una fuerte dependencia del turismo y la industria del ladrillo; así como una amplia composición de pymes y microempresas, estructuras poco competitivas, según la lógica de un sistema tendente a concentrar y centralizar capitales.

Después de este tiempo, todavía bajo los efectos de la Gran Recesión, el mundo intenta sacudirse de sus secuelas, cambiando para ello, de forma acelerada, la economía mundial, la configuración de la lucha de clases internacional y, en consecuencia, la geopolítica.

Desde entonces, ese “modelo productivo” español, algo ha evolucionado. Lógicamente, no en lo sustancial que obedece solo a los dictados de un mercado dominado por nuestra situación geoestratégica y subsidiaria, inclusa en lo que hoy se entiende por facción globalista del imperialismo y que sigue dictando la división internacional del trabajo.

Aprovechando la crisis de 2008 o como consecuencia de ella, el capital extranjero entró de forma masiva en España, filtrándose en sus mayores empresas y absorbiendo muchas con amplias cuotas de mercado, al margen de la bolsa.

En lo referente al Ibex 35, la inversión foránea presente en él, hoy es de récord con el 50,3 % del total del capital. Desde un tiempo a esta parte, se ha disparado la irrupción de grandes fondos de inversión.

Blackrock, con la compra de Global Infraestructure Partners, adquiere el 20 % de Naturgy. De esta forma, los estadounidenses se han convertido en el principal dueño de las energéticas españolas que ya contaban con importantes participaciones de Enagás, Redeia, Iberdrola, Solaria, Repsol... Por otro lado, BlackRock, junto a Vanguard y Norges Bank son los nuevos dueños de la banca española. Y en otros muchos sectores ha sucedido algo similar.

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